Cuba aprobó una ley que perfeccionará el pago a las víctimas de delitos para obtener la reparación por daños materiales y morales, sin necesidad de nuevos procesos frente al sancionado.
La normativa establece a la Caja de Resarcimiento como entidad encargada de hacer efectiva la responsabilidad civil declarada en la sentencia referente a la reparación de daños o indemnización de los perjuicios económicos, o ambos.
“Sabemos que existen aspectos objetivos y subjetivos para lograr que las víctimas no sean objeto de la revictimización, y podemos mencionar que dentro de los aspectos objetivos está la garantía de los derechos de las víctimas, algo que todos sabemos que en muchas ocasiones se viola. Y entre los subjetivos, y para mí creo que es el más importante, está el trato humano y la empatía. En Cuba, gran parte de este aparato judicial carece de estos dos aspectos tan importantes”, dijo en conversación con Martí Noticias, la activista santaclareña Sara Cuba.
Tayliana Elías Morales, directora de la Caja de Resarcimiento, señaló en declaraciones al medio oficialista Cubadebate sobre este Decreto-Ley 86 de 2024, que la entidad ejecuta todo lo concerniente a la responsabilidad civil derivada del delito mediante el cobro a los sancionados y el pago a las víctimas.
Según la funcionaria, el Decreto-ley nace con la integración multidisciplinaria de todas las normas que se han desarrollado, incluido el Código de las Familias, porque se protege a las víctimas menores de edad y mujeres.
Añadió que la ley es especialmente rigurosa en el caso de los más vulnerables, ancianos, menores de edad, jubilados y mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.
Con esta reglamentación, la gestión de la caja, que antes era presupuestada, ahora contará con un tratamiento autofinanciado, a partir del cobro a los sancionados.
“Creo que la efectividad de esta nueva ley dependerá mucho de la capacitación de los funcionarios judiciales, de conjunto a los policías que también deben formar parte de este proceso y así llegar a un estado justo para las víctimas”, dijo Cuba.
La página del Ministerio de Justicia informó que la Caja ingresa mensualmente más de 11 millones de pesos derivados del pago de los sancionados, fianzas, multas, así como convenios establecidos con ellos para la liquidación de la responsabilidad civil.
Solo por estos conceptos, en el año 2022 se recaudaron más de 68 millones de pesos, la cifra más reciente publicada.
El Decreto–Ley establece mecanismos para la ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito: Convenios de pago por plazos, órdenes de prelación para el pago a las víctimas, facultad de pago mediante la representación voluntaria y extender los servicios al nivel municipal.
Ante un daño irreparable, por un delito relacionado con la violencia de género, la antigua ley de Caja de Resarcimiento establece sanciones pecuniarias, pero la compensación está lejos de la realidad: son pocas las víctimas que logran cobrarla.
“Que exista una ley específica para resarcir a las víctimas de la violencia de género, que aclaro, no solamente son las hijas e hijos, sino también las personas mayores y personas con discapacidad que estaban bajo el cuidado de las víctimas ya de una manera bien específica, es un logro y pienso que de alguna manera es también es fruto de las demandas de organizaciones civiles y feministas que han puesto esto sobre el debate público”, indicó Iliana Álvarez, directora del proyecto Alas Tensas, asentado en Madrid.
“Hay que ver ahora cómo la ley se instrumentaliza, cómo se interpreta, porque de hecho sí tenemos conocimiento. La investigación que realizó Casa Palanca la puso sobre el tapete, como existen muchas víctimas que no han logrado realmente un resarcimiento, no solamente de índole económico, sino tampoco de índole psicológico, de esas personas que han quedado rotas, de esas familias que han quedado rotas por la violencia de género y por el feminicidio”, denunció.
Una investigación de Casa Palanca, publicada en septiembre pasado, reveló la deficiente atención policial y la irregularidad en el seguimiento tras los asesinatos, dejando a las familias en un estado de desprotección.
Entrevistas realizadas a ocho familias mostraron que no han recibido acompañamiento ni apoyo psicológico, y desconocen sus derechos a una reparación integral, lo que evidencia la falta de acción por parte del Gobierno cubano para garantizar la protección y la vida digna de las personas dependientes tras la pérdida de sus cuidadoras.
“A veces es tan poco, es tan mínimo lo que recibe esa familia que han tenido que pedir ayuda para que los hijos e hijas de las personas que han sido víctimas de feminicidio puedan salir adelante en una situación realmente terrible como es la pérdida de la madre”, subrayó Álvarez.
En Cuba, los procesos de violencia de género en los que no hubo asesinato, en la mayoría de los casos, no llegan a los tribunales y, por tanto, las víctimas no obtienen el resarcimiento de sus daños morales.
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