Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación del COVID-19 como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población, señaló hoy Human Rights Watch.
Las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno de Nicolás Maduro.
A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una “ley contra el odio” absurda y excesivamente amplia, y son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia.
A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales por el Covid-19. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas.
“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado via WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”.
El 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó un estado de “excepción y alarma” en todo el país y dispuso medidas para limitar la propagación del Covid-19, incluyendo restricciones a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas.
Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando el límite constitucional de 60 días. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no aprobó las medidas, aunque la ley exige tal aprobación.
El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” si existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones del decreto.
En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; la policía, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales; y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”, que colaboraron con las fuerzas de seguridad en las arremetidas contra opositores en 2014 y 2017.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó en julio que hubo una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales.
La Oficina de la ACNUDH ha documentado, asimismo, que los colectivos han intimidado y atacado a opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia, y han controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en zonas populares. Igualmente, organizaciones locales han documentado que agentes de las fuerzas de seguridad detuvieron en forma arbitraria a quienes no usaban mascarillas o estaban reunidos en grupos en la calle, y que los colectivos han golpeado y torturado a civiles presuntamente por haber incumplido medidas de cuarentena.
A partir de un análisis de casos reportados por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación venezolanos, Human Rights Watch identificó casos en los cuales 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio.
La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio.
Entre mayo y agosto, Human Rights Watch entrevistó a través de WhatsApp a víctimas y sus familiares y/o abogados en ocho casos. Sus testimonios y las pruebas que los corroboran coinciden con lo señalado por otras organizaciones.
Las investigaciones de Human Rights Watch revelaron que las autoridades han hostigado, detenido y procesado a opositores políticos, incluyendo varios legisladores, periodistas que publican información crítica, trabajadores de la salud que cuestionan el manejo de la pandemia por las autoridades y abogados de derechos humanos que brindan apoyo legal a manifestantes que protestan contra la falta de agua, combustible o medicamentos. Agentes de las fuerzas de seguridad también han confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas, a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video.
En algunos de los casos reportados los detenidos sufrieron abusos, incluyendo agresiones verbales y físicas, golpizas y haber sido esposados por períodos prolongados.
