Al menos una decena de vendedores callejeros, algunos con licencia, otros sin ella, fueron multados y sus mercancías decomisadas este jueves en un operativo combinado de inspectores estatales y agentes de la PNR, en el municipio habanero Boyeros.
“La mayoría son personas del reparto Fontanal que tienen sus mesitas para vender cosas del hogar, que pagan impuestos. Fueron multados con hasta 4,500 pesos. Tenían productos que según las autoridades no pueden vender, solo puede hacerlo el Estado”, denunció Osvaldo Mendoza Ferriol, quien fuera conducido a la unidad policial del Wajay y gravado con 2,000 pesos de multa por comerciar galletas dulces.
“Yo soy un vendedor ambulante y no tengo licencia porque estoy viviendo en La Habana, pero mi dirección oficial es en la provincia Granma”. “Estoy ‘ilegal’ aquí en la capital. Para sacar una licencia tengo que hacer el cambio de dirección, con todas las trabas y demoras que suponen esos trámites”.
Puesto al tanto de lo ocurrido, el doctor en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien ha estudiado el panorama del sector privado en Cuba, habló de las limitaciones que tienen estos comerciantes.
“La licencia solo es permitida para laborar dentro de la ciudad donde vives y que ahora mismo ellos no tienen personalidad jurídica y se ven limitados para operar. Eso no pasa solo en Cuba, eso es a nivel mundial”, subrayó en entrevista con RadioTelevisión Martí.
Por su parte, el vendedor Manuel Alberto Suárez, quien reside en Holguín, pero cada tres meses se traslada a La Habana para que su hijo reciba atención médica, indicó que el decomiso de productos y las multas son frecuentes en la cruzada del gobierno contra las llamadas irregularidades del trabajo por cuenta propia.
Suárez lamentó que los inspectores y policías lo multaron y decomisaron sus productos a pesar de que él les detalló que vende ajo y cebollas por las calles para sufragar los gastos de hospedaje y comida de su familia en la capital.
“Por una ristra de ajo me pusieron 2,000 pesos de multa. Les dije a los inspectores que yo estoy aquí vendiendo porque tengo a mi hijo de 4 años operado de la cadera ya que debido a una lesión no camina, está postrado. Y lo traigo acá a La Habana cada tres meses a rehabilitación en el hospital Frank País. Pero para eso tengo que pagar un alquiler de 40 dólares más la comida”.
De modo parecido sucedió en San José de Las Lajas, Mayabeque, con Juan Miguel Pupo y Miguel Ángel Pupo, dos hermanos carretilleros.
Miguel Ángel Pupo comentó a nuestra emisora que, aunque poseen licencia, fueron multados por estar estacionados con sus carretillas. Según las regulaciones, las carretillas deben estar en movimiento mientras ofrecen los productos.
Sobre esto Rodríguez Pita apuntó “La ley dice una cosa, pero ahí entra también la corrupción. Es muy difícil controlar eso. Los carretilleros pagan a los inspectores para que hagan la vista gorda y les permitan estar estacionados y ahí se beneficia hasta el presidente y el intendente del gobierno local que cuando llega es el que nombra a los inspectores. Los mismos inspectores avisan a los carretilleros para que se muevan”.
El experto señaló diferentes categorías de trabajadores dentro del cuentapropismo: "el trabajador de subsistencia (que puede ser una persona que vende maní o hasta cuchillas de afeitar), el empleado autónomo que puede ser un plomero, un contador o un electricista y las micro y pequeñas empresas que puede ser un restaurante”.
“El sector informal se define como el conjunto de trabajadores y actividades económicas que operan fuera del marco legal, fundamentalmente debido, en primer lugar, a que las ganancias no les alcanzan para pagar los impuestos, y en segundo lugar, a que las mercancías que venden son robadas de los almacenes del gobierno”, puntualizó el exprofesor de Estadísticas y Metodología de la Facultad de Filosofía de la Universidad de la Habana.
“Hay otro grupo que importa, que trae productos que no hay en el mercado nacional desde el exterior, viajan a otros países como Colombia, México, Panamá y Haití y traen mercancía para vender en Cuba. No está permitida una licencia que regule esto. Y, por lo menos, en los próximos tres años no va a existir”, concluyó Rodríguez Pita.
