Un total de 111.463 personas han pedido asilo en España entre enero y agosto de 2024, casi un 40% de ellas venezolanas, según datos publicados este viernes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Según estos datos, publicados en la red social 'X' y recogidos por Europa Press, casi 4 de cada 10 solicitudes han sido presentadas por personas que han huido de Venezuela que, tal y como indica CEAR, "atraviesa una grave crisis humanitaria y política".

Además, CEAR ha señalado que un 15% de las solicitudes se han resuelto de manera favorable, lo que supone un incremento de un 2% en el último mes, pero que casi una de cada dos siguen siendo denegadas.

Asimismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha advertido de que el 40% de las personas, en su mayoría venezolanas, solo reciben protección por razones humanitarias, "que tiene menos garantías".

CEAR ha pedido "voluntad política" para "poner encima de la mesa planteamientos más estratégicos que incentiven vías legales ya" y "aborden la llegada de personas que necesitan refugio desde la inclusión y la corresponsabilidad en su bienestar social y el de las sociedades de acogida".

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en un comunicado que sancionó a 16 funcionarios alineados con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, por considerar que “obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”.

Las personas sancionadas incluyen a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a los funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura”.

“Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia, lo que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España”, señaló el Departamento del Tesoro.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa a los funcionarios de Maduro "que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de actos de represión”.

“En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia de EEUU manifestó que con las medidas adoptadas hoy, el Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos por "contribuir a la situación en el país".

“Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha identificado a casi 2.000 personas como potencialmente sujetas a restricciones de visado en virtud de diversas autoridades por su papel en socavar la democracia, participar en actos de corrupción significativos o violar los derechos humanos del pueblo venezolano”, agregó Blinken.

Estos son los funcionarios y militares sancionados por EEUU

1. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta es un juez que se desempeña en el TSJ alineado con Maduro desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional del TSJ. Según la cobertura de los medios, en su calidad de magistrado del Supremo, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones.
2. Malaquias Gil Rodríguez es un magistrado que se desempeña como presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Según fuentes de medios creíbles, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
3. Juan Carlos Hidalgo Pandares es un juez que se desempeña como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Según fuentes de los medios, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
4. Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez encabeza el TSJ alineado con Maduro. Rodríguez ha sido la presidenta del TSJ desde enero de 2024 y encabeza la Sala Electoral del TSJ. Rodríguez y la Sala Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
5. Fanny Beatriz Márquez Cordero es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral. Según varios medios de comunicación, Márquez estaba entre los funcionarios de la Cámara Electoral que certificaron la infundada afirmación de la victoria de Maduro.
6. Edward Miguel Briceño Cisneros es el juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo, afín a Maduro. Según fuentes de los medios, Briceño emitió una orden de captura contra González, menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, asociación para delinquir, sabotaje para dañar sistemas y asociación con miembros de la oposición a quienes Maduro considera criminales.
7. Luis Ernesto Duenez Reyes es fiscal del Ministerio Público, afín a Maduro. En su cargo, Duénez emitió la solicitud oficial de la orden de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño.
8. Rosalba Gil Pacheco es rectora del CNE y se desempeña desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, alineada con Maduro. Según el Departamento del Tesoro, Gil Pacheco ha obstruido la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituir irregularidades en el registro electoral y retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación.
9. Antonio José Meneses Rodríguez es el Secretario General del CNE desde agosto de 2023. Según informes de prensa, Meneses instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos en los centros de votación.
10. Dinorah Yoselin Bustamante Puerta es una fiscal que se desempeña en el Juzgado Primero Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro.
11. Pedro José Infante Aparicio se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, alineada con Maduro.
12. Domingo Antonio Hernández Larez es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alineada con Maduro.
13. Elio Ramón Estrada Paredes es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), alineada con Maduro. Según el Departamento del Tesoro, Estrada lideró a la GNB en la detención de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
14. Johan Alexander Hernández Larez es el comandante de REDI Capital de la GNB.
15. Asdrúbal José Brito Hernández es el Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Según el Departamento del Tesoro, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
16. Miguel Antonio Muñoz Palacios es el subdirector del servicio de inteligencia alineado con Maduro, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), desde 2021. El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de Maduro de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales.

Alberto Fujimori, el expresidente peruano que gobernó 10 años con mano dura, señalamientos de corrupción y abusos graves a los derechos humanos que lo llevaron a ser enjuiciado y a prisión, murió el miércoles de cáncer en Lima, informó su hija, la política Keiko Fujimori. Tenía 86 años.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, publicó en un mensaje en la plataforma X que terminaba con un “gracias por tanto papá” y los nombres de los cuatro hijos a modo de firma.

