El Gobierno español advirtió este viernes que la crisis catalana podría dañar el crecimiento económico en 2018, aumentando así la presión sobre el presidente catalán Carles Puigdemont, al que la facción más dura del separatismo está metiendo prisa para que la independencia sea efectiva.
"Si no hubiera una pronta solución a este asunto, nos deberíamos ver obligados a una bajada de las expectativas de crecimiento económico para el año 2018", que eran del 2,6%, dijo a la prensa la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
"Cuando se instala la incertidumbre, la factura siempre la pagan los ciudadanos de Cataluña, las empresas y los trabajadores", insistió la vicepresidenta, instando a Puigdemont a volver a "la normalidad institucional".
Ya el jueves, la agencia calificadora Standard and Poors había advertido incluso del riesgo de "recesión" en Cataluña.
El martes, el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independencia de Cataluña ante el Parlamento regional, para propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid.
La maniobra choca con la posición del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de mediación, y el miércoles envió un requerimiento al dirigente catalán para que clarifique si declaró o no la secesión.
Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo.
Desde el ultimátum, Puigdemont se encuentra entre dos fuegos: el de los empresarios, que prevén una "catástrofe" económica en caso de secesión, y el del ala dura del independentismo.
El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, instó este viernes a Puigdemont a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña, ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias.
"Sólo a través de la proclamación de la República seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas" en el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, señaló este partido en una carta al presidente regional.
Según el ejecutivo regional, en la consulta del 1 de octubre un 90% de los votantes apostaron por el sí a la independencia, y aunque solo participó un 43% del censo, el presidente se comprometió a aplicar el resultado.
Puigdemont recibió el jueves por la noche una advertencia similar de la Asamblea Nacional Catalana, una asociación secesionista con un fuerte poder movilizador en las calles.
"Ante la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo, ya no tiene ningún sentido mantener suspendida la declaración de independencia", señalaron en un comunicado.
Esquerra Republicana de Catalunya, uno de los dos partidos de la coalición de gobierno, dijo que Puigdemont debe "dejar claro que la independencia está declarada" aunque al mismo tiempo "hay que seguir insistiendo en que queremos dialogar", como dijo a la radio Onda Vasca Sergi Sabrià, portavoz de ERC en el Parlamento catalán.
En los últimos días, y ante la incertidumbre reinante, numerosas empresas de relumbrón sacaron su sede social de Cataluña, como los bancos CaixaBank y Sabadell, Gas Natural, la gestora de autopistas Abertis o la editorial Planeta.
La última voz de alarma vino del Mobile World Congress, la gran cita mundial de la telefonía móvil que cada año se reúne en Barcelona. Según el diario digital El Confidencial se está pensando retrasar la fecha de la próxima edición, prevista en febrero de 2018, e incluso dejar Barcelona en el futuro.
Sin querer confirmar este extremo, los organizadores reconocieron a AFP que "siguen vigilando los acontecimientos en España y Cataluña, y evaluando todo impacto potencial" en Barcelona.
El impacto también se sentía en el turismo, en una región que acoge a uno de cada cuatro visitantes que van a España, tercer destino turístico mundial.
Los tour operadores estaban constatando una disponibilidad mucho mayor en los hoteles de Barcelona, casi repletos hasta el 1 de octubre, y en algunos establecimientos los precios de las habitaciones cayeron a la mitad en cuestión de una semana.
Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español, está dividida casi a partes iguales sobre la independencia. Aun así, una amplia mayoría de la población defiende celebrar un referéndum de autodeterminación pactado con el gobierno de Madrid.
(Con información de AFP)
