El Congreso aprobó este miércoles la extensión por tres años más de las sanciones impuestas en 2014 contra algunos funcionarios del Gobierno de Venezuela vinculados con violaciones a los derechos humanos o corrupción que, de lo contrario, hubieran expirado a finales de este año.
La Cámara de Representantes sometió este miércoles a votación el proyecto legislativo, que a su vez ya había sido aprobado por el Senado el pasado abril, por lo que ahora solo resta que el presidente Barack Obama lo rubrique para que entre en vigor.
La ley, impulsada originalmente en 2014 por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez, congela activos en territorio estadounidense y sus visados a algunos de los miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, así como a otros que lo fueron pero ya no ocupan cargo.
"Estoy orgulloso de que el Congreso haya estado una vez más con
el pueblo venezolano, que haya extendido las sanciones, y ahora que
el Gobierno de Obama haga su parte con la plena aplicación de esta
ley contra los muchos violadores de los derechos humanos en el
régimen de Maduro", dijo Rubio tras la votación.
"A medida que el despreciable régimen de Maduro continúa violando los derechos de su propio pueblo, es nuestro deber como país continuar haciendo todo lo posible para hacer frente a la catástrofe que se ha convertido Venezuela", agregó el senador.
Rubio, quien negoció con la Casa Blanca la extensión de estas sanciones hace unos meses a cambio de desbloquear el nombramiento de Roberta Jacobson como embajadora estadounidense en México, consideró que con el voto de hoy EEUU refuerza su "compromiso" con "las personas inocentes del hemisferio", sujetas a "los abusos del régimen" venezolano.
Por su parte, el senador Menéndez advirtió que "durante mucho tiempo, la comunidad internacional ha desatendido las crecientes condiciones que podrían llevar a Venezuela -un Estado fallido latente- de nuevo al borde de una agitación civil". "Creo que sólo el liderazgo estadounidense provocará la reacción internacional significativa que podría revertir las profundas
violaciones de los derechos humanos y los abusos sistemáticos de la
autoridad que caracterizan la manera de Maduro de agarrarse al poder", afirmó el legislador de origen cubano.
"Con la Ley de Extensión de la Defensa de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Venezuela hemos dado un pequeño paso. Insto a nuestros socios y aliados en el hemisferio y en todo el mundo a adoptar medidas similares", subrayó Menéndez.
La ley original nació en respuesta a la represión emprendida ese año por el Gobierno venezolano contra estudiantes y miembros de la sociedad civil que se manifestaron en su contra, provocando numerosos enfrentamientos y arrestos que dejaron al menos 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2.500 detenidos.
Las relaciones entre EEUU y Venezuela han sido conflictivas desde la llegada al poder en 1999 del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro, y desde 2010 las delegaciones de EEUU en Caracas y de Venezuela en Washington no cuentan con embajadores.
En marzo pasado, Obama prolongó por un año más el decreto que describe a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la "seguridad nacional" de EEUU, levantando ampollas de nuevo en Caracas, sin embargo, en el último mes ha habido acercamientos positivos.
Maduro accedió a reunirse el mes pasado con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien acudió a la capital venezolana para intentar abrir un diálogo entre los dos países tras más de seis años de relaciones diplomáticas bajo mínimos. Shannon también se reunión con opositores integrantes de la Asamblea Nacional, quienes actualmente defienden la celebración de un referéndum revocatorio para sacar a Maduro de la presidencia del país.
