Un tribunal de Hong Kong encarceló el martes a 45 defensores de la democracia por hasta 10 años de prisión al final del mayor juicio de seguridad nacional de la ciudad, el cual duró 118 días y ha provocado críticas de Estados Unidos y Amnistía Internacional, entre otros gobiernos y organizaciones civilistas.
En total, 47 políticos de la oposición y activistas prodemocracia fueron acusados de "conspiración para cometer subversión" en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 de la ciudad por participar en unas primarias democráticas en el verano de 2020. Dos fueron absueltos, informó Radio Asia Libre, RFA.
El destacado activista por la democracia Benny Tai, acusado de ser el organizador de las elecciones primarias de 2020, fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que Joshua Wong, otro destacado activista, fue condenado a cuatro años y ocho meses.
El activista Owen Chow fue condenado a siete años y nueve meses y la ex periodista convertida en activista Gwyneth Ho a siete años.
El cargo de "conspiración para cometer subversión" conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
La seguridad era estricta fuera del Tribunal de Magistrados de West Kowloon, donde se dictaron las sentencias, con una fuerte presencia policial en las calles, indicó RFA.
Las embajadas de muchos países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Australia, enviaron representantes a la audiencia.
Los repetidos retrasos en el juicio de 118 días han significado que la mayoría de los acusados han estado tras las rejas durante más de tres años y medio, algo que antes no se había visto en el sistema judicial de Hong Kong, precisó RFA.
Treinta y uno de los acusados se declararon culpables y 16 negaron los cargos.
Los 47 exlegisladores prodemocracia y activistas de la oposición ayudaron a organizar unas elecciones primarias en julio de 2020, en un intento por encontrar a los mejores candidatos para una lista pandemocrática en las elecciones del Consejo Legislativo de la ciudad de septiembre de 2020.
La fiscalía argumentó que su intento de ganar la mayoría era "una conspiración" para socavar el gobierno de la ciudad y tomar el control del Consejo Legislativo.
El artículo 22 de la Ley de Seguridad Nacional de China para Hong Kong prohíbe a cualquier persona "interferir gravemente, interrumpir o socavar el desempeño de los deberes y funciones de conformidad con la ley por parte del órgano de poder central de la República Popular China o el órgano de poder de la Región Administrativa Especial de Hong Kong por la fuerza o la amenaza de fuerza u otros medios ilegales".
Más de 600.000 votantes participaron en las primarias, que formaron parte de un intento por ganar suficientes votos para que los candidatos prodemocráticos vetaran el presupuesto del gobierno, lo que habría ofrecido al campo de la oposición una valiosa influencia política a la hora de negociar con el gobierno.
Consternación en el mundo
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, pidió la liberación inmediata de todos los detenidos y expresó consternación por el deterioro de los derechos humanos en Hong Kong.
La Unión Europea dijo que los fallos son "un golpe sin precedente" contra las libertades fundamentales de la ciudad.
Jeremy Laurence, vocero de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que estaba "muy preocupado" por el uso de la ley de seguridad nacional para castigar y criminalizar acciones protegidas por las libertades de expresión y asociación.
El último gobernador colonial británico de Hong Kong, Lord Patten de Barnes, dijo que el juicio era parte de una purga política del gobernante Partido Comunista Chino.
Cuando se presentaron los cargos, el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, los calificó de "profundamente perturbadores" y dijo que mostraban cómo se estaba utilizando la ley de seguridad para eliminar la disidencia política en lugar de restaurar el orden tras el movimiento de protesta de 2019.
La entonces ministra de Relaciones Exteriores australiana, Marise Payne, dijo que los 47 acusados "estaban ejerciendo pacíficamente sus derechos", mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán pidió a las autoridades de Hong Kong que liberaran a los acusados y programaran las elecciones pospuestas al Consejo Legislativo "de manera justa y democrática".
"Las condenas masivas contra figuras de la oposición ponen de manifiesto el terrible estado del sistema de justicia", declaró Amnistía Internacional.
En respuesta a las condenas de hasta 10 años de cárcel la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, afirmó:
"Nadie condenado en este caso por motivos políticos debería pasar un día en la cárcel; y mucho menos tener que enfrentarse al tipo de largas condenas que se imponen hoy en día".
"Hace meses, calificamos estas condenas como una 'purga despiadada' de la oposición, y hoy eso se ha confirmado. Estas sentencias, a pesar de pasar por los movimientos de mitigación y respeto al debido proceso, están claramente destinadas a castigar a los opositores al gobierno de Hong Kong e intimidar a otros que se atrevan a seguirlas", agregó Brooks.
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