Activistas de países de América Latina denunciaron las supuestas "persecuciones judiciales" que sufren los opositores a los Gobiernos del arco bolivariano, durante la apertura de un "Foro por la Democracia" que se celebra en Brasilia.
El foro reúne a activistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Paraguay y Venezuela, que durante dos días debatirán las alegadas falta de libertades y violaciones de derechos humanos en los países cuyos Gobiernos se alinean en la "nueva izquierda latinoamericana".
El encuentro ha sido promovido por uno de los movimientos que en los últimos dos años presionaron en Brasil a favor de la destitución de la ahora expresidenta Dilma Rousseff, que finalmente se concretó el pasado 31 de agosto tras un juicio político que dejó en el poder al conservador Michel Temer.
En la primera jornada del evento, la mayoría de los oradores se centró en lo que se calificó como "persecución judicial" contra los opositores, identificado como un problema común a todos los países bolivarianos.
"En las dictaduras militares se perseguía con el sable. Ahora se persigue con los tribunales, a través de una justicia manipulada. Lo único que cambió es el modo de perseguir", afirmó en la apertura del foro el activista boliviano David Sejas, opositor al Gobierno de Evo Morales y refugiado en Brasil desde hace unos seis años.
El caso de Bolivia también fue expuesto por el exsenador de ese país Roger Pinto, refugiado en Brasil desde 2013, cuando su huida de la embajada brasileña en La Paz, en la que estuvo acogido durante más de un año, causó un serio conflicto diplomático bilateral que acabó con la caída del entonces canciller brasileño Antonio Patriota.
"Solamente en el caso de Bolivia hay unas 1.200 personas que se vieron obligadas a huir y refugiarse en otros países", dijo Pinto, quien indicó que hay opositores a Morales en esa condición en Brasil, México, Colombia, Perú, Estados Unidos y España.
En declaraciones a Efe, Pinto incidió en que en Bolivia "ocurre lo mismo que en muchos países bolivarianos", entre los que citó los casos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua.
En esas naciones, según Pinto, "los Gobiernos se apropiaron de la Justicia y la usan para deshacerse de la oposición", con lo que "el debate político se lleva a unos tribunales usados para inventar pretextos que permitan perseguir a los que piensan diferente".
Pinto también calificó de "fachada democrática" las elecciones que se celebran periódicamente en esos países, en los cuales afirmó que "no existe ninguna independencia de poderes" y las autoridades, sean judiciales o electorales, son "tuteladas" por los Gobiernos.
"Más allá de las convocatorias a las urnas, que usan como excusa para supuestamente legitimarse, estamos frente a verdaderos sistemas totalitarios", sostuvo el exsenador, quien huyó de Bolivia después de que el Gobierno lo denunciara por supuesta corrupción en 23 procesos diferentes.
En el foro estaba prevista la asistencia de una delegación de las "Damas de Blanco", un movimiento que agrupa a esposas y familiares de presos políticos cubanos, y de otros miembros de la oposición de la isla gobernada por Raúl Castro.
Sin embargo, la activista brasileña Carla Zambelli, una de las promotoras del foro, explicó a Efe que ninguno de ellos pudo viajar pues "el Gobierno cubano demoró para dar la autorización", necesaria en el caso de la isla.
En lugar de las "Damas de Blanco", en representación de Cuba se presentó la joven habanera Zoe Martínez, de 17 años y refugiada en Brasil con sus padres desde 2011. Martínez aseguró que la ausencia de las "Damas de Blanco" fue el resultado de un "veto" del Gobierno cubano, que en su opinión es un "reflejo" de la "censura política" que impera en la isla y de las restricciones que se imponen a las libertades.
"En Cuba existen dos oposiciones. Una pasiva y otra activa. Y los activos son reprimidos brutalmente solamente por el hecho de pensar diferente", declaró Martínez, quien apuntó que esos opositores que "muestran sus caras" son "amenazados y vigilados 24 horas por día".
Según explicaron a Efe los promotores del foro, las conclusiones de los dos días de debates serán volcadas en un documento que será divulgado este martes y luego enviado, a título de "denuncia", a diversos organismos internacionales, como la ONU o la Organización de Estados Americanos (OEA).