El programa Cuba al día de MartíNoticias entrevistó al periodista y abogado independiente Alberto Méndez Castelló, sobre la gravedad de los cargos que enfrentan los cubanos, que habiendo escapado de la isla luego de apoderarse de un ferrocemento, fueron deportados desde Bahamas.
El abogado afirmó que la figura jurídica que enfrentan los acusados es la de robo con violencia e intimidación en las personas, la que, dijo, conllevaría en el pasado a una pena de fusilamiento, pero que al estar en moratoria la pena capital, les corresponde entonces una condena que oscilaría entre los 20 y los 30 años de cárcel.
Por otro lado, Méndez Castelló argumentó sobre la complejidad que enfrentaría la defensa de los acusados debido a la realidad jurídica en Cuba, donde no hay garantías procesales, y que si bien hubo un delito, en un país con un estado de derechos, habría que tener en cuenta atenuantes como las motivaciones políticas o ideológicas detrás de la acción acometida.
El grupo de trece cubanos se había lanzado al mar el pasado mes de diciembre a bordo de un barco de ferrocemento desde Puerto Padre, en Las Tunas. Fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses y entregados a las autoridades de Bahamas que los enviaron al Centro de Detención de Carmichel en Nassau, donde permanecieron encerrados sin ninguna protección de organizaciones humanitarias.
Los cubanos implicados en la fuga de la isla y posterior deportación son: Vladimir Durañona Blázquez, Gilberto Millán Aroca, Dunier Gómez Pérez (patrón de la embarcación), Joaquín Jorge Batista Pérez, Yunier Marrero Ojeda, Ernesto Pérez Ferrales, Osvaldo Ortiz Rodríguez, Jorge Luis Ortiz Rodríguez, Sandro Herrera Acosta, Maikel Ramil Ramos, Yoan Velázquez Jomarrón, Dreicer Silva Morales y Yanok Sánchez Morales (ambos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, organización opositora cubana).
El abogado afirmó que la figura jurídica que enfrentan los acusados es la de robo con violencia e intimidación en las personas, la que, dijo, conllevaría en el pasado a una pena de fusilamiento, pero que al estar en moratoria la pena capital, les corresponde entonces una condena que oscilaría entre los 20 y los 30 años de cárcel.
Por otro lado, Méndez Castelló argumentó sobre la complejidad que enfrentaría la defensa de los acusados debido a la realidad jurídica en Cuba, donde no hay garantías procesales, y que si bien hubo un delito, en un país con un estado de derechos, habría que tener en cuenta atenuantes como las motivaciones políticas o ideológicas detrás de la acción acometida.
El grupo de trece cubanos se había lanzado al mar el pasado mes de diciembre a bordo de un barco de ferrocemento desde Puerto Padre, en Las Tunas. Fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses y entregados a las autoridades de Bahamas que los enviaron al Centro de Detención de Carmichel en Nassau, donde permanecieron encerrados sin ninguna protección de organizaciones humanitarias.
Los cubanos implicados en la fuga de la isla y posterior deportación son: Vladimir Durañona Blázquez, Gilberto Millán Aroca, Dunier Gómez Pérez (patrón de la embarcación), Joaquín Jorge Batista Pérez, Yunier Marrero Ojeda, Ernesto Pérez Ferrales, Osvaldo Ortiz Rodríguez, Jorge Luis Ortiz Rodríguez, Sandro Herrera Acosta, Maikel Ramil Ramos, Yoan Velázquez Jomarrón, Dreicer Silva Morales y Yanok Sánchez Morales (ambos miembros del Movimiento Cristiano Liberación, organización opositora cubana).
