La policía del régimen cubano trasladó el jueves a la prisión de Valle Grande, en el municipio capitalino de La Lisa, al opositor pacífico Adrián Curuneaux Stevens, acusado de “atentado” después de haberle exigido el viernes 22 de mayo a un oficial que respetara sus derechos, y fuera encarcelado desde el día siguiente.
“El 23 de mayo lo citaron para la Sexta Unidad [de la policía], que está aquí en Mariano; cuando llegó allí a las 10 de la mañana lo pasaron para la Quinta Unidad, que está en Playa y es [donde la Seguridad del Estado tiene un departamento] técnico de investigaciones, y cuando llegó allí lo estaban acusando de un supuesto atentado; atentado que nadie sabe”, declaró a Radio Televisión Martí José Díaz Silva, quien encabeza el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).
El traslado ocurrió sin previo aviso a sus familiares, pese a que la Seguridad del Estado les dijo que los mantendrían al tanto de la situación del detenido tras prohibirles que fueran a visitarlo en la Quinta Unidad, explica Díaz Silva.
Curuneaux Stevens, padre de tres hijos de dos, 13 y 16 años, es el delegado del MONR en Marianao. Antes del arresto y la acusación de atentado, la policía lo citó varias veces y lo obligó a entregar su licencia de cuentapropista, con la cual operaba una carpintería que le daba sustento a su familia, denuncia el líder opositor.
“Con esto la Seguridad del Estado y la policía saben que no solamente le hacen daño a él, sino que les hacen daño a los hijos, le hacen daño a la familia y les hacen daño a los amigos; no tenían por qué mandarlo a prisión ninguna porque él no ha cometido delito ninguno: el único delito que el comete y cometemos todos nosotros y cometen miles de cubanos y cubanas es defender los derechos del pueblo de Cuba”, dijo Díaz Silva.
De acuerdo con el líder de MONR, lo que hizo la policía política con Curuneaux Stevens es lo que suele hacer con activistas que se destacan en la oposición pacífica para privarlos de su principal fuente de ingresos.
“Le mandaban inspectores, y todo lo que veían [en la carpintería] estaba mal; se vio en la obligación de quitar todos los equipos que tenía allí, porque él hacía artículos religiosos, la carpintería de él era de artículos religiosos de madera, y con eso vivía y mantenía a su familia”, relata Díaz Silva. “Se apoyaron en eso de que él era activista de derechos humanos, y si quería seguir con la carpintería tenía que abandonar la lucha”.
Asegura que era ese el único motivo del hostigamiento, porque Curuneaux Stevens pagaba su licencia, pagaba los impuestos correspondientes y no tenía problemas con la ley. Díaz Silva pone como ejemplo del acoso lo que le ocurrió a él mismo el 11 de junio en la Avenida Boyeros, en la capital, cuando varios agentes lo interceptaron y le sacaron y ocuparon todo lo que llevaba en los bolsillos.
“La ley no les da derecho a hacer eso, y con Adrián Curuneaux tampoco, porque no hay una base, no hay un delito, y no hay un acusador que tenga una prueba y le diga: usted atentó contra mi persona”, indica el líder del MONR, que junto con otros activistas participó el sábado en un “tuitazo” –una campaña en la red social Twitter—para exigir la libertad de Curuneaux Stevens y todos los presos políticos en Cuba.
A fines de marzo, el gobierno cubano habilitó una sección de la cárcel de Valle Grande para albergar a reclusos enfermos de coronavirus. El centro penitenciario está localizado cerca del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), y tiene 18 pabellones con capacidad para 1.500 presos.
