La Fiscal general de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, no ha respondido aún la queja formal contra oficiales de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba cuyo proceder ha lesionado los derechos de personas que cumplen sanción en ese penal violando sus deberes de proteger la integridad física y psicológica de custodiados bajo la responsabilidad del Estado.
El documento, presentado a la autoridad judicial el 13 de agosto, expresa que después de “las protestas ciudadanas del 11 de julio en el país”, el día 15,oficiales de la Cárcel de Boniato y cita al Primer Teniente Carrazana, el Capitán Lisbey, el Mayor Eric Nelson, el Mayor Alain y otros agentes pertenecientes al personal que custodia la instalación penitenciaria y a la policía política, les propinaron una golpiza a los presos políticos Maykel Mediaceja Ramos y Carlos Manuel Figueroa Álvarez, con la intención de “obligarlos a gritar consignas de “Viva la Revolución”, “Viva Fidel” y “Viva Díaz-Canel”.
En ese sentido, la reclamación recuerda que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, plantea que “las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias”.
No obstante, el 16 de julio de 2021, en el Destacamento 4 de esa prisión, seis internos comunes con elevadas condenas, pero autodenominados “revolucionarios”, azuzados por guardias y dirigentes de la prisión, golpearon otra vez a Figueroa Álvarez, y trataron de lastimar su pudor y dignidad.
“Como consecuencia del abuso cometido, Figueroa Álvarez estuvo ocho días expulsando coágulos de sangre por la boca, y con todo el cuerpo inflamado y adolorido”.
El reclamo, al que Radio Televisión Martí tuvo acceso, firmado por el activista Juan del Pilar Governa, lamenta que los militares que participaron en la golpiza a dicho preso político, “gozan de plena impunidad y continúan pronosticándole amenazas de muerte que si no se tienen en cuenta para tomar medidas al respecto pueden llevarlas a vías de hecho”.
Carlos Manuel Figueroa Álvarez está cumpliendo una condena de cuatro años y diez meses de privación de libertad por los delitos de “desacato”, “desobediencia” y “atentado”.
Maykel Mediaceja Ramos está sancionado a seis años de prisión por “atentado” y “lesiones”.
En ambos casos, opositores al régimen consideran que los delitos fueron “fabricados” por la Seguridad del Estado.
