El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en un comunicado que sancionó a 16 funcionarios alineados con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, por considerar que “obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”.

Las personas sancionadas incluyen a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a los funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura”.

“Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia, lo que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España”, señaló el Departamento del Tesoro.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa a los funcionarios de Maduro "que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de actos de represión”.

“En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia de EEUU manifestó que con las medidas adoptadas hoy, el Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos por "contribuir a la situación en el país".

“Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha identificado a casi 2.000 personas como potencialmente sujetas a restricciones de visado en virtud de diversas autoridades por su papel en socavar la democracia, participar en actos de corrupción significativos o violar los derechos humanos del pueblo venezolano”, agregó Blinken.

FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DESIGNADOS

1. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta es un juez que se desempeña en el TSJ alineado con Maduro desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional del TSJ. Según la cobertura de los medios, en su calidad de magistrado del Supremo, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones.
2. Malaquias Gil Rodríguez es un magistrado que se desempeña como presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Según fuentes de medios creíbles, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
3. Juan Carlos Hidalgo Pandares es un juez que se desempeña como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Según fuentes de los medios, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
4. Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez encabeza el TSJ alineado con Maduro. Rodríguez ha sido la presidenta del TSJ desde enero de 2024 y encabeza la Sala Electoral del TSJ. Rodríguez y la Sala Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
5. Fanny Beatriz Márquez Cordero es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral. Según varios medios de comunicación, Márquez estaba entre los funcionarios de la Cámara Electoral que certificaron la infundada afirmación de la victoria de Maduro.
6. Edward Miguel Briceño Cisneros es el juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo, afín a Maduro. Según fuentes de los medios, Briceño emitió una orden de captura contra González, menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, asociación para delinquir, sabotaje para dañar sistemas y asociación con miembros de la oposición a quienes Maduro considera criminales.
7. Luis Ernesto Duenez Reyes es fiscal del Ministerio Público, afín a Maduro. En su cargo, Duénez emitió la solicitud oficial de la orden de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño.
8. Rosalba Gil Pacheco es rectora del CNE y se desempeña desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, alineada con Maduro. Según el Departamento del Tesoro, Gil Pacheco ha obstruido la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituir irregularidades en el registro electoral y retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación.
9. Antonio José Meneses Rodríguez es el Secretario General del CNE desde agosto de 2023. Según informes de prensa, Meneses instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos en los centros de votación.
10. Dinorah Yoselin Bustamante Puerta es una fiscal que se desempeña en el Juzgado Primero Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro.
11. Pedro José Infante Aparicio se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, alineada con Maduro.
12. Domingo Antonio Hernández Larez es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alineada con Maduro.
13. Elio Ramon Estrada Paredes es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), alineada con Maduro. Según el Departamento del Tesoro, Estrada lideró a la GNB en la detención de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
14. Johan Alexander Hernández Larez es el comandante de REDI Capital de la GNB.
15. Asdrúbal José Brito Hernández es el Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Según el Departamento del Tesoro, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
16. Miguel Antonio Muñoz Palacios es el subdirector del servicio de inteligencia alineado con Maduro, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), desde 2021. El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de Maduro de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales.

El Congreso de los Diputados de España respaldó el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y una iniciativa bipartidista en Estados Unidos exige que Nicolás Maduro y su círculo de poder rindan cuentas por la represión desatada tras los comicios presidenciales del 28 de julio.

Los legisladores españoles del Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria (CC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) lograron que se aprobara, con 177 votos a favor, el texto que exige el reconocimiento de Edmundo González como presidente "legítimo".

Además, pide al ejecutivo que demande ante la Unión Europea el reconocimiento de González Urrutia y la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro y que sean ampliadas hacia los intereses económicos de los "colaboradores de la dictadura".

El documento aborda también la necesidad de reforzar las medidas de seguridad personal para María Corina Machado y González Urrutia y que sean considerados como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática.

Según plantea la resolución, el reconocimiento de la victoria se basa en "la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83,5% de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, el español Josep Borrell".

Propuesta bipartidista en EEUU

Un grupo de senadores estadounidenses republicanos y demócratas están exigiendo en un comunicado que los responsables "rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad que tanto Maduro como su círculo cercano han cometido".

Los republicanos Marco Rubio, de la Florida, y Bill Cassidy, de Louisiana; y los demócratas Ben Cardin, de Maryland, y Tim Kaine, de Virginia, demandaron la libertad inmediata de todos los presos políticos y el fin de los ataques por parte de Maduro al pueblo venezolano, incluyendo a la líder opositora María Corina Machado y a su equipo que sigue siendo objetivo de persecución.

