El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denunció en su más reciente informe que el régimen cubano aprovecha la propagación del COVID-19 para restringir, aún más, los derechos y libertades.
“Desde el inicio de la pandemia el Gobierno ha profundizado la limitación al ejercicio de derechos y libertades en Cuba, y no sólo contra la oposición y activistas de la sociedad civil, a los cuales sigue reprimiendo mediante detenciones arbitrarias, aplicación del Decreto Ley 370, citaciones a estaciones policiales, sino que ha ampliado el radio de intimidación a la población en general”, dijo a Radio Televisión Martí el asesor principal de la entidad, Yaxys Cires.
Apunta el documento que al menos 67 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en el mes de mayo fundamentalmente en La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.
De acuerdo con los datos recopilados en la isla por la red de activistas del OCDH ocurrieron, además, 74 actuaciones represivas de otro tipo, principalmente de acoso mediante citaciones policiales.
Según la organización, el gobierno ha utilización el sistema judicial para imponer el miedo con el empleo del método de "atestado directo del procedimiento”, que es un proceso penal sumario.
“Esos juicios, que son producto de procesos carentes de respeto a los principios universales del debido proceso, lo que buscan es intimidar,lo que buscan es infundir temor de manera generalizada en la población”, señaló Cires.
“Varios de estos procesos han sido transmitidos por los medios oficiales de comunicación, para que los ciudadanos vean lo implacable que puede ser el sistema”, recalcó.
Según la prensa oficial, solamente en La Habana se han realizado más de 500 juicios, principalmente por los delitos de desacato, desobediencia, resistencia, propagación de epidemia y actividad económica ilícita.
Asimismo, Cires explicó lo paradójico que resulta el hecho de que el gobierno lleve a juicios con guiones preestablecidos a personas por, supuestamente,no entender la gravedad de la pandemia cuando el propio gobierno no ha declarado el estado de emergencia.
El directivo del Observatorio ve también como un contrasentido que las autoridades quieran dar lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni el sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero.
