El gobierno cubano se ha involucrado con impunidad en la trata de personas patrocinada por el Estado, violatoria de las obligaciones del derecho internacional de Cuba, concluye el informe dado a conocer este martes por la Fundación de Derechos Humanos (HRF por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York.
“El régimen totalitario ha utilizado su poder desproporcionado sobre los profesionales médicos y sus condiciones de empleo para explotar y abusar de los trabajadores de la salud mediante innumerables mecanismos coercitivos, que van desde desde amenazas de separación familiar y exilio forzoso hasta restricciones de movimiento y robo de salarios”, resume el extenso texto analítico publicado por el ente no gubernamental creado en 2005.
El informe denuncia que los médicos cubanos temen que su negativa a participar en las misiones oficiales genere represalias del gobierno. Asimismo, indica que Cuba ha utilizado la baja remuneración de sus médicos para coaccionarlos aún más en el programa de misiones médicas.
“Una vez en el programa, el personal de salud cubano enfrenta violaciones a sus derechos a la libertad de asociación, la libertad de circulación, y la libertad de expresión”, asegura la investigación.
En otra parte de sus conclusiones, la Fundación de Derechos Humanos indica que las misiones médicas de Cuba también han servido para exportar la engañosa marca de la diplomacia médica y fomentar el mito de que Cuba es “potencia médica mundial”.
HRF señala que lo que considera esquema de tráfico explotador del gobierno ha financiado al régimen autoritario de La Habana, proporcionando miles de millones de dólares en ingresos por concepto de la venta de servicios médicos.
La entidad responsable del estudio considera que esta combinación de apoyo internacional y explotación financiera ha impedido que el gobierno cubano enfrente la condena generalizada de la comunidad internacional y adopte medidas estructurales.
El análisis sugiere que la comunidad internacional, incluidos los gobiernos democráticos y las organizaciones internacionales, a fin de cumplir con sus propias obligaciones de prerrogativas fundamentales que prohíben involucrarse en ayudar e incitar a las prácticas de tráfico, deben adoptar las siguientes recomendaciones:
(1) los países anfitriones deben dejar de usar misiones médicas de Cuba a menos que el gobierno cubano elimine la Resolución Ministerial 168, ponga fin a la Prohibición de 8 años (de regresar a Cuba ), pague en su totalidad a los médicos cubanos y permita que los trabajadores de la salud firmen contratos laborales con el país anfitrión sin intermediarios;
(2) la comunidad internacional debe sacar a Cuba de la Organización Panamericana de la Salud e iniciar una investigación transparente e independiente sobre la responsabilidad de esa entidad en el tráfico de médicos cubanos en Brasil;
(3) las democracias globales deberían implementar sanciones contra el régimen comunista por tráfico de médicos cubanos; específicamente, Estados Unidos debería aplicar las sanciones previstas en la ley Global Magnitsky a todos los actores que ayudan al esquema de trata de personas de Cuba y aumentar la conciencia internacional sobre el papel de Cuba como perpetrador de la trata de personas;
y (4) el sistema de derechos humanos de la ONU, a través de sus agencias de derechos humanos, organizaciones y programas—deberían prohibir la financiación de las misiones médicas de Cuba y aplicar sanciones al régimen de Cuba por violar tratados vinculantes sobre trata de personas.
En junio 2021, los senadores Bob Menéndez (D-N.J.), y Marco Rubio (R-Fla.), presentaron el Proyecto de Ley para Combatir la Trata de Médicos Cubanos del 2021, la cual fortalecería las medidas para que el régimen cubano rindiera cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros, y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas ‘misiones medicas’ al extranjero.
El proyecto de ley restablecería el programa de visas especiales para los profesionales cubanos de la salud.
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders ha llevado el caso penal “Profesionales cubanos contra el gobierno de Cuba” a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y a la Corte Penal Internacional, basado en 1,111 testimonios de víctimas, que acusan al régimen cubano por esclavitud y trabajo forzado.
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