Los colombianos comenzaron a votar el domingo en una elección presidencial, que puede acabar el frágil acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC o cambiar el modelo económico del país, con un electorado dividido y temeroso por las propuestas de los dos candidatos favoritos para ganar.
En las primeras elecciones presidenciales desde que se firmó la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a finales de 2016, los votantes elegirán el sucesor de Juan Manuel Santos, quien dejará la presidencia en agosto tras ocho años en el poder.
Lo que se define es si el favorito en las encuestas, el derechista Iván Duque, modificará el acuerdo con los exrebeldes y buscará encarcelarlos por crímenes cometidos durante el conflicto de cinco décadas, o si el izquierdista Gustavo Petro, segundo en los sondeos, cambiará el modelo económico para cumplir su promesa de reducir la pobreza y la desigualdad.
"En estas elecciones está en juego el futuro de Colombia. O se avanza hacia un país sin divisiones en el que quepamos todos, o retrocedemos a un país más dividido que pueda terminar incluso como Venezuela, con una crisis tan profunda que da miedo", dijo Gregorio Sierra, un sicólogo de 52 años.
Detrás de Duque y Petro están, según las encuestas, elmatemático independiente Sergio Fajardo y el exvicepresidente de centroderecha Germán Vargas Lleras, quien cuenta con el apoyo del gobernante partido de Santos.
Si ningún candidato obtiene más del 50 por ciento de los sufragios, se realizará una segunda vuelta el 17 de junio entre los dos más votados.
Ataques mutuos
La campaña electoral transcurrió entre acusaciones de que las políticas socialistas de Petro provocarán un colapso de la cuarta economía de América Latina acompañada por una crisis social, mientras las propuestas de Duque empujarán de nuevo al país al conflicto armado.
Duque, del partido Centro Democrático, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe y preferido de los inversionistas, promete recortar los impuestos corporativos, apoyar los proyectos petroleros y mineros, además de evitar que los desmovilizados comandantes de las FARC ocupen cargos políticos y exigir que respondan por sus crímenes ante la justicia.
El acuerdo de paz del 2016 puso fin a cinco décadas de enfrentamientos entre el gobierno y la exguerrilla.
Miles de rebeldes entregaron las armas y el grupo ahora es un partido político, pero el acuerdo provocó una profunda división en la sociedad colombiana en la que miles consideran que los excomandantes deben ir a la cárcel y no al Congreso.
Algunas zonas abandonadas por las FARC son escenarios de combates entre disidencias de ese grupo, bandas criminales y la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en busca de territorios estratégicos para la minería ilegal y el narcotráfico.
Petro, que en su juventud perteneció a la desmovilizada guerrilla del M-19, apoya el acuerdo de paz pero algunas de sus propuestas económicas asustan a los inversores, como la de subir los impuestos a los terratenientes para forzarlos a vender al Estado sus propiedades improductivas y entregarlas a los más pobres.
El exalcalde de Bogotá planteó en la campaña quitarle el poder a las élites políticas a las que acusa de obstaculizar el progreso, además de generar un cambio del modelo económico dejando la dependencia de la explotación del petróleo y el carbón, los dos principales generadores de recursos por exportaciones.
En medio de batallas en las redes sociales entre los simpatizantes de uno y otro candidato, Petro denunció que el software que cuenta los votos fue manipulado en un intento por ayudar a Vargas Lleras a llegar a la segunda vuelta, lo que fue negado por el gobierno y las autoridades electorales.
Petro instó a sus seguidores a observar el recuento de votos y amenazó con protestas de sus electores si no llega a la segunda vuelta.
(Reuters)