Investigar e informar no le acarrea problemas a un periodista en una sociedad democrática, pero cuando sus actividades las tiene que realizar bajo un régimen de fuerzas o en medio de grupos irregulares que dirimen sus diferencias por medio de la violencia extrema, el periodismo se vuelve un oficio particularmente peligroso.
Bajo esas circunstancias el ejercicio de informar está sujeto a las limitaciones que imponen las diferentes fuentes de poder que en esa sociedad concurren, por eso cuando los periodistas transgreden los límites que imponen los poderosos, se convierten en el objetivo a destruir para los depredadores, sean estos gobiernos o sicariatos.
Esto lo ejemplifican las declaraciones en Honduras del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Jaime Mantilla, que manifestó que las acciones del crimen organizado, el narcotráfico, los gobiernos autoritarios y la impunidad, son las mayores amenazas a la libertad de expresión en Latinoamérica.
Agregó, Mantilla, "ahora más que nunca el narcotráfico y el crimen organizado atentan contra la libertad de expresión, asesinando y amenazando periodistas".
Recientemente el director para las Américas de Reporteros sin Fronteras, Benoit Hervieu, dijo en Chile que la violencia física contra los periodistas y la elevada polarización política, son las principales amenazas para la libertad de información en el hemisferio.
Según informes de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe, más de 74 periodistas han sido asesinados en el hemisferio entre 2010 y 2012, en ese periodo solo en Honduras fueron muertos 21 periodistas, aunque otras entidades afirman que han sido 35 las víctimas.
Reporteros sin Fronteras destaca en un documento que en Brasil han sido asesinados tres periodistas, en Guatemala, otros dos y en Haití, México, Paraguay, Perú y Ecuador, ha sido registrado un asesinato por país en lo que va de año.
Situaciones extremas se han presentado en México. Desde el año 2000 al presente han sido asesinados 103 periodistas. En Brasil desde 1992 a la actualidad, han matado, según el Comité de Protección a los Periodistas, 27 comunicadores, once de los cuales fueron muertos en los últimos tres años.
En Colombia, una de las democracias más sólidas del continente pero agitada por la narco guerrillas y otros grupos irregulares como los paramilitares, los periodistas han pagado una alta cuota de sangre por defender su derecho a informar.
Una periodista investigativa, Diana Calderón, reportó que entre 1993 al 2008, fueron asesinados 127 periodistas, 57 de los cuales estaban vinculados a la práctica profesional.
Otro informe del CPJ denunció el asesinato de un voceador de un diario colombiano y el crimen de Edison Alberto Molina, un abogado y político que conducía un programa en el que denunciaba actos de corrupción gubernamental. Por su parte Reporteros sin Fronteras solicitó al gobierno colombiano protección para Gonzalo Guillén, León Valencia y Ariel Ávila por planes de asesinatos en su contra, a la vez que demandaba que se investigara judicialmente la conspiración criminal de la que son víctimas los comunicadores.
Más recientemente el Centro de Pensamiento Primero Colombia, avisó sobre el riesgo en que podría quedar el director del portal Periodismo Sin Fronteras, Ricardo Puentes Melo, tras la decisión oficial de retirarle el esquema de protección asignado por el gobierno, ya que Colombia desde el año 2000 cuenta con un Programa de Protección a los Periodistas y Comunicadores Sociales.
Según Primero Colombia, la organización que dirige Puentes Melo ha hecho graves revelaciones de la conducción política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que por ello le retiró la protección, situación que niega el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, quien declaró que las medidas se retiran cuando los estudios de un Comité especializado señalan que el riesgo ha desaparecido.
Sin embargo Puentes afirma que su posición ideológica, las críticas al presidente Santos y en particular la advertencia de que las FARC atentarían contra el ex presidente Álvaro Uribe, determinaron el retiro de su protección.
Afirma Jaime Mantilla en su condición de presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa que los Estados son los responsables de garantizar la seguridad y la libertad de expresión, pero que muchos gobiernos no cumplen con sus atribuciones constitucionales, mientras Reporteros sin Fronteras afirma que "Los esfuerzos de protección no servirán de nada si no existe un dispositivo de lucha contra la impunidad a la altura de la situación actual", y recuerda que en los últimos tiempos se han multiplicado las amenazas, los ataques y los atentados contra periodistas, y también contra defensores de los derechos humanos, representantes sindicales y activistas de las comunidades".