La noticia del agravamiento de la salud del exmandatario había sido anunciada horas antes por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, quien dijo a la prensa tras salir de la casa del expresidente que Fujimori estaba “luchando” por su vida.

La última vez que se le vio de forma pública fue el 4 de septiembre saliendo en silla de ruedas de un hospital privado.

El primer hijo de japoneses en llegar a ser jefe de Estado de otro país en el mundo por voluntad popular fue elegido tres veces como presidente de Perú desde 1990 a 2000. Nacido en Lima en 1938, pasó sus últimos meses de vida en libertad al beneficiarse de un indulto humanitario que permitió su excarcelación en diciembre de 2023 tras 10 años en prisión con cargos por asesinato.

Durante sus mandatos —el último de ellos de menos de un año— aplicó duras medidas de ajuste económico, pero mantuvo altos niveles de popularidad. Sin embargo, en el año 2000, tras fuertes cuestionamientos internacionales por abusos a los derechos humanos, huyó a Japón y renunció por fax.

Después, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión en 2009, con cargos por asesinato que lo señalaban como responsable de la creación y financiación en su gobierno de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas —entre universitarios y vecinos de un barrio de la capital, incluido un niño— a quienes consideraron exguerrilleros de Sendero Luminoso.

Su ascenso rápido al poder ocurrió en medio de la ruina económica en la que se encontraba Perú en julio de 1990, al término de los cinco años de gobierno de su antecesor Alan García. En agosto de ese año la inflación mensual llegó a 397% y el país soportaba una década de sangriento conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

“Enfrentó al terrorismo, controló la hiperinflación y hasta el momento se sigue su línea económica para bien o para mal”, dijo a The Associated Press Yusuke Murakami, profesor de ciencia política en la Universidad de Kyoto y experto en Fujimori.

Decepcionados de los partidos políticos que no acabaron con el caos que se vivía, los peruanos eligieron como presidente en 1990 al ingeniero agrónomo Fujimori, quien entonces era un desconocido profesor de matemáticas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Venció en segunda vuelta al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Le decían “el Chino” por sus ojos rasgados y su tez morena, que lo acercaban a la mayoritaria población de Perú: los mestizos e indígenas.

Sus padres, nacidos en la provincia japonesa de Kumamoto, trabajaron como costureros, reparadores de neumáticos, repartidores de rosas y dueños de una granja avícola para mantener a los tres hijos y dos hijas de la familia.

Durante su campaña pregonó con su voz aguda un gobierno de “los más capacitados y de conducta intachable”. En una ocasión, los diarios difundieron una fotografía suya vestido de karateca con cinturón negro y rompiendo un ladrillo con sus manos delgadas. Días después —en abril de 1990— ante el New York Times confesó que nunca aprendió karate y que el ladrillo ya estaba roto con anticipación.

Doce días después de llegar al poder, a los 52 años, aplicó las drásticas medidas que había prometido no usar durante su campaña para combatir la hiperinflación más alta en la historia de Latinoamérica, con 397% mensual, de acuerdo a cálculos de Steve Hanke, profesor de economía aplicada de la Universidad Johns Hopkins, experto de inflación en el mundo.

En un mensaje televisivo, su ministro de Economía anunció que el precio de la gasolina subiría 32 veces junto al resto de productos básicos alimenticios. El costo se triplicó de un día para otro. Las colas en busca de alimentos se dispararon y la policía detuvo aquel fin de semana a unos 10.000 peruanos por saquear tiendas.

Según el analista Murakami, quien fue funcionario de la embajada de Japón en Lima y estuvo encargado del análisis político sobre Perú en la primera mitad de su gobierno, consideró que sus veloces decisiones “le sirvieron de algo para responder en el corto plazo a las emergencias, pero no para el mediano y largo plazo”.

El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció en un mensaje televisivo el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema judicial y el inicio de un “gobierno de emergencia” que tendría entre sus objetivos redactar una nueva Constitución para reemplazar a la de 1979, que prohibía la reelección inmediata.

“Disolver, disolver”, fue la frase repetida con la que Fujimori anunció el llamado “autogolpe” y quedó por muchos años en el recuerdo de los peruanos.

Su popularidad aumentó luego de que un grupo de investigadores policiales, que recibía más apoyo de la embajada de Estados Unidos, capturara una noche de sábado de septiembre al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y a miembros claves de su cúpula que desde 1980 hasta 2000 provocaron más de 12.000 asesinatos.

