El Senado de España aprobó este miércoles la Ley de Memoria Democrática con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, la última fase legislativa para su entrada en vigor.
En una de sus disposiciones, la norma amplía el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles nacidos fuera del país ibérico.
“Tenemos hijos y nietos de exiliados. Luego se definirá el periodo del exilio. Se hablaba de ubicarlo entre 1936 y 1975, y luego de llevarlo hasta 1983. Veremos ya en las instrucciones cómo se desenvuelve”, explicó Estela Marina Pérez, directora del Grupo Aristeo.
Además, según la experta, están los “hijos mayores de aquellos que se nacionalizaron por la Ley 52 (Ley de Memoria Histórica), que es un colectivo bastante grande”. Y los “hijos mayores de aquellos que se nacionalizarán por esta nueva ley”.
Por último, la disposición incluye entre los beneficiarios a los “hijos mayores de mujeres españolas que se casaron con extranjeros y perdieron la nacionalidad”.
“Se trata de una grandísima noticia, sobre todo para hijos e hijas mayores de edad, de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen, en virtud del derecho de opción, de acuerdo con la Ley 52 de 2007”, dijo Guillermo Morales Catá, director de Legal Team.
La ley “no incluye a los hijos mayores de padres nacionalizados por el artículo 26, el 20.1 o por la Ley Transitoria de 1995”, aclaró Pérez.
“Podemos ya presentar expedientes. No vamos a esperar, porque el tiempo es limitado, son solo dos años”, anunció la directora de Aristeo.
La Ley de Memoria Democrática fue aprobada en el Senado con los votos de los gubernamentales Partido Socialista (centroizquierda) y Unidas Podemos (extrema izquierda), junto a sus socios parlamentarios. Se opusieron el Partido Popular (PP, centroderecha), VOX (extrema derecha) y Ciudadanos (centro liberal).
La fragmentación del voto sugiere que la norma podría ser derogada si el PP llega al poder a finales de 2023. Actualmente, todas las encuestas favorecen al partido que lidera Alberto Núñez Feijoo.
La ley se centra en el "protagonismo y reparación integral de las víctimas de la Guerra y la Dictadura" de Francisco Franco, a partir de 1936. Prevé la “disolución de asociaciones" que hagan "apología del franquismo”, ensalcen el golpe de Estado y la dictadura, o enaltezcan a sus dirigentes.
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