El 9 de octubre de 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abordó el último informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación en Ucrania. Entre los temas debatidos en el Consejo figuraba la cuestión de las causas penales por colaboración. En concreto, Al-Nashif dijo que en el territorio controlado por el gobierno, las autoridades ucranianas han abierto casi 6 mil expedientes penales por colaboración y siguen dictando un gran número de condenas en estos casos. Sin embargo, la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los DD.HH. no hizo ninguna declaración acerca de que Ucrania supuestamente «condena a los inocentes». La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. se limitó a expresar su preocupación por el hecho de que «muchos de los detenidos e incluso condenados sufrieran por sus acciones, que, en principio, podrían haber sido forzadas por la potencia ocupante». En este contexto, la Oficina señaló que estaba «profundamente preocupada» por la política de concesión masiva de la nacionalidad rusa a los residentes locales en el territorio de Ucrania ocupado temporalmente por la Federación Rusa.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación rusos ignoraron la parte del informe en la que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamaba la atención sobre el hecho de que un año y medio después del ataque armado a gran escala de Rusia contra Ucrania, el mundo sigue recibiendo datos sobre «flagrantes y continuas violaciones de los DD.HH.». Así, la ONU señaló que en sólo seis meses, del 1 de febrero al 31 de julio de 2023, otros 4.621 civiles se convirtieron en víctimas de este conflicto, 1.028 personas murieron y 3.593 resultaron heridas. La ONU sugiere que es probable que las cifras reales sean superiores.
“En el testimonio de los testigos, las víctimas describieron una crueldad inimaginable, que incluía descargas eléctricas, agresiones sexuales y fuertes palizas, que en algunos casos provocaron fracturas de huesos y la caída de dientes», afirmó Al-Nashif. «También se denunciaron terribles condiciones de retención, como falta de alimentos y medicinas, malas condiciones de alojamiento y privación de sueño”.
La ONU también señaló que Rusia no ha tomado ninguna medida para llevar a sus fuerzas de seguridad ante la justicia por las violaciones y crímenes cometidos por ellas. Por el contrario, la ONU está convencida de que la nueva ley “concede efectivamente amnistía al personal militar ruso por una serie de delitos, lo que ha reforzado la atmósfera de impunidad”.
La declaración de Tatiana Moskalkova, comisaria de derechos humanos de la Federación Rusa, de que Ucrania está encarcelando a profesores de la región de Jersón sólo porque «no violaron su deber profesional y siguieron enseñando a los niños” no se corresponde con la realidad.
De hecho, según el artículo 111 del Código Penal de Ucrania, la responsabilidad penal no está prevista por el hecho de enseñar en la ocupación, sino por «la propaganda de un ciudadano de Ucrania en las instituciones educativas, independientemente del tipo y la forma de propiedad, con el fin de facilitar la agresión armada contra Ucrania, el establecimiento y la aprobación de la ocupación temporal de parte del territorio de Ucrania, la evasión de la responsabilidad por la agresión armada contra Ucrania por parte del Estado agresor, así como las acciones de los ciudadanos ucranianos encaminadas a implantar las normas educativas del Estado agresor en los centros de enseñanza».
La viceministra de Justicia de Ucrania, Valeriya Kolomiyets, señaló en un comentario para la Radio Liberty que “el mero hecho de que una persona haya vivido en el territorio temporalmente ocupado o viva actualmente en él no significa automáticamente que esa persona sea un colaborador”.
Valeriya Kolomiyets señaló que el Código Penal de Ucrania no hace referencia a la responsabilidad penal por enseñar en el territorio temporalmente ocupado, sino a la aplicación del proceso educativo de acuerdo con los procedimientos aprobados en la Federación Rusa, es decir, se refiere a un proceso que impone narrativas prorrusas a los niños ucranianos.
La funcionaria también declaró que hay casos en los que los profesores ucranianos bajo ocupación se vieron obligados a llevar a cabo el proceso educativo bajo presión, temiendo por sus vidas y las de sus familiares. En consecuencia, la investigación previa al juicio y el tribunal deben tener en cuenta todas las circunstancias del caso.
“El Código Penal, además de prever la responsabilidad, establece una norma cuando, por ejemplo, una determinada acción que en realidad es similar a un delito no es delito. Esto ocurre cuando una persona hace algo bajo coacción física o psicológica o actúa en estado de emergencia. Por lo tanto, esta etapa de verificación es obligatoria, y es imprescindible que las fuerzas del orden y los órganos de instrucción averigüen para cada individuo no el hecho de una infracción formal, por así decirlo, la realización de lo previsto en el Código Penal, sino las condiciones en las que se cometió”, dijo Valeriya Kolomiyets en un comentario para la Radio Liberty.