Una nueva resolución del Gobierno cubano sobre la agricultura frenaría aún más la producción de los campesinos y podría ser uno de los peores errores en la política económica del país, señalan expertos.
El Ministerio de Agricultura de Cuba emitió la resolución 275/2024, publicada en la Gaceta Oficial esta semana, para regular la comercialización agropecuaria, forestal y tabacalera en la isla.
“Pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde" la Tarea ordenamiento, dijo el doctor en Economía Pedro Monreal, en alusión a la estrategia gubernamental impuesta en 2021, en plena pandemia del coronavirus, que ha acentuado la espiral de inflación y escasez en Cuba.
La norma parece ser un intento de las autoridades de seguir rigiendo las producciones del campo cubano desde su acopio hasta el destino final, señalan economistas.
La nueva resolución dice que busca respaldar el plan económico del Gobierno cubano a través de "un proceso de contratación que tenga como punto de partida las potencialidades de los productores y permita incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal”.
El destino de los productos agropecuarios será en primer lugar el sector del Turismo, seguido del "consumo social, el balance alimentario municipal, los mercados y puntos de ventas agropecuarios" así como las exportaciones y la sustitución de importaciones, entre otros, señala la Gaceta.
El economista Miguel Alejandro Hayes dijo que se trata de “un esquema que establece altísimas restricciones a la producción agropecuaria, que no deja ningún tipo de espacio a la flexibilidad y autogestión en la búsqueda de la eficiencia".
La normativa "establece plazos específicos para la contratación, la época del año en la que debe hacerse, que el gobierno local debe aprobar el plan. Las prioridades de entrega son el Estado”, agregó.
El campesino José Antonio Casimiro, de La Finca del Medio en Siguaney, Sancti Spíritus, dijo a Martí Noticias que se trata de "un contrato donde todo el esfuerzo, riesgo y calamidades las pone el agricultor", mientras "la otra parte [el Estado] quiere poner el precio que crea, y lo paga cuando le parezca, sin compromisos de entrega de ningún insumo".
"Y además [con] precios 'de gallina con moquillo'. Eso no es posible", recalcó.
“¿Pueden significar para el agricultor algo esos contratos?", cuestionó Casimiro.
"No es posible, ni para el mago Mandrake, aumentar la producción, pero sí ahuyentar más a los jóvenes del campo”, sentenció el agricultor.
Según Hayes, con la normativa se prioriza “la entrega de productos, desde el punto de vista territorial, a La Habana y Santiago", lo cual podría "acentuar aún más la desigualdad de la pobreza existente en Cuba".
"Establece además la arbitrariedad de que no todos los poseedores legales de tierra y bienes agropecuarios pueden ser sujetos de contratos y establece precios fijos en algunos productos, como es el caso de la leche”, continuó.
La resolución 275/2024 dice que "el pago de la leche será por calidad con un máximo de 38 pesos".
“Esto convierte al sector agropecuario cubano en una especie de franquiciados del Estado. Todo se reduce a la producción agrícola agropecuaria como en un encargo estatal", apuntó Hayes.
El Ministerio de la Agricultura sostiene que con la implementación de la nueva normativa “se pretende un impacto positivo en lo que respecta a la disponibilidad y acceso de productos agropecuarios, forestales y tabacaleros, dada la mejora del procedimiento de contratación, su dirección y control, teniendo en cuenta las experiencias adquiridas en los procesos de años anteriores”, según el medio oficial Opciones.
Según el Gobierno, la normativa busca “respaldar con la contratación las cifras del plan de la economía previstas para el año 2025" y "fortalecer el funcionamiento de la empresa estatal socialista y de las cooperativas agropecuarias en la realización del proceso de contratación”.
Sin embargo, el economista Pedro Monreal advierte que las nuevas medidas lo que hacen es invertir “la dinámica de la conexión entre producción y distribución”.
De acuerdo con el experto, “en realidad, es el fallo de oferta derivado de la carencia de insumos e infraestructura, la baja inversión y mercados disfuncionales lo que origina problemas de contratación”.
En su opinión, la nueva norma “expresa la arrogante noción de que la planificación centralizada es más efectiva que el mercado para asegurar el 'cálculo económico' (distribución racional de recursos)”.
El doctor en Economía define la norma como una “variante de contratación 'forzada'”.