Dayris Fuentes fue asesinada por su expareja en la noche del 13 de junio en la localidad de Zulueta, perteneciente al municipio Remedios, en Villa Clara. Su cadáver fue hallado en la mañana del miércoles, cerca de su vivienda.
Personas cercanas a la víctima confirmaron lo sucedido en redes sociales. Yadiraydi Duquesne, amiga de Fuentes, dijo al medio independiente CubaNet que la pareja estaba separada desde hacía varias semanas pero que “él no la dejaba en paz y la perseguía… Anoche no había electricidad y aprovechó para matarla y dejar su cuerpo tirado. Esta mañana se entregó a la Policía”.
Según explicó, el hombre tenía antecedentes de violencia doméstica y había estado recluido en prisión por robo con fuerza.
El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de YoSíTeCreo en Cuba verificaron el asesinato de la mujer, a quien le sobrevive una hija pequeña. Esta semana también confirmaron el crimen cometido contra otra cubana en un poblado perteneciente al municipio Corralillo, Villa Clara.
Con estas dos muertes ya suman 40 los feminicidios reportados en Cuba en el primer semestre de 2023, cuatro más que los registrados en todo el año 2022 (36). Las organizaciones independientes informaron que actualmente están investigando otras cuatro alertas en Melena del Sur, Trinidad y Santiago de Cuba.
La ola de feminicidios registrados en el país ha vuelto a levantar las alarmas entre la sociedad civil, que por tercer año consecutivo han hecho un llamado a las autoridades para que declaren el estado de emergencia por violencia de género. Las feministas también exigen al régimen cubano la aprobación de una Ley Integral Contra La Violencia de Género.
Ante los múltiples reclamos, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en conjunto con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) presentaron el pasado jueves 8 de junio un Observatorio de Igualdad de Género (OCIG), una promesa que hicieran hace más de un año la viceprimera ministra Inés María Chapman y la secretaria general de la organización Teresa Amarelle, como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM).
“Si bien parece un primer paso en el reconocimiento y la lucha contra la violencia machista en la Isla, aún cuenta con numerosos fallos. Uno de los más cuestionados es la metodología que usa para contabilizar los feminicidios, palabra que sigue sin aparecer en boca de las instituciones estatales cubanas, pues el Observatorio solo contabiliza los casos en que el agresor tiene una sentencia firme”, cuestionó el OGAT.
Para la académica y feminista cubana Ailyn Torres Santana el hecho de que el OCIG solo considere en sus estadísticas los casos que tienen sentencias firmes “implica que habrían otros, aún sin proceso judicial terminado, que no se incluyen en la cifra; sin embargo, existen y cuentan”.
“Hay una diferencia de dieciocho mujeres que fueron asesinadas por razones de género que no están contabilizadas de modo oficial. Suponiendo que ellas no se incluyen porque aún no hay sentencia firme, estaríamos asumiendo que la mitad de los casos reportados en 2022 aún no han sido resueltos. ¿Cómo es eso posible? Pero aún hay más: si se sabe que tantos casos no han sido resueltos pero que existieron, no es posible dar una tasa. ¿Para qué calculan una tasa que es absolutamente provisional? ¿Para exhibir su diferencia con el dato precario anterior de 2016? La comparación no vale: es metodológicamente arbitraria y políticamente deshonesta”, criticó.
Tras el lanzamiento del OCIG, la Red Femenina de Cuba y otras cuatro organizaciones firmaron una declaración en la que exigen, entre otras cuestiones, el cese de la criminalización del activismo feminista.
“La paridad de género en un régimen totalitario es un dato vacío. Las mujeres en el parlamento, no representan a las mujeres cubanas: responden el Partido Comunista. Si la intención real es avanzar en materia de derechos humanos, todo esto debe de cambiar. Negar el reconocimiento y la personalidad jurídica a las organizaciones femeninas de la sociedad civil independiente, demuestran falta de libertad política, y supone, además, una violación de los derechos de expresión, reunión y asociación”, precisan.
Desde 2013 Cuba no rendía cuentas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) de Naciones Unidas. En el más reciente informe, analizado a finales de mayo, no se mencionó una sola vez la palabra feminicidio, pese a los registros de las organizaciones independientes.
Junto con el documento oficial del Estado cubano, el CEDAW analizó otros seis informes de la sociedad civil. La curadora y activista cubana Yanelys Núñez, coordinadora general de Alas Tensas, explicó recientemente a Martí Noticias que una de las razones por las cuales se sumaron “fue el interés de visibilizar problemáticas sociales que suelen omitirse en este tipo de espacios internacionales en los que el régimen cubano participa”.