Organizaciones de la sociedad civil cubana sometieron este lunes sus consideraciones a la revisión de la 89ª sesión del Comité de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En la sesión en Ginebra, expusieron representantes de la sociedad civil cubana independiente, así como organizaciones afiliadas al régimen.
Yanelis Núñez, por el Observatorio de Género Alas Tensas y la plataforma Yo sí te creo en Cuba, puso sobre la mesa el candente tema de la violencia de género en la isla, que ha cobrado -según sus registros- 247 víctimas mortales desde 2019 hasta la fecha.
“Estos crímenes han dejado al menos 285 personas dependientes que se encuentran hoy sin la reparación integral que el Estado debe proporcionarles. Estos datos constituyen un sub registro debido al ocultamiento del Gobierno de estadísticas y la criminalización del activismo que obstaculiza la posibilidad de adquirir fondos e implementar proyectos”, recalcó Núñez.
“Aunque, en teoría, el régimen se ha propuesto acciones para abordar la violencia de género; la falta de transparencia impide cualquier seguimiento. Además, se niega a implementar una Ley Integral contra la violencia de género y a tipificar el feminicidio dentro del Código Penal”, agregó.
La abogada Laritza Diversent, directora del centro de asesoramiento legal Cubalex, ahondó sobre la desprotección de las personas que dependían de mujeres asesinadas por feminicidios y subrayó “las graves deficiencias en el sistema de reparación para las víctimas de violencia de género”.
“Entre los principales problemas se destacan la fragmentación normativa, la ineficiencia del mecanismo de compensación que depende del pago al agresor y la prolongada duración de los procesos penales. Además, las víctimas indirectas no reciben suficiente protección”, dijo Diversent.
Asimismo, mencionó la represión estatal contra mujeres activistas y periodistas que se manifiesta de diferentes formas: “detenciones arbitrarias, hostigamiento, violencia física y psicológica”.
“Esto afecta su bienestar emocional y familiar, generando estrés, ansiedad y depresión, especialmente entre las mujeres afrodescendientes y de bajos recursos”, indicó.
La jurista se refirió al débil papel de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la defensa de los derechos femeninos: “No es independiente y está vinculada al Estado y al Partido Comunista, lo que compromete su capacidad para defender efectivamente estos derechos”.
Al respecto, la delegada de la FMC, Osmayda Hernández Beleño, recordó que más de cuatro millones de cubanas son miembros de la entidad oficialista que, en su opinión, ha tenido una activa participación en el diseño e implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM).
El PAM es una estrategia de prevención y atención a la violencia de género y otras normas jurídicas, pero su Plan de Acción es lacónico: no enuncia las tareas concretas para llevar a cabo las acciones, ni establece plazos para evaluarlas, elementos necesarios para implementar políticas públicas.
“Recomendamos al Estado fortalecer los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, incluyendo los sistemas de protección a las víctimas; redoblar los esfuerzos para deconstruir los estereotipos de género que reproducen las desigualdades y consolidar la capacitación en temas de género con énfasis en las instituciones educativas de salud, jurídico y comunitario”, aconsejó Hernández Beleño.
Por su parte, la socióloga Elaine Acosta, coordinadora de Cuido60, expuso que la “pobreza en Cuba tiene rostro de mujer, especialmente el de una mujer mayor, afrodescendiente, con escasa redes familiares y débil protección social”.
“Frente a la mayor crisis que, en todo orden, ha padecido el país y el mayor éxodo de su historia, el Estado cubano ha recortado derechos sociales y debilitados mecanismos de protección, ha aumentado sustancial y desigualmente la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres y las ha empobrecido estando más expuestas a la inseguridad alimentaria, a la falta de medicamentos, el acceso al agua y a la electricidad”, señaló Acosta.
“Instamos al Estado cubano a que proteja los derechos sociales de las mujeres y publique estadísticas sobre pobreza y desigualdad con enfoque de género, facilite la participación de actores de la sociedad civil en la asistencia social y se abstenga de criminalizar el activismo social”, enfatizó.
La lesbofobia y su hondura en la sociedad cubana fue denunciada por la activista y periodista María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia basada en Género (Museo V) haciendo hincapié en la falta de representación y espacio seguro de las mujeres lesbianas afrodescendientes.
“La orientación sexual de las mujeres negras lesbianas implica una doble discriminación que ha sido silenciada en los espacios de poder. Las lesbianas en las prisiones cubanas no tienen derecho a visitas conyugales, por lo que se ven obligadas a establecer vínculos basados en relaciones de poder con otras reclusas y con funcionarias”, argumentó Matienzo.
“Tanto el Código de Familias como el Reglamento de reproducción asistida excluyen a las parejas lesboafectivas de procedimientos médicos como la gestación solidaria. Además, no contemplan otros procedimientos sin patologizar, como la decisión de las mujeres lesbianas de ser madres. El sistema de salud cubano no tiene regulaciones para la protección de las lesbianas a tratamientos lesbofóbicos. Para recibir un diagnóstico acertado, deben declarar su orientación sexual”, sostuvo.
Otro de los temas abordados en la sesión fue el de la migración interna en Cuba, en especial la que integran las mujeres que se desplazan hacia La Habana.
“La mayoría provienen de provincias orientales del país y enfrentan barreras legales y sociales que limitan su acceso a derechos básicos como la vivienda, el empleo, la salud y la alimentación”, destacó Kirenia Yalit Núñez, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
“La falta de residencia legal en la capital impide que accedan a servicios esenciales, poniéndolas a situaciones de explotación laboral, persecución policial, trata de personas, violencia de género y discriminación. No pueden acceder a asistencia legal efectiva. Las barreras burocráticas, la falta de documentación y la discriminación sistemática complican su acceso a mecanismos de protección y justicia, haciéndolas más vulnerables”, explicó Núñez.
“Sin acceso a un sistema legal que las respalde, quedan desprotegidas ante desalojos forzosos, explotación laboral y abusos gubernamentales, lo que agrava su situación y perpetúa el ciclo de marginación en el que viven”, insistió.
El Comité evaluará con el Estado cubano la situación de los derechos de las mujeres y las niñas en el país el próximo 18, tendrá en cuenta las contribuciones presentadas por la sociedad civil, verificará el cumplimiento de las recomendaciones del período anterior y emitirá nuevas recomendaciones.
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