“Más de un mes tras haberse enfrentado a una derrota en las urnas, la represión autoritaria por parte del dictador Nicolás Maduro persiste. En vez de proporcionar evidencia para respaldar sus afirmaciones fraudulentas de una victoria electoral, Maduro ha recurrido a su habitual manual de represión violenta y al uso de sus servicios de seguridad para censurar y reprimir a los manifestantes pacíficos que exigen que se respete su voto. La brutal represión ha sido categorizada como 'Terrorismo de Estado' por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", indica el texto.

Machado afirmó el lunes que no dejará Venezuela: "Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé; pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí mientras que él lo hace desde afuera".

El Senado de México aprobó el miércoles de madrugada una propuesta de reforma al poder judicial, el trámite más importante para una controversial enmienda constitucional que hará que todos los jueces se elijan en elecciones, un cambio que los críticos temen politice la rama judicial y ponga en peligro la democracia mexicana.

La votación se celebró unas horas después de una irrupción de manifestantes que obligó a la cámara a interrumpir la sesión cuando el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consiguiera los votos necesarios para aprobar la medida.

La iniciativa se aprobó la semana pasada con facilidad en la cámara baja, donde Morena y sus aliados tienen una amplia mayoría. El Senado era el mayor obstáculo para la propuesta, que requería deserciones de legisladores opositores para salir adelante.

Uno de esos cambios de posición llegó el martes del opositor Partido Acción Nacional (PAN), cuando un legislador que antes se había posicionado en contra de la reforma pidió una baja médica y su padre, un exgobernador, sugirió que votaría a favor.

El Senado votó la iniciativa dos veces con idéntico resultado de 86-41, la segunda votación en torno a las 4 de la madrugada.

La propuesta necesita ahora la ratificación de las legislaturas de 17 de los 32 estados de México. Se cree que el partido en el gobierno tiene el apoyo necesario tras sus buenos resultados en elecciones recientes.

El excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, ratificó este martes el compromiso “inquebrantable” que asumió en las elecciones presidenciales del 28 de julio, y aseguró que junto a la líder María Corina Machado continuará la lucha por el objetivo que se propusieron.

González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España el domingo tras solicitar asilo político, pidió a la comunidad internacional “redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela”, a través de un mensaje leído por su hija, Carolina González, en una concentración en Madrid que fue convocada por Machado.

“La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y la haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final”, manifestó González.

“Compatriotas, no desmayen que no los defraudaré”, continuó.

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El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las actas divulgadas por la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, también agradeció a los venezolanos que le dieron su voto y a quienes no pudieron hacerlo ante las “artimañas” del Consejo Nacional Electoral (CNE).

González Urrutia, no podrá declarar a la prensa o participar en manifestaciones públicas hasta tanto se regularice su situación en España, dijo este martes su abogado.

El mensaje leído por su hija es la tercera declaración de González tras su llegada a España

La primera fue un audio en el que afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas” y, el segundo, un escueto comunicado en el que aseguró que la libertad de las personas privadas de libertad que lo han apoyado es para él una “gran prioridad” y “una exigencia irrenunciable”, sin aclarar si hubo una negociación para lograr la liberación de presos políticos.

El mensaje surge el mismo día en el que el Congreso de los Diputados de España debatió una iniciativa que busca reconocer a González Urrutia como presidente electo y que será votada el miércoles. En la sesión estuvo presente su hija y los dirigentes opositores en el exilio Antonio Ledezma y Leopoldo López.

El excandidato presidencial salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación en una página web de las actas que conservaron sus testigos de mesa y que lo darían como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Nicolás Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, señalada por sus críticos de estar controlada por el presidente Daniel Ortega, emitió el martes una resolución en la que ordenó el despojo de la nacionalidad a 135 opositores excarcelados recientemente y enviados a Guatemala por gestiones del gobierno estadounidense.

Según la máxima autoridad judicial en Nicaragua, los excarcelados "atentaron contra la soberanía, independencia" del país y promovieron "la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica", todo ello penalizado en la Ley 1.055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y 1.145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense).

El gobierno sandinista también ordenó el decomiso de todos los bienes de los opositores excarcelados "a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país".

El gobierno nicaragüense no dio a conocer los nombres de los opositores excarcelados y la lista de estos se mantiene bajo sigilo.

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Despojo de nacionalidad se ha vuelto una constante

La administración de Ortega ha venido despojando de la nacionalidad a sus críticos y a los excarcelados por razones políticas.

En febrero de 2023, el gobierno despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 opositores que fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos luego de un acuerdo entre Washington y Managua.

Estados Unidos rechazó el despojo de la nacionalidad y mencionó que nunca se acordó esa medida posterior a la excarcelación.

A la condena por el despojo de nacionalidad de opositores se sumó Chile, Colombia y España, quienes ofrecieron su apoyo a los nicaragüenses ante esta medida.

Nicaragua vive una grave crisis social y política desde el año 2018 que surgieron protestas contra el mandatario sandinista las cuales catalogó como un "fallido golpe de Estado".

Las protestas dejaron más de 300 muertos, así como miles de heridos y exiliados.