La población de Cuba cayó drásticamente y continúa la tendencia al decrecimiento, según un reciente informe publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), una situación que, señalan expertos, constituye una "catástrofe demográfica".

En la publicación “Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios 2023”, del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), adscrito a la ONEI, una entidad estatal subordinada al Consejo de Ministros, se muestra en el resumen del balance demográfico que el país tenía una población calculada al cierre de 2020 de 11 millones 181 mil 595 habitantes, que fueron disminuyendo a 10 millones 885 mil 341 (2021); 10 millones 428 mil 733 (2022) y 10 millones 55 mil 968 (2023), esta última, una cifra similar a la de 1985.

Se trata de una reducción de al menos el 10% de la población en solo cuatro años, según las estimaciones oficiales que no pueden ser verificadas por organismos independientes.

La Habana, con el mayor número de habitantes, disminuyó su población de un total de 2 millones 41 mil 505 personas (2021) a 1 millón 814 mil 207 el pasado año.

El saldo migratorio se estimó en 2021 de (-227,675), 2022 (-431,913) y en 2023 (-345,418), lo que suma un total de (-694,137).

Gran parte de este éxodo, el más grande de la historia de Cuba, tiene como destino Estados Unidos, donde han llegado más de medio millón de migrantes cubanos desde diciembre de 2021, según cifras oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.

Las cifras sin precedentes han abierto una brecha en el silencio informativo que, tradicionalmente, ha mantenido el régimen al respecto. Elaine Acosta, socióloga y profesora de la Florida International University (FIU), dijo a Martí Noticias que “el problema está en que el gobierno no había reconocido, hasta ahora, el impacto de la estampida migratoria en ese decrecimiento de la población; ahora sí lo reconoce, aunque hay que decir que con un subregistro importante y de manera bastante tardía”.

Por otro lado, aunque según los datos oficiales, la tasa de mortalidad infantil habría descendido de 7,6 en 2021, a 7,5 en 2022 y 7,1 en 2023, en algunos territorios se registra muy por encima: Camagüey (10,8), Isla de la Juventud (9,3), Mayabeque (9,1) y Guantánamo (9,0), las más altas del país el pasado año.

En tanto, las defunciones superan a los nacimientos en los últimos tres años.

Cuestionamiento de los datos oficiales

“Hay una situación de emergencia que está más allá de una emergencia sanitaria, es una crisis humanitaria”, declaró en una reciente entrevista con la agencia de noticias EFE, el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos.

El experto considera que la situación “es grave y está cada vez más cerca del punto de implosión”.

Si las cifras oficiales preocupan, más alarmantes son las estimaciones realizadas por Albizu-Campos, quien calculó para un reciente estudio independiente que la población de Cuba habría caído en un 18% entre 2022 y 2023, principalmente, por la migración, hasta situarse en los 8,62 millones de personas, informó EFE.

Para el cálculo, el experto se basó en las cifras de cubanos que habían llegado a EEUU entre octubre de 2021 y abril de 2024, que ascienden a 738,680 personas, según información oficial de las autoridades estadounidenses citadas por EFE.

La investigadora cubana Hilda Landrove, doctora en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que “si consideramos factores como que la estimación [oficial] no se ha hecho por censo físico, que las cifras de la ONEI pueden considerarse un subregistro, y también que las estimaciones de Albizu-Campos pueden tener margen de error debido al uso de proyecciones, entre otros, estamos hablando de un decrecimiento, en tres años, de entre el 10 y el 18% de población”.

De acuerdo con la opinión de Landrove, publicada en sus redes sociales, es “una catástrofe demográfica por dondequiera que se mire, con proyecciones que indican el mantenimiento de un ritmo similar o su intensificación en los próximos años, y que es completamente coherente con todas las otras catástrofes [del país]”.

La Aduana de Cuba dijo este lunes que estaba intensificando la vigilancia tras un incremento del tráfico ilegal de divisas en los aeropuertos del país.

Según el vicejefe de la Aduana, cada vez son más los pasajeros que intentan extraer el dinero "de forma oculta y usando diferentes modos de operar".

Cuba permite entrar y sacar hasta 5,000 dólares o su equivalente en otras monedas libremente convertibles (MLC) sin necesidad de que estas sean declaradas. Para cantidades mayores, es obligatorio solicitar una autorización del Banco Central.

En los últimos meses, el Gobierno ha desplegado una serie de medidas para frenar la venta de divisas extranjeras en el mercado informal, pese a que en las casas de cambio oficiales no tienen efectivo suficiente para suplir la demanda.

A finales del año pasado, el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que el Gobierno tomaría "el control” sobre el mercado cambiario a partir de enero de 2024, aunque hasta el momento no han anunciado medidas concretas al respecto.

