"¡Le dimos, cojo..., le dimos!" gritaron eufóricos, como victoriosos de un combate de guerra, los coroneles de la Fuerza Aérea de Cuba que derribaron el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales dos endebles avionetas de Hermanos al Rescate, el grupo de pilotos civiles que sobrevolaba el Estrecho de la Florida en labores de salvamento de balseros cubanos.
Fue un operativo fulminante. En cuestión de minutos los misiles aire-aire de los MIG-29 cubanos pulverizaron las avionetas desarmadas que habían salido desde Miami a rescatar inmigrantes. Así perdieron la vida tres pilotos estadounidenses de origen cubano, Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., y el residente cubano, Pablo Morales.
A bordo de otra avioneta, cuatro personas lograron sobrevivir tras escapar de una persecución aérea de más de una hora: José Basulto, el fundador de Hermanos al Rescate, el copiloto Arnaldo Iglesias y el matrimonio de Andrés y Silvia Iriondo.
Desde entonces los familiares de las víctimas y la comunidad cubana en el exilio han pedido incesantemente que los responsables de este crimen sean llevados ante la justicia.
Hermanos al Rescate ofreció una conferencia de prensa un día después del derribo. En la foto muestran en un mapa el lugar donde fueron pulverizadas las avionetas por cazas cubanos.
A pesar de los múltiples intentos del régimen de La Habana por justificar la acción bajo el pretexto de que habían sobrevolado el espacio aéreo cubano, el derribo de las avionetas fue condenado por la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras organizaciones internacionales.
Ricardo Alarcón, entonces Presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que las avionetas violaron el espacio aéreo cubano.
Una exhaustiva investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAIC) determinó que las naves N2456S y N5485S fueron derribadas en aguas internacionales, que las autoridades de Cuba no cumplieron los protocolos de aviso establecidos, tampoco intentaron desviar las naves fuera de las zonas de peligro, ni ordenaron a los pilotos que aterrizaran en un aeródromo designado.
Tras conocerse el informe, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1067 (1996) (13 votos a favor, ninguno en contra y la abstención de Rusia y China) que condenó el uso de armas contra aviones civiles y llamó al régimen de La Habana a cumplir con las leyes internacionales.
Miles de exiliados cubanos recordaron a las víctimas del Derribo de las Avionetas en el estadio Orange Bowl en Miami el 2 de marzo de 1996.
La responsabilidad del hecho recae sobre el general de Ejército Raúl Castro Ruz, quien confesó que se trató de una operación premeditada y que había dado instrucciones precisas para que las avionetas fueran abatidas: "Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan".
En la grabación que lo inculpa, publicada por el Nuevo Herald en 2006, se le escucha anticipar el resultado de la acción: "Con un cohetazo de esos, avión-avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego".
El 28 de febrero de 1996 el espía Roque apareció en la televisión cubana acusando a Hermanos al Rescate de ser un grupo terrorista.
Otros militares implicados en el ataque son el general de División Rubén Martínez Puente, entonces Jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR) y los coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez-Pérez, los hermanos que pilotearon los MIGs.
También los espías Gerardo Hernández, cabecilla de la Red Avispa, acusado de proveer la información que permitió el derribo de las avionetas y el ex mayor Juan Pablo Roque, quien se infiltró en Hermanos al Rescate y se fugó a Cuba un día antes de la operación.
De los implicados, sólo el espía Gerardo Hernández fue llevado ante los tribunales. Fue condenado el 14 de diciembre de 2001 a dos cadenas perpetuas por 13 delitos, entre ellos “conspiración para cometer asesinato” y otros cargos de espionaje y fraude. Fue liberado por el Gobierno de Obama en diciembre de 2014 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para restablecer relaciones diplomáticas.
El 21 de agosto de 2003 el Gran Jurado Federal de los Estados Unidos en Miami abrió una causa contra los hermanos Pérez-Pérez y el general Martínez Puente por el asesinato de los pilotos.
Raúl Castro al banquillo de los acusados
En la actualidad la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo Justicia Cuba, lleva el derribo de las avionetas entre sus principales casos y tiene a Raúl Castro como el mayor responsable de esta tragedia.
JusticiaCuba presenta lista de 44 funcionarios del régimen violadores de los DDHH
El general encabeza la lista negra de individuos a encausar por crímenes de lesa humanidad, donde también figuran los hermanos Pérez-Pérez.
Mientras tanto la Asamblea de la Resistencia Cubana que agrupa a numerosos grupos pro democracia de Cuba y el exilio, impulsa desde hace un año la recogida de firmas para pedir al Presidente Trump que inicie acciones para que Castro sea juzgado en una corte internacional.
Lee también Más de 4 mil personas firman petición para que Raúl Castro sea procesadoTambién los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Diaz-Balart enviaron una carta al presidente Trump pidiéndole que instruya al Departamento de Justicia una revisión de la implicación de Raúl Castro en la operación del 24 de febrero de 1996 y tome las acciones necesarias para iniciar el arresto y encausamiento en EEUU de los funcionarios cubanos responsables de estos asesinatos.
Lee también Legisladores piden a Trump que considere proceso contra Raúl CastroDurante una visita a Miami en noviembre de 2018, el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, mencionó el pedido de los legisladores y la carta al presidente Trump y dijo que estos documentos serían remitidos al Departamento de Justicia.
Lee también Más sanciones para la "troika de la tiranía": Cuba, Venezuela y NicaraguaComo otra iniciativa, en el proyecto de ley Cuban Military Transparency Act, el senador cubanoamericano Marco Rubio incluye a los autores del derribo de las avionetas entre una lista de militares y empresas cubanas que no deberían comerciar con EEUU.
José Basulto, de Hermanos al Rescate, camina hacia una de las avionetas.
Los sucesos del 24 de febrero de 1996 impulsaron la aprobación de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, conocida como Ley Helms-Burton, que entre otras disposiciones contempla en el Título III reclamaciones legales contra empresas o individuos extranjeros que hayan traficado con sus propiedades confiscadas por el gobierno cubano y en el Título IV, que se niegue la entrada a EEUU a directivos y principales accionistas, así como sus familiares directos, de las empresas que se considere trafican con dichas propiedades.
Una serie de procesos judiciales han ordenado compensaciones millonarias para los familiares de las víctimas, utilizando fondos del Estado cubano que estaban congelados en Estados Unidos, pero ellos y la inmensa comunidad de cubanos que los respalda aguardan la justicia plena, esa que logre condenar definitivamente a los autores de este crimen.