En una de sus conocidas rabietas, y con el objetivo de proteger su desvergüenza, el general Rául Castro ordenó revisar todos los expedientes y a los nuevos propietarios de las casas adquiridas en compra-venta, de su entorno habitacional.
La Dirección de Seguridad Personal, puso manos a la obra, intervino la Fiscalía y decomisaron 20 casas. La misma cadena de mando cerró, además, dos restaurantes privados que arrendaban majestuosos locales a la empresa estatal Palco, a razón de 3.000 CUC mensuales.
Por cierto, y es chisme, porque no sé si es verdad, en La Habana se cuenta que en uno de estos restaurantes cerrados, ubicado aproximadamente en 5ta. Avenida y 68, Alex Castro, el hijo fotógrafo de Fidel, tenía intereses comerciales, y fue quien buscó los permisos.
Pero eso, como dije, no está confirmado. La realidad es que la acción de la Fiscalía produjo una tormenta local que ahora quieren silenciar y, para calmar la presión, un enviado especial de Samuel Rodiles, general de división que hoy preside el Instituto de Planificación Física, y Alberto Miguel Gómez, director de Bufetes Colectivos de La Habana, designaron a una abogada para defender el caso.
Se le pidió una defensa para –como muchos dicen– tapar la letra; pero la reconocida letrada de hermosas piernas, nombre angelical y pantalones bien puestos, aceptó el caso alegando:
"Esto es un anti-proceso que no compete a la Fiscalía, es algo administrativo, civil, no hay ilegalidad ni delito. Lo que se está haciendo es injusto; hoy existe una ley de la vivienda que permite la compra-venta de casas y propiedades. Si el dueño es Juaniquito Pérez, que es ciudadano cubano o extranjero residente permanente, y el título de propiedad ratifica que el propietario es Juaniquito, no hay irregularidad, ¿Cuál es el problema?".
El proceso, se avizora, largo y complicado. La Fiscalía asegura que los dueños reales no son cubanos; que en las escrituras de las viviendas figuran naturales cubanos testaferros de italianos, rusos, chinos o españoles.
Pero la joven y experimentada jurista sostiene que la confiscación no da lugar, adelanta que exigirá devolución de propiedades más una compensación a los afectados; además, repite con disimulada ironía "si a Raúl Castro no le gustan los nuevos vecinos; que se mude o cambie la ley".
El tema puede tener consecuencias. Dos leyes de Reforma Urbana en 1960, y dos Leyes Generales de la Vivienda (1984 y 1988), junto a una infinidad de resoluciones, circulares y normas de menor rango, rigieron por mucho tiempo la "antipolítica" inmobiliaria cubana hasta que en el año 2011, el Decreto Ley número 288/2011 marcó un cambio radical, al derogar las principales limitaciones en materia del derecho a la propiedad personal (por favor, no confundir propiedad privada con propiedad personal).
Aunque un cambio siempre es bien recibido, en relación a la legislación, Cuba continúa teniendo un derecho civil atrofiado; una colosal ausencia de concordancia entre realidad registral y catastro; unas zonas declaradas especiales o de alta significación por "Seguridad Nacional" que sólo responden a la cercanía de lugares frecuentes, ya sean casas o rutas de Fidel y Raúl; y un Registro de la Propiedad completamente separado de la realidad que sí, ha sido algo transformado, pero no para cumplir sus funciones sino para complacer las exigencias del Gobierno en su manipulado afán de ofrecer una visión positiva ante la inversión extranjera.
En este caso, los nuevos inversionistas cubanos perdieron seguridad y credibilidad en el sistema. Compraron o arrendaron de acuerdo a la ley y hoy están al punto del desahucio. Las viviendas confiscadas, todas, fueron debidamente registradas. El acto de compra-venta fue legal y se pagaron, como corresponde, los impuestos de cada venta. Formalmente fueron negocios jurídicos que se hicieron respetando las nuevas reglas impuestas por el Estado. ¿Dónde está la ilegalidad?
Como repetía hasta el cansancio mi insoportable profesor de Derecho Procesal: "El peor de los escenarios se da cuando la ley existe, pero no ampara".
