En 2012 el gobierno de Raúl Castro continuó imponiendo por la fuerza la conformidad política, denuncia el último informe de Human Rights Watch.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) subraya en su informe mundial 2013 --sobre la situación de esos derechos en el planeta el año pasado-- que Cuba sigue siendo el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disensión política.
El reporte publicado este jueves señala que en 2012 el gobierno de Raúl Castro "continuó imponiendo el consenso político a través de medidas como detenciones arbitrarias por períodos breves, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado", destacó la organización de derechos humanos.
HRW reconoce que entre 2010 y 2011 La Habana liberó a decenas de presos políticos enviándolos al exilio, pero apunta que eso no acabó con los juicios a puerta cerrada ni las detenciones de disidentes sin cargos, mientras que --según grupos de derechos humanos en la isla-- decenas de presos políticos siguen en las cárceles.
El gobierno cubano –continúa diciendo-- ha recurrido cada vez más a las detenciones arbitrarias breves para hostigar e intimidar a personas que ejercen derechos fundamentales como participar en marchas pacíficas o reunirse para realizar debates políticos. Citando datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el informe de HRW consigna el aumento de estas detenciones de 2.074 en 2010 a 5.105 entre enero y septiembre de 2012.
Otros cubanos que se atreven a criticar al gobierno son objeto de acciones penales sin que se les ofrezcan garantías procesales, ya que en la práctica, los tribunales están subordinados a los poderes ejecutivo y legislativo, lamenta el informe.
En cuanto a la libertad de expresión el documento resalta que el gobierno controla los medios de comunicación y restringe severamente el acceso a la información exterior, mientras que los contados periodistas independientes y blogueros que logran escribir artículos para páginas Web extranjeras o blogs independientes, son objeto de campañas de difamación pública, detenciones arbitrarias y abusos por parte de agentes de seguridad. El informe menciona al reportero de la agencia Hablemos Press Calixto Martínez Arias, quien permanece en prisión sin cargos desde septiembre pasado.
Acerca de la situación de los defensores de derechos humanos en Cuba la organización reitera que el gobierno se niega a reconocer la vigilancia de estos derechos como una actividad legítima y niega estatus legal a los grupos locales, mientras que acosa, asalta y encarcela a los activistas que intentan documentar los abusos.
Human Rights Watch toma nota de la nueva ley migratoria que entró en vigencia este mes, y que establece que los cubanos pueden viajar al exterior sin un permiso del gobierno, pero estima que contiene "disposiciones vagas" que podrían utilizarse "para continuar denegando el derecho a viajar a personas críticas".
En el ámbito interno, el gobierno restringe la circulación de los ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación del Decreto 217 que exige a los cubanos obtener autorización para mudarse a la capital. Dicha legislación –observa HRW en su informe 2013-- se utiliza a menudo para impedir que los disidentes asistan a reuniones en La Habana y para acosar a los naturales de otras partes de Cuba que viven en la capital.
El reporte publicado este jueves señala que en 2012 el gobierno de Raúl Castro "continuó imponiendo el consenso político a través de medidas como detenciones arbitrarias por períodos breves, golpizas, actos de repudio, restricciones de viaje y exilio forzado", destacó la organización de derechos humanos.
HRW reconoce que entre 2010 y 2011 La Habana liberó a decenas de presos políticos enviándolos al exilio, pero apunta que eso no acabó con los juicios a puerta cerrada ni las detenciones de disidentes sin cargos, mientras que --según grupos de derechos humanos en la isla-- decenas de presos políticos siguen en las cárceles.
El gobierno cubano –continúa diciendo-- ha recurrido cada vez más a las detenciones arbitrarias breves para hostigar e intimidar a personas que ejercen derechos fundamentales como participar en marchas pacíficas o reunirse para realizar debates políticos. Citando datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el informe de HRW consigna el aumento de estas detenciones de 2.074 en 2010 a 5.105 entre enero y septiembre de 2012.
Otros cubanos que se atreven a criticar al gobierno son objeto de acciones penales sin que se les ofrezcan garantías procesales, ya que en la práctica, los tribunales están subordinados a los poderes ejecutivo y legislativo, lamenta el informe.
En cuanto a la libertad de expresión el documento resalta que el gobierno controla los medios de comunicación y restringe severamente el acceso a la información exterior, mientras que los contados periodistas independientes y blogueros que logran escribir artículos para páginas Web extranjeras o blogs independientes, son objeto de campañas de difamación pública, detenciones arbitrarias y abusos por parte de agentes de seguridad. El informe menciona al reportero de la agencia Hablemos Press Calixto Martínez Arias, quien permanece en prisión sin cargos desde septiembre pasado.
Acerca de la situación de los defensores de derechos humanos en Cuba la organización reitera que el gobierno se niega a reconocer la vigilancia de estos derechos como una actividad legítima y niega estatus legal a los grupos locales, mientras que acosa, asalta y encarcela a los activistas que intentan documentar los abusos.
Human Rights Watch toma nota de la nueva ley migratoria que entró en vigencia este mes, y que establece que los cubanos pueden viajar al exterior sin un permiso del gobierno, pero estima que contiene "disposiciones vagas" que podrían utilizarse "para continuar denegando el derecho a viajar a personas críticas".
En el ámbito interno, el gobierno restringe la circulación de los ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación del Decreto 217 que exige a los cubanos obtener autorización para mudarse a la capital. Dicha legislación –observa HRW en su informe 2013-- se utiliza a menudo para impedir que los disidentes asistan a reuniones en La Habana y para acosar a los naturales de otras partes de Cuba que viven en la capital.