Lo anterior lleva a una conclusión. Nuestras libertades y derechos están en peligro hasta en las democracias, ¿Qué vamos a hacer?
Bajo esas circunstancias el ejercicio de informar está sujeto a las limitaciones que imponen las diferentes fuentes de poder que en esa sociedad concurren, por eso cuando los periodistas transgreden los límites que imponen los poderosos, se convierten en el objetivo a destruir para los depredadores, sean estos gobiernos o sicariatos.
Esto lo ejemplifican las declaraciones en Honduras del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Jaime Mantilla, que manifestó que las acciones del crimen organizado, el narcotráfico, los gobiernos autoritarios y la impunidad, son las mayores amenazas a la libertad de expresión en Latinoamérica.
Agregó, Mantilla, "ahora más que nunca el narcotráfico y el crimen organizado atentan contra la libertad de expresión, asesinando y amenazando periodistas".
Recientemente el director para las Américas de Reporteros sin Fronteras, Benoit Hervieu, dijo en Chile que la violencia física contra los periodistas y la elevada polarización política, son las principales amenazas para la libertad de información en el hemisferio.
Según informes de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe, más de 74 periodistas han sido asesinados en el hemisferio entre 2010 y 2012, en ese periodo solo en Honduras fueron muertos 21 periodistas, aunque otras entidades afirman que han sido 35 las víctimas.
Reporteros sin Fronteras destaca en un documento que en Brasil han sido asesinados tres periodistas, en Guatemala, otros dos y en Haití, México, Paraguay, Perú y Ecuador, ha sido registrado un asesinato por país en lo que va de año.
Situaciones extremas se han presentado en México. Desde el año 2000 al presente han sido asesinados 103 periodistas. En Brasil desde 1992 a la actualidad, han matado, según el Comité de Protección a los Periodistas, 27 comunicadores, once de los cuales fueron muertos en los últimos tres años.
En Colombia, una de las democracias más sólidas del continente pero agitada por la narco guerrillas y otros grupos irregulares como los paramilitares, los periodistas han pagado una alta cuota de sangre por defender su derecho a informar.
Una periodista investigativa, Diana Calderón, reportó que entre 1993 al 2008, fueron asesinados 127 periodistas, 57 de los cuales estaban vinculados a la práctica profesional.
Otro informe del CPJ denunció el asesinato de un voceador de un diario colombiano y el crimen de Edison Alberto Molina, un abogado y político que conducía un programa en el que denunciaba actos de corrupción gubernamental. Por su parte Reporteros sin Fronteras solicitó al gobierno colombiano protección para Gonzalo Guillén, León Valencia y Ariel Ávila por planes de asesinatos en su contra, a la vez que demandaba que se investigara judicialmente la conspiración criminal de la que son víctimas los comunicadores.
Más recientemente el Centro de Pensamiento Primero Colombia, avisó sobre el riesgo en que podría quedar el director del portal Periodismo Sin Fronteras, Ricardo Puentes Melo, tras la decisión oficial de retirarle el esquema de protección asignado por el gobierno, ya que Colombia desde el año 2000 cuenta con un Programa de Protección a los Periodistas y Comunicadores Sociales.
Según Primero Colombia, la organización que dirige Puentes Melo ha hecho graves revelaciones de la conducción política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que por ello le retiró la protección, situación que niega el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, quien declaró que las medidas se retiran cuando los estudios de un Comité especializado señalan que el riesgo ha desaparecido.
Sin embargo Puentes afirma que su posición ideológica, las críticas al presidente Santos y en particular la advertencia de que las FARC atentarían contra el ex presidente Álvaro Uribe, determinaron el retiro de su protección.
Afirma Jaime Mantilla en su condición de presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa que los Estados son los responsables de garantizar la seguridad y la libertad de expresión, pero que muchos gobiernos no cumplen con sus atribuciones constitucionales, mientras Reporteros sin Fronteras afirma que "Los esfuerzos de protección no servirán de nada si no existe un dispositivo de lucha contra la impunidad a la altura de la situación actual", y recuerda que en los últimos tiempos se han multiplicado las amenazas, los ataques y los atentados contra periodistas, y también contra defensores de los derechos humanos, representantes sindicales y activistas de las comunidades".
Lo anterior lleva a una conclusión. Nuestras libertades y derechos están en peligro hasta en las democracias, ¿Qué vamos a hacer?
