La decisión de crear esa comisión la tomó la junta directiva del Congreso que presiden cuatro diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), dos legisladores afines al gobierno y un diputado del Partido Camino Cristiano de Nicaragua (PCN, evangélico).
Fiscales de la Contraloría acusan al presidente Bolaños de no haber revelado la procedencia de fondos utilizados durante su campaña electoral en el 2001. Bajo la ley, eso podría justificar su destitución.
Bolaños dice que ya ha proporcionado esa información y que las acusaciones equivalen a una revuelta del Congreso que la oposición controla en esa nación centroamericana.
La Contraloría y el Congreso están controlados por funcionarios y diputados del PLC y del opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) del ex presidente Daniel Ortega (1979-90).
Ambos partidos mantienen un abierto enfrentamiento con Bolaños, a quien acusan de haberse beneficiado de actos de corrupción durante el gobierno del presidente Arnoldo Alemán.
Bolaños se ha ido aislando crecientemente desde que encabezó una campaña contra la corrupción de su predecesor en la presidencia y antiguo aliado, Alemán, que ahora cumple una sentencia de 20 años de prisión por fraude y lavado de dinero.
La comisión se reunirá la semana que viene, según han informado los diputados, para decidir si la acusación tiene méritos. Si concluye que sí los tiene, el voto de 56 de los 91 legisladores del Congreso unicameral bastaría para deponer a Bolaños.
Estados Unidos reafirmó el jueves su respaldo a Bolaños diciendo que es "un buen amigo de los Estados Unidos, y aplaudimos sus esfuerzos por llevar a los políticos corruptos…"
Una nota del Subsecretario de Estado, Dan Fisk, que divulgó el jueves la Embajada de Estados Unidos decía que Washington seguirá trabajando con Bolaños para terminar con la corrupción y llevar la prosperidad al pueblo de Nicaragua.