Amnistía Internacional: Venezuela podría caer en espiral de violencia

Un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la actual crisis en Venezuela , documenta denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas protestas que han tenido lugar en ese país desde comienzos de febrero.

El informe Venezuela: Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, publicado este martes, Incluye información recibida por la entidad según la cual las fuerzas de seguridad del país han recurrido al uso de fuerza excesiva, incluyendo armas de fuego, y hasta han torturado a manifestantes.

El reporte presenta casos ilustrativos de estos abusos, entre ellos:

El 19 de Febrero, Geraldine Moreno, una estudiante de 23 años, participó en una manifestación en la ciudad de Valencia. Un oficial de la Guardia Nacional presuntamente disparó una escopeta de balas de caucho en su cara desde una distancia de apenas 30 centímetros. Geraldine murió en el hospital tres días después.

Daniel Quintero, un estudiante de 21 años, fue detenido por oficiales de la Guardia Nacional después de haber participado en manifestaciones en contra del gobierno en la ciudad de Maracaibo el 21 de Febrero. Fue golpeado repetidamente y dice que un comandante de la Guardia Nacional amenazó con quemarlo vivo.

También incluye reseñas de las circunstancias en que murieron por disparos de armas de fuego Bassil Dacosta Frías, estudiante de 23 años, y Juan Montoya, dirigente de uno de los colectivos progobiernistas, presuntamente ultimado por oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El documento cita datos publicados por la Fiscalía General de Venezuela el 27 de marzo, según los cuales hasta el momento, 37 personas han perdido la vida y más de 550 han resultado heridas, al menos 120 tras el uso de armas de fuego. Durante las protestas 2,157 personas fueron detenidas . La gran mayoría --señala-- han sido liberadas, pero continúan enfrentando cargos.

Más violencia en las calles de Venezuela

El informe de la Organización No Gubernamental documenta abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos progubernamentales, manifestantes e individuos no identificados.

Amnistía también refleja en su compilación los ataques contra periodistas y medios de comunicación involucrados en la cobertura de los sucesos, y la detención de líderes de la oposición, subítulo que se centra en los casos de Leopoldo López y otros líderes del partido Voluntad Popular.

“Todas las acusaciones de violaciones y abusos a los derechos humanos tienen que ser investigadas de manera inmediata y exhaustiva, y los responsables deben comparecer ante los tribunales,” ha asegurado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La crisis política amenaza con socavar cualquier progreso hecho en los años recientes en lo que respecta a los derechos de las personas más marginadas del país”, agregó.

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno venezolano para que se comprometa a desarrollar un Plan Nacional de Derechos Humanos. El plan debería ser el resultado de un diálogo nacional e incluir a todos los partidos y a la sociedad civil.

“El país corre el riesgo de caer en una espiral de violencia si no se dan los pasos adecuados para que las partes en conflicto establezcan un diálogo. Esto sólo puede ocurrir si ambas respetan los derechos humanos y el estado de derecho. Si esto no sucede, el número de víctimas va a continuar creciendo, y los ciudadanos comunes llevarán la peor parte,” señaló Guevara Rosas.

Otras recomendaciones de Amnistía Internacional son:

♦ Investigar de forma exhaustiva, independiente e imparcial todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos recibidas en el contexto de las protestas. Se deben esclarecer todas las responsabilidades y los responsables deben ser llevados ante la justicia.

♦ Garantizar el acceso de todas las personas detenidas a sus abogados, a sus familias, y a los servicios médicos independientes e imparciales que puedan necesitar.

♦ Garantizar que todas las personas detenidas sean juzgadas en procedimientos que reúnan todas las garantías internacionales relativas a la celebración de juicios justos, como por ejemplo el derecho a impugnar la legalidad de la detención y el derecho a una defensa adecuada, que a su vez incluye el derecho a tener acceso a un abogado en todas las etapas de los procedimientos judiciales, el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, y el derecho a someter a los testigos a contrainterrogatorio.

♦ Garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión, sin temor a ser víctimas de homicidios, ataques y malos tratos y detenciones arbitrarias.

♦ Garantizar la protección y el pleno ejercicio del trabajo de los defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.