"La tasa de cambio en Cuba ha sido fija con controles, y solo en el mercado informal se asemeja a un esquema flexible donde la oferta y demanda afectan el valor del peso cubano”, apuntó entonces el medio independiente elTOQUE, que calcula diariamente el valor del dólar y el euro en el mercado no estatal.

Durante el balance anual del Banco Central de Cuba (BCC), en abril pasado, Marrero Cruz instó a los cubanos "enfrentar" el mercado informal de divisas y eliminar la dualidad cambiaria.

Expertos consultados por Martí Noticias consideran que la cruzada contra el mercado informal de divisas es el resultado del mal diseño de las políticas económicas en el país.

Este lunes, el dólar se cotizaba a 320 pesos cubanos en el mercado informal, mientras el euro llegaba a los 330, según elTOQUE.

La Seguridad del Estado detuvo el domingo al opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), cuando se dirigía a la iglesia del Buen Viaje, en la ciudad de Santa Clara, con la intención de asistir a la misa vespertina en tributo a la Virgen de la Caridad del Cobre.

“Fui interceptado a unos 120 metros de mi casa por el auto patrullero 305 del que se bajó el teniente coronel Abelardo Rodríguez Febles. Me planteó que no se me iba a permitir a ir a la misa ni a la procesión”, denunció en conversación con Martí Noticias, el opositor, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2010.

Fariñas fue esposado y trasladado a la UPICO (Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones) donde lo mantuvieron detenido por más de cuatro horas.

“Me introdujeron en el cubículo no. 9 donde Febles me reiteró que no se me iba a permitir, bajo ningún concepto, ir a la misa porque la situación económica del país podría acarrear cualquier problema político. Dijo que eran órdenes de La Habana [de los mandos superiores], mientras, constantemente, monitoreaba la procesión a través de su teléfono”, relató Fariñas.

“Cuando la procesión terminó, le ordenaron que ya podía restituirme a mi casa y me trajeron a las 8 y 55 de la noche”, concluyó la narración.

La policía política también impidió que asistiera a la iglesia de Buen Viaje, el activista Celestino Hernández Gutiérrez, quien fue detenido en la calle y mantenido en un carro policial hasta que terminó la celebración religiosa, apuntó Fariñas.

El arresto de Fariñas y de Hernández, imposibilitando su participación en una actividad religiosa pública viola el derecho de ambos ciudadanos a la libertad de culto.

La semana pasada, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) advirtió que las violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno cubano “han seguido siendo particularmente graves a lo largo de 2024".

Un grupo de legisladores de Estados Unidos señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso de visado de un exdirigente del régimen cubano que llegó a Miami por reunificación familiar y pidió cuentas sobre el caso.

En una carta del Comité de Asuntos Judiciales dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, los legisladores expusieron el sonado caso de cómo el ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, entró legalmente a EEUU pese a su largo y documentado historial al servicio del régimen de La Habana, y solicitaron detalles, incluyendo una explicación de los "lapsos en el escrutinio" del proceso que permitieron que el exdirigente obtuviera una visa.

Los legisladores Mario Díaz-Balart, Jim Jordan, Tom McClintock, Carlos Giménez y María Elvira Salazar firmaron la misiva a la que tuvo acceso Martí Noticias. Los congresistas exigen que la administración responda a sus preguntas y provea la información detallada del caso, incluyendo el expediente de inmigración completo, antes de las 5 p.m. del 23 de septiembre de 2024.

El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martí Noticias.

Según los registros obtenidos por el Comité, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar afiliado al Partido Comunista en su solicitud de visa de inmigrante y cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración.

“En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos admitió haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía" dice la misiva.

Los funcionarios de inmigración de EEUU "aparentemente ignoraron la propia admisión de Menéndez Castellanos sobre su afiliación al Partido Comunista de Cuba", agrega.

El 15 de agosto de 2024, Manuel Menéndez Castellanos, ex jefe del PCC en Cienfuegos y quien perteneció al "equipo de coordinación y apoyo" de Fidel Castro, ingresó a EEUU por el Aeropuerto Internacional de Miami a través de un “proceso de reunificación familiar”.

“El ingreso de Menéndez Castellanos plantea serias preguntas sobre la aplicación de la ley federal de inmigración por parte de la Administración Biden-Harris y los procedimientos de verificación utilizados durante el proceso de solicitud de la visa de inmigrante”, dijeron los legisladores en la misiva.

Según la ley, un extranjero es inadmisible como inmigrante si es o ha sido miembro o ha estado afiliado al Partido Comunista "u otro partido totalitario, nacional o extranjero". indicaron los legisladores.

