La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) se mantendrá cobrando impuestos a la ciudadanía y las empresas privadas, estatales y de inversión extranjera a pesar de la severa crisis económica que atraviesa Cuba y que se ha visto agravada durante la pandemia.
Ni siquiera los adultos mayores estarán exentos de pagar sus impuestos, según anunció el lunes Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios. Ellos deberán hacerlo con una llamada "atención diferenciada" que consiste en hacer el pago por vía telefónica.
Entre las medidas financieras, tributarias, presupuestarias y de precios para las tres fases de la etapa de recuperación pos-COVID-19 previstas por el régimen, se contempla entre otras que las pérdidas asociadas al COVID-19 deberán asumirse con el presupuesto de cada empresa, y en caso de que no tengan cómo pagar, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) evaluará un posible financiamiento.
Aunque reconocen que existe falta de liquidez porque muchas empresas han dejado de funcionar durante la pandemia, estas entidades ya sean estatales, mixtas, de inversión extranjera o cooperativas tampoco estarán exentas, pues solo se les permite un "aplazamiento en el pago del impuesto sobre utilidades" sin aplicar intereses moratorios.
El pago de las cuotas tributarias mensuales, los impuestos sobre las ventas y los servicios por la utilización de la fuerza de trabajo, la declaración jurada y otros tributos, será simplemente aplazado, no condonado.
Aunque aclaran que las garantías salariales para quienes se quedaron sin trabajar y siguieron cobrando un salario "no están gravadas con el impuesto sobre los ingresos personales ni con la contribución especial a la seguridad social".
Los gobiernos municipales podrán decidir si otorgan un perdón de, hasta un 50% en las cuotas tributarias mensuales de las actividades que se afecten.
En la segunda fase se restablecen los pagos aplazados de las obligaciones corrientes de los contribuyentes, aunque permiten una moratoria de hasta seis meses y se "incluye la liquidación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales (TCP, artistas, creadores, productores individuales agropecuarios, comunicadores sociales, trabajadores de sucursales extranjeras)".
La paralización de la actividad económica y turística en el país ha golpeado fuertemente al sector privado, donde el 22% de los aproximadamente 605 mil cuentapropistas del país ha pedido la suspensión temporal de sus licencias.
Vladimir Regueiro, viceministro primero de Finanzas y Precios, reconoció que con la pandemia se han afectado los ingresos de más de 26 mil arrendadores de viviendas, más de 500 negocios de Airbnb y más de 52 mil transportistas.
Un informe de la consultora AUGE apunta a la pandemia como el mayor desafío que ha enfrentado el sector privado en la isla. AUGE considera que los emprendimientos privados serán duramente afectados por la actual situación epidemiológica, y que sus efectos perjudiciales se mantendrán y amplificarán en la post-pandemia.
El estudio, publicado recientemente, propone una serie de medidas urgentes, entre ellas fiscales, que sugieren, entre otras, "evaluar la posibilidad de condonar el pago de los impuestos y servicios cuya liquidación fue prorrogada por decisión del gobierno hasta que mejore la situación epidemiológica", y "eliminar el impuesto de la fuerza de trabajo con el objetivo de proteger el empleo", de los trabajadores del sector privado.