Años más tarde, Fujimori sacó partido del rescate de la residencia del embajador japonés en Lima tomada por rebeldes del Movimiento Túpac Amaru. Ese día, soldados del ejército rescataron vivos a 72 de 73 rehenes y ejecutaron extrajudicialmente a los rebeldes. Una imagen de Fujimori en chaleco antibalas y botas militares, paseando victorioso por la residencia liberada, recorrió el mundo.

De acuerdo con diversos estudiosos, Fujimori inauguró un nuevo tipo de autoritarismo en la región: gobernó con un régimen autoritario de fachada democrática y gran respaldo popular.

Desde las sombras, su jefe de espías Vladimiro Montesinos —exabogado de narcos y oficial expulsado del ejército— dirigió un sistema de inteligencia que, usando dinero público, favoreció a Fujimori y le allanó cualquier tipo de oposición sobornando a legisladores, jueces, fiscales y dueños de medios de comunicación.

Su ambición por el poder le hizo reelegirse en 1995, cuando ganó por abrumadora mayoría. Volvió a hacerlo en el 2000, pese a acusaciones de fraude, pero su tercer gobierno duró poco. A finales de ese año se difundió un video que mostraba cómo su asesor Montesinos sobornaba a un legislador opositor. Eso desató una ola de protestas que provocó su caída.

Fujimori salió del país y se refugió en Japón, desde donde renunció a la presidencia vía fax.

Casi una década después de haber finalizado su gobierno, Human Rights Watch calificó su gestión como “un régimen mafioso” que se sustuvo en el poder mediante la corrupción y la manipulación de las instituciones democráticas.

La prensa independiente descubrió que en su gobierno un escuadrón militar clandestino financiado con dinero público asesinó a 15 vecinos durante una fiesta —entre ellos un niño de 8 años—, a nueve universitarios y a un catedrático a quienes consideraban miembros de Sendero Luminoso.

En 1994 se divorció de su esposa Susana Higuchi después que ésta denunciara a sus cuñados por enriquecerse con ropa donada de Japón. Fujimori le quitó el título de primera dama y se lo dio a su hija Keiko, de 19 años. Tras la separación, sus hijos se quedaron con él y Keiko se dedicó a la política, postulándose a la presidencia en 2011 y 2016. Ahora, ella dirige un partido de centro-derecha que reivindica los logros de su padre y es mayoría en el Parlamento unicameral.

A mediados de julio, Keiko Fujimori anunció por redes sociales que su padre sería candidato presidencial en 2026, pese a que a inicios de ese mes fue operado de una fractura de cadera y se estaba sometiendo a sesiones de inmunoterapia y radioterapia para tratar un tumor canceroso en la lengua que apareció en mayo de 2024.

Transparencia Internacional calculó en 2004 que en su gobierno se malversaron 600 millones de dólares y lo colocó entre los diez presidentes más corruptos del mundo.

En 2005 Fujimori viajó a Chile y una corte de ese país autorizó extraditarlo a Perú dos años después. A su regreso, el juicio se volvió histórico: duró 15 meses y polarizó al país. Fujimori era el primer presidente elegido democráticamente que asistía a juicio por violación de derechos humanos. Y aunque se defendió diciendo que era una venganza política, fue señalado como autor mediato por 25 asesinatos y se le sentenció a 25 años de prisión.

Asimismo, fue condenado por corrupción por realizar un pago ilegal de 15 millones de dólares a Montesinos para sobornos en los últimos días de su gobierno. En enero de 2015, recibió una sentencia adicional por usar recursos del Estado para financiar diarios que apoyaron su segunda reelección, pero luego se le retiró la condena porque el juez que la revisó dijo que no halló pruebas contundentes.

Fujimori debía salir libre en 2032 a los 95 años, pero el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) le concedió pocas horas antes de la Navidad de 2017 un indulto humanitario ante su debilitada salud.

Miles protestaron porque Fujimori, que entonces tenía 79 años, era considerado el preso que recibía las mayores atenciones: era el único reo en una cárcel de 800 metros cuadrados, podía pintar, recibir visitas, cultivar flores y escuchar óperas de María Callas, según dijo a la AP su médico personal, Alejandro Aguinaga.

Los familiares de las víctimas pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos anular el indulto pero este tribunal dejó el caso en manos de la Corte Suprema peruana.

