Ganó el juicio, pero se quedó sin domicilio. Es lo que pasa cuando la ley que juzga es premeditadamente injusta.
Hace unos días escribí Decisión de Raúl Castro complica el escenario legal cubano. En ese texto me referí al decomiso de viviendas cercanas al búnker de Raúl Castro, y un par de negocios con visibilidad de rifle, algo que el Departamento de Seguridad Personal (DSP) considera "vía expedita".
Una de esas expropiaciones es una tácita demostración de que en Cuba se usa la ley en defensa de la voluntad y antojo de su gobernante.
La casa, y poco importa el nombre de su propietario, ubicada a una cuadra de la avenida 25, muy cerca de La Rinconada (lugar donde reside el Presidente), fue adquirida mediante acto legal de compra-venta y transformada en casa de renta. Para decomisarla, utilizaron la falsa denuncia de una chica menor de edad que asegura ofrecer sexo a cambio de dinero.
La resolución de desalojo se fundamenta en la testificación de la joven que, frente al instructor, alegó haber dormido en esa residencia de renta con un acompañante extranjero.
Comprendo que tan graves y nocivos actos, especialmente contra adolescentes y jóvenes, población vulnerable a acciones criminales, sólo pueden enfrentarse mediante medidas drásticas y ejemplarizantes.
De ahí se entiende la loable intervención del MININT, que la Fiscalía procesara el caso como proxenetismo y que el Director Provincial de la Vivienda, con la información sobre la mesa, aplicara como sanción administrativa, y según la ley, confiscar el inmueble.
Lo que no comparto es que ante la falta de evidencias durante el juicio, donde quedó demostrado que la acusación había sido preparada y que la denunciante nunca estuvo en esa casa; el tribunal exoneró al acusado, libre de polvo y paja.
¿Dónde está el problema ahora?:
El tribunal niega la devolución de la vivienda.
Esto sucede, porque el Decreto-Ley número 232 "sobre confiscación por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción u otros comportamientos ilícitos", es una reverenda pero bien estructurada porquería.
La resolución está vigente desde los 21 días del mes de enero del 2003 y fue firmada por el ex comandante en jefe Fidel Castro, un hombre que, como todos conocemos, utilizó su maquiavélica genialidad para hacer de la política un espectáculo y llevarla al terreno deportivo con el único propósito de crear fanaticada.
El decreto surgió como un grito civilizado contra la barbarie. Justo en el momento que la isla vivía un nuevo auge del horror silencioso que representa para cualquier sociedad el comercio ilegal de drogas, el lavado de dinero, más todo lo que a eso le cuelga: violencia, corrupción, inseguridad, deterioro de salud física y mental, etc.
La 232 nació para confiscar o, en su defecto, retirar el derecho de los arrendatarios, usufructuarios, ocupantes y/o propietarios de las viviendas o locales en los cuales se practiquen actos relacionados con ese tipo de delitos.
Visto así, no sé por qué no confiscar el Comité Central en pleno. Pero no importa, lo cierto es que parece cabal aunque en realidad oculta un espíritu ambiguo, hipócrita, cínico, indecente y tan manipulador que asegura la cristalización, no la transparencia jurídica.
Según este engendro legal, "a sugerencia" de la Fiscalía y el MININT, la requisa del inmueble lo ordena el Director Provincial de la Vivienda y
contra su resolución únicamente procede la revisión del Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda que, aún resuelta la verificación, es del todo imposible hacer ninguna reclamación, ni administrativa, ni judicial.
Cualquiera puede ser llevado a juicio bajo una falsa acusación, resultar inocente y el decomiso no admite marcha atrás; en otras palabras.
Acepto que las reglas existen desde que el primer hombre agarró una piedra para golpear a otro. Pero esto es robar amparados en la ley. Los libros dicen al respecto: "El derecho, más que un negocio, es una profesión liberal que cuando se usa para dominarnos, y no para protegernos, es como asesinar en su santuario a sacerdotes y profetas".
