Los ataques contra las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela aumentaron el año pasado en un 157%, con una notoria participación del Estado en ellos, informó la Voz de América, VOA.
La Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Vicaría para los derechos humanos de Caracas y la ONG Cofavic han presentado su investigación conjunta, titulada: 'Enemigos internos, defender derechos humanos en el contexto de la pandemia por COVID-19'.
De acuerdo con sus hallazgos, hubo 338 casos de ataque contra personas u organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela desde octubre de 2018 al mismo mes de 2020.
La mayoría de las denuncias, 216 en total, se registró el año pasado durante la pandemia. La cifra representa el incremento de 157% en comparación con los 84 ataques registrados en 2019, precisó Liliana Ortega, abogada y cofundadora de Cofavic, una de las ONG de mayor trayectoria en el país.
“Es real lo que viene ocurriendo a través de una política de Estado que está dirigida a cerrar aún más el espacio cívico democrático, apuntalando a las ONG y las personas defensoras de derechos humanos como enemigos”, expresó la jurista durante una conferencia virtual de prensa.
Resaltó que, en Venezuela, el decreto de estado de excepción por la pandemia se erigió como un “contexto propicio” para mayores restricciones, persecución, hostigamiento y, finalmente, la erosión de las capacidades operacionales e institucionales de las organizaciones e individuos que defienden derechos.
Entre las violaciones reportadas por 100 representantes de oenegés encuestados, destacan el impedimento del derecho a la tutela, las detenciones arbitrarias y la incautación ilegal de equipos y materiales, muchos de ellos donados por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.
"Mal endémico"
Miguel Martín, jefe de la oficina de Bruselas de la Organización Mundial Contra la Tortura, consideró que la situación de los derechos humanos “es un mal endémico en Venezuela” y pidió al gobierno nacional reservar los tapabocas para combatir el COVID-19, no para silenciar a los activistas independientes.
Denunció que las autoridades venezolanas han continuado con sus esfuerzos de “intentar frenar las voces independientes” y recriminó que exista lo que calificó como “un patrón de persecución” contra los defensores de derechos humanos.
Mencionó la detención de cinco integrantes de la ONG Azul Positivo, en Maracaibo, hace dos semanas, como un “ejemplo emblemático” de las políticas del Estado venezolano. Para ellos, exigió “libertad inmediata”.
Acusó a las autoridades, asimismo, de querer convertir a las voces independientes en “una amenaza y un enemigo interno que hay que neutralizar” mediante la aplicación de leyes antiterroristas y de seguridad.
Ortega, por su parte, enfatizó en que los fondos internacionales que reciben las ONG defensoras de derechos humanos en Venezuela se han convertido “en la punta del iceberg” de los ataques de las autoridades nacionales.
"La comunidad internacional tiene que sentirse doliente y actuar sin dilaciones"
(Liliana Ortega, cofundadora de COFAVIC)
“Es un tema para tratar de criminalizar. La comunidad internacional tiene que sentirse doliente y actuar sin dilaciones, porque estos ataques van dirigidos en primera persona a los donantes”, aseveró, exhortando a los organismos foráneos a “tomarse muy en serio” casos como el de Azul Positivo.
Detenciones arbitrarias como esas, advirtió, constituyen un “ataque” a los organismos internacionales que financian esas ONG y, a la vez, perjudican a centenares de beneficiarios de los programas que promueven.
El informe también reveló que un 52,5% de las ONG venezolanas se cohibieron de publicar alguna denuncia en sus redes sociales por temor a represalias. Además, el 87,5% de ellas admitió que la escasez de combustible había limitado sus operaciones.
El 96% de esas organizaciones expresó que no recibieron salvoconductos para poderse movilizar y realizar sus labores durante el confinamiento por la pandemia.
Ocho de cada 10 defensores de derechos humanos entrevistados manifestaron “que no han podido presentar denuncias o realizar el seguimiento de casos ante instancias como el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra un impedimento al acceso a la justicia”, reza el informe.
La publicación del estudio coincide con la llegada al país, durante 12 días, de la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU, Alena Douhan.
La directora de Cofavic señaló que todos los allanamientos realizados a sedes de ONG defensoras de derechos humanos fueron “ilegales”. Acotó que los ataques de los Estados son “un error” visible que siempre puede empeorar.
“Nadie puede estar blindado contra ellos. A veces pensamos que no hay líneas rojas que cruzar. Siempre hay líneas rojas que cruzar”, apuntó.