Tuvo que asistir a un nuevo juicio en el que se le acusaba de ser el autor mediato de la masacre de otros seis campesinos torturados, asesinados y quemados durante su gobierno. El fiscal pidió una nueva sentencia de 25 años de prisión por la masacre.

Finalmente, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional revivió el indulto de 2017 por sufrir de hipertensión, frecuencia cardiaca irregular y riesgo de cáncer de lengua y ordenó su excarcelación.

Se fue a vivir con su hija Keiko Fujimori, se compró un celular, renovó su documento de identidad y cuando fue interrogado por si mantenía su intención de ser candidato presidencial en 2026, como adelantó su hija, dijo sonriendo: “Vamos a ver, vamos a ver”.

El Congreso de los Diputados de España respaldó el reconocimiento del opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y una iniciativa bipartidista en Estados Unidos exige que Nicolás Maduro y su círculo de poder rindan cuentas por la represión desatada tras los comicios presidenciales del 28 de julio.

Los legisladores españoles del Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria (CC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) lograron que se aprobara, con 177 votos a favor, el texto que exige el reconocimiento de Edmundo González como presidente "legítimo".

Además, pide al ejecutivo que demande ante la Unión Europea el reconocimiento de González Urrutia y la reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro y que sean ampliadas hacia los intereses económicos de los "colaboradores de la dictadura".

El documento aborda también la necesidad de reforzar las medidas de seguridad personal para María Corina Machado y González Urrutia y que sean considerados como los "únicos interlocutores legítimos" en las negociaciones para la transición democrática.

Según plantea la resolución, el reconocimiento de la victoria se basa en "la reiterada negativa de las autoridades electorales venezolanas a publicar los resultados en tiempo y forma, la publicación por parte de la oposición del 83,5% de las actas verificables que demuestran un categórico resultado electoral, y los pronunciamientos oficiales de instituciones internacionales como el Centro Carter, Naciones Unidas, y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, el español Josep Borrell".

Propuesta bipartidista en EEUU

Un grupo de senadores estadounidenses republicanos y demócratas están exigiendo en un comunicado que los responsables "rindan cuentas por los crímenes de lesa humanidad que tanto Maduro como su círculo cercano han cometido".

Los republicanos Marco Rubio, de la Florida, y Bill Cassidy, de Louisiana; y los demócratas Ben Cardin, de Maryland, y Tim Kaine, de Virginia, demandaron la libertad inmediata de todos los presos políticos y el fin de los ataques por parte de Maduro al pueblo venezolano, incluyendo a la líder opositora María Corina Machado y a su equipo que sigue siendo objetivo de persecución.

“Más de un mes tras haberse enfrentado a una derrota en las urnas, la represión autoritaria por parte del dictador Nicolás Maduro persiste. En vez de proporcionar evidencia para respaldar sus afirmaciones fraudulentas de una victoria electoral, Maduro ha recurrido a su habitual manual de represión violenta y al uso de sus servicios de seguridad para censurar y reprimir a los manifestantes pacíficos que exigen que se respete su voto. La brutal represión ha sido categorizada como 'Terrorismo de Estado' por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", indica el texto.

Machado afirmó el lunes que no dejará Venezuela: "Si algo cambia la salida de Edmundo, desde una perspectiva que pueda incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé; pero en todo caso yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí mientras que él lo hace desde afuera".

El Senado de México aprobó el miércoles de madrugada una propuesta de reforma al poder judicial, el trámite más importante para una controversial enmienda constitucional que hará que todos los jueces se elijan en elecciones, un cambio que los críticos temen politice la rama judicial y ponga en peligro la democracia mexicana.

La votación se celebró unas horas después de una irrupción de manifestantes que obligó a la cámara a interrumpir la sesión cuando el partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consiguiera los votos necesarios para aprobar la medida.

La iniciativa se aprobó la semana pasada con facilidad en la cámara baja, donde Morena y sus aliados tienen una amplia mayoría. El Senado era el mayor obstáculo para la propuesta, que requería deserciones de legisladores opositores para salir adelante.

Uno de esos cambios de posición llegó el martes del opositor Partido Acción Nacional (PAN), cuando un legislador que antes se había posicionado en contra de la reforma pidió una baja médica y su padre, un exgobernador, sugirió que votaría a favor.

El Senado votó la iniciativa dos veces con idéntico resultado de 86-41, la segunda votación en torno a las 4 de la madrugada.

La propuesta necesita ahora la ratificación de las legislaturas de 17 de los 32 estados de México. Se cree que el partido en el gobierno tiene el apoyo necesario tras sus buenos resultados en elecciones recientes.