Suben y bajan lomas a pie y descalzas, al tiempo que se las arreglan para llevar la casa a cuestas al mando de la cocina y demás cuestiones domésticas. Están fuera del alcance de los programas femeninos que el gobierno da por sentado. Cuando las empresas agrícolas suspenden pagos o cierran por ineficaces, toman el mismo camino que los hombres: irse a casa a esperar.
Cuatro mujeres estuvieron en el programa Contacto Cuba para hablar con Norma Miranda y quien escribe. Desde Maisí, en la punta oriental de Cuba, Yoaida Avilés Balzagar lleva 21 años aporcando café y cacao o sacando malangas que les pagan a cinco pesos cada lata.
Una cosecha imposible
Yoaida hace cuentas entre la vida en el campo y la ciudad. “Nos sacrificamos y no vemos la mejoría, estamos bajo el sol día tras día; pasamos 20 ó veintitantos años trabajando, entonces el que está sentado a la sombra, en menos de un año obtiene las cosas”, afirma con resignación.
Los impagos de las empresas estatales, que en ocasiones han sido objeto de críticas en la prensa oficial, embrecen aún más a las familias campesinas. “En muchas ocasiones, la mayoría de las siembras (cosechadas ya) se pierden porque no hay transportación, se echan a perder las mercancías, o por falta de envases y cuando se resuelven es a muy altos precios”, indica.
Cansada del trabajo más duro, en el año 2012 Yoaida intentó montar un negocio propio para vender refrescos y viandas fritas a los vecinos, pero el enjambre de inspectores estatales y delatores de barrio la llevaron a desistir.
“Yo tenía un punto de venta y tuve que deshacerme de él porque era demasiado la presión por parte de los inspectores. Todos los días estaban arriba de mí, haciéndome un conteo, me hacían guardia día por día hasta que me cansé y tuve que entregar la patente”, señala Yoaida.
Las patentes de productos alimenticios cuestan por igual en cualquier zona del país, independientemente de la cantidad de habitantes o del desarrollo económico de la zona.
“Una patente no es para que valga 400 pesos, más la mano de obra a un obrero que contratamos, casi mil pesos… ¿de dónde lo íbamos a sacar?", concluye.
El impago de las empresas
En la Loma del Cucumí, un caserío metido en las serranías de Baracoa, vive Yoaima Ferrero. Ya no hay plaza en las cooperativas cercanas, y en la última en que estuvo dejaron cesante a la mayoría por falta de liquidez.
“Soy una madre con dos niñas, necesito trabajar para alimentarlas y no tengo cómo. Están haciendo reducciones de plantilla, están sacando hasta a los hombres porque dicen que no tienen presupuesto”, afirma.
Después de varias quincenas sin recibir los pagos, algunos obreros agrícolas han desistido. Yoaima quedó excedente en su empresa gastronómica y tampoco halla lugar produciendo la tierra para el gobierno.
“Fui al Ministerio de trabajo, aunque sea en la agricultura y no hay”, dice Yoaima Ferrero, a quien los cursos ofrecidos por la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, tampoco le resultan una salida.
Los cursos de cocina y peluquería cuestan más de 200 pesos cada mes por los conocimientos recibidos, pero ella no ve solución ahí: “todos los meses hay que pagar eso y yo aunque quisiera no puedo porque tengo mis dos niñas enfermas”, concluye.
Condiciones infrahumanas
La empresa de Cultivos varios de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, no presenta un panorama más alentador que las anteriormente citadas. Falta de implementos de trabajo y ropa para estas duras labores son parte de las denuncias que hacen dos mujeres.
Las condiciones pésimas de trabajo hicieron a Josefa Pérez volver a casa. “Ahí se trabajaba a veces hasta descalzo, con los zapatos rotos, nos vendían una sola muda de ropa para el año, pero de vestir, de trabajo nunca nos vendían. Y machetes o limas, nos decían que no había presupuesto”, confirmó.
Ahora revende productos en su barrio de Palma Soriano. “A veces vendo pasteles en la calle, limpio casas para mantener a mis niñas, tuve que dejar de trabajar en la agricultura porque me dañó mucho el interior. Y a veces estábamos hasta tres meses sin cobrar porque decían no había presupuesto”, concluye.
En la misma empresa, Laura Torres Beltrán tuvo que dejar todo. “Salarios muy bajos, nos pasábamos 3 ó 4 quincenas sin cobrar y no había una respuesta que nos convenciera”, afirma esta mujer de 35 años de edad.
Con su edad Laura Torres cree que ha quedado fuera de las pocas opciones que ha ofrecido la FMC. “Ofrecen cursos, pero solo para personas muy jóvenes de 15 a 25 años”, opina.