Menéndez Castellanos tuvo cargos importantes en el régimen cubano desde 1972 y desde hace pocos años trabajaba como inversionista de empresas estatales del régimen.

"Increíblemente (...) la verificación avanzada de antecedentes de Menéndez Castellanos no encontró ninguna información que lo hiciera inadmisible según la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, explicaron en la carta.

“Aún más preocupante es que la verificación de seguridad realizada por la Administración Biden-Harris no encontró evidencia de que Menéndez Castellanos estuviera afiliado al brutal régimen de Fidel Castro, a pesar de la abrumadora evidencia públicamente disponible de su prolongado y extenso trabajo dentro de ese régimen. Si la Administración Biden-Harris se hubiera molestado en realizar una simple búsqueda de cinco minutos en Internet, habría descubierto los preocupantes vínculos de Menéndez Castellanos con el régimen de Castro”, dijeron.

Los congresistas fustigaron lo que consideraron un “enfoque laxo” de la administración hacia la seguridad nacional y exigieron una serie de documentos relacionados con el caso de Menéndez Castellanos, entre ellos información del historial del caso, incluyendo, entre otros, el historial de inmigración del extranjero, las solicitudes de beneficios de inmigración, el expediente de inmigrante (A-file) o el expediente consular (incluyendo todas las notas consulares) y el estado e historial de detención de inmigración.

También pidieron una explicación de las fallas en la verificación que llevaron a la falta de conocimiento sobre la afiliación de Menéndez Castellanos con el régimen de Castro.

Los legisladores exigieron además una explicación de por qué la propia admisión de Menéndez Castellanos de su membresía en el Partido Comunista de Cuba no lo sometió al motivo de inadmisibilidad bajo la sección 212(a)(3)(D) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido beneficios migratorios en EEUU es extensa. En junio, EEUU negó la entrada a Liván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud.

Su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instaló en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur mediante la aplicación CBPOne, en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.

Este año también llegó a Florida la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al programa parole humanitario. En la terminal aérea recibió una negativa de entrada debido a su historial en Cuba, pero la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial.

Cuba vive una profunda crisis económica y un incremento de la represión política, con más de 1.000 presos de conciencia, lo que ha empujado a la población a una emigración masiva.

Según datos de la Patrulla Fronteriza de EEUU, más de 700.000 cubanos han llegado a la frontera sur en los últimos cuatro años. Estudios independientes sugieren que al menos el 18% de la población cubana se ha marchado desde el fin de la pandemia de coronavirus.

Nelva Ismaray Ortega reiteró este lunes su llamado a las organizaciones y gobiernos democráticos a que se incorporen a la campaña a favor de la libertad de su esposo, el preso político cubano José Daniel Ferrer, al tiempo que insiste en la reclamación de "fe de vida" del opositor.

“A todas las personas, organizaciones, instituciones, europarlamentarios, gobiernos democráticos, simpatizantes solidarios, amantes de la libertad, la democracia y la justicia para que se unan a esta campaña por la libertad de mi esposo. Nosotros seguimos exigiendo no solo ‘fe de vida’, también la restitución de todos sus derechos humanos y carcelarios, así como su libertad inmediata e incondicional”.

Ortega insistió en su exhortación luego de que las autoridades del penal santiaguero Mar Verde le negaran la visita familiar reglamentaria del pasado 3 de septiembre.

“Me dirigí para la prisión acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y mi hijo Daniel José, que nos tocaba, por reglamento, la visita familiar y por décima octava ocasión las autoridades carcelarias y la mal llamada Seguridad del Estado no nos permitieron verle. Solamente nos permitieron la entrega de la ’jaba’ con los alimentos, aseo y algunos medicamentos”, lamentó.

Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las protestas de esa fecha en Santiago de Cuba. Desde el 14 de agosto de 2021, permanece recluido en una celda en solitario.

“Lleva un año y seis meses sin derecho a llamadas telefónicas ni a visitas familiares ni conyugales. Todo este tiempo confinado a una celda de castigo aislado no solo de su familia, sino de toda la comunidad penal, bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, víctima de torturas físicas y psicológicas, alimentos de pésima calidad, agua no potable, sin acceso a atención médica y estomatológica. Lo están enterrando en vida y matándolos lentamente”.

Ferrer es uno de los ex presos políticos de la Primavera Negra de Cuba que se negó al destierro y ha sido declarado “prisionero de conciencia” en tres ocasiones por la organización Amnistía Internacional.

Además, Ortega agradeció a las personas que apoyan la postulación de su esposo al Premio Sajarov a la libertad de Conciencia que presentaron varias organizaciones al parlamento europeo.

“Acciones como éstas obligan a la dictadura a que nos lo enseñen”, consideró la esposa del preso político.