“Trabajé en la agricultura porque es lo único que se ofrece aquí”, finalizó.
Cuatro mujeres estuvieron en el programa Contacto Cuba para hablar con Norma Miranda y quien escribe. Desde Maisí, en la punta oriental de Cuba, Yoaida Avilés Balzagar lleva 21 años aporcando café y cacao o sacando malangas que les pagan a cinco pesos cada lata.
Una cosecha imposible
Yoaida hace cuentas entre la vida en el campo y la ciudad. “Nos sacrificamos y no vemos la mejoría, estamos bajo el sol día tras día; pasamos 20 ó veintitantos años trabajando, entonces el que está sentado a la sombra, en menos de un año obtiene las cosas”, afirma con resignación.
Los impagos de las empresas estatales, que en ocasiones han sido objeto de críticas en la prensa oficial, embrecen aún más a las familias campesinas. “En muchas ocasiones, la mayoría de las siembras (cosechadas ya) se pierden porque no hay transportación, se echan a perder las mercancías, o por falta de envases y cuando se resuelven es a muy altos precios”, indica.
Cansada del trabajo más duro, en el año 2012 Yoaida intentó montar un negocio propio para vender refrescos y viandas fritas a los vecinos, pero el enjambre de inspectores estatales y delatores de barrio la llevaron a desistir.
“Yo tenía un punto de venta y tuve que deshacerme de él porque era demasiado la presión por parte de los inspectores. Todos los días estaban arriba de mí, haciéndome un conteo, me hacían guardia día por día hasta que me cansé y tuve que entregar la patente”, señala Yoaida.
Las patentes de productos alimenticios cuestan por igual en cualquier zona del país, independientemente de la cantidad de habitantes o del desarrollo económico de la zona.
“Una patente no es para que valga 400 pesos, más la mano de obra a un obrero que contratamos, casi mil pesos… ¿de dónde lo íbamos a sacar?", concluye.
El impago de las empresas
En la Loma del Cucumí, un caserío metido en las serranías de Baracoa, vive Yoaima Ferrero. Ya no hay plaza en las cooperativas cercanas, y en la última en que estuvo dejaron cesante a la mayoría por falta de liquidez.
“Soy una madre con dos niñas, necesito trabajar para alimentarlas y no tengo cómo. Están haciendo reducciones de plantilla, están sacando hasta a los hombres porque dicen que no tienen presupuesto”, afirma.
Después de varias quincenas sin recibir los pagos, algunos obreros agrícolas han desistido. Yoaima quedó excedente en su empresa gastronómica y tampoco halla lugar produciendo la tierra para el gobierno.
“Fui al Ministerio de trabajo, aunque sea en la agricultura y no hay”, dice Yoaima Ferrero, a quien los cursos ofrecidos por la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, tampoco le resultan una salida.
Los cursos de cocina y peluquería cuestan más de 200 pesos cada mes por los conocimientos recibidos, pero ella no ve solución ahí: “todos los meses hay que pagar eso y yo aunque quisiera no puedo porque tengo mis dos niñas enfermas”, concluye.
Condiciones infrahumanas
La empresa de Cultivos varios de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, no presenta un panorama más alentador que las anteriormente citadas. Falta de implementos de trabajo y ropa para estas duras labores son parte de las denuncias que hacen dos mujeres.
Las condiciones pésimas de trabajo hicieron a Josefa Pérez volver a casa. “Ahí se trabajaba a veces hasta descalzo, con los zapatos rotos, nos vendían una sola muda de ropa para el año, pero de vestir, de trabajo nunca nos vendían. Y machetes o limas, nos decían que no había presupuesto”, confirmó.
Ahora revende productos en su barrio de Palma Soriano. “A veces vendo pasteles en la calle, limpio casas para mantener a mis niñas, tuve que dejar de trabajar en la agricultura porque me dañó mucho el interior. Y a veces estábamos hasta tres meses sin cobrar porque decían no había presupuesto”, concluye.
En la misma empresa, Laura Torres Beltrán tuvo que dejar todo. “Salarios muy bajos, nos pasábamos 3 ó 4 quincenas sin cobrar y no había una respuesta que nos convenciera”, afirma esta mujer de 35 años de edad.
Con su edad Laura Torres cree que ha quedado fuera de las pocas opciones que ha ofrecido la FMC. “Ofrecen cursos, pero solo para personas muy jóvenes de 15 a 25 años”, opina.
“Trabajé en la agricultura porque es lo único que se ofrece aquí”, finalizó.
