El Tribunal Municipal de Colón dejó concluso para sentencia este lunes el juicio contra cinco personas, entre ellas tres opositores, por su participación en las protestas populares de la localidad.
La Fiscalía pide para Raúl Santana López una condena 10 años de privación de libertad, para César Adrián Delgado Correa, 7 años, y para los activistas Francisco Rangel Manzano, 7 años y Leylandys Puentes Vargas, 8 años. Todos están en prisión preventiva.
Asimismo, el órgano acusador solicita una sanción de 7 años de prisión a la dama de blanco Tania Echavarría, quien, actualmente, se encuentra bajo la medida cautelar de reclusión domiciliar.
“La sentencia firme la darán el 5 de enero. Todos los testigos de la Fiscalía eran policías y agentes de la Seguridad del Estado. Son bastante mentirosos porque dijeron cosas que no eran verdad, pero eso era de esperar. No hubo contradicciones entre ellos porque ese es un juicio ya hecho de antemano”, indicó a Radio Televisión Martí, Tania Echavarría.
Los cinco son acusados de “Desacato” y “Desórdenes públicos”. Delgado Correa y Santana López están imputados, además, por “atentado”.
“A los cuatro hombres los trajeron con shakiras [esposados de pies y manos] como si fueran unos peligrosos criminales. El edificio del tribunal estaba rodeado de fuerzas represivas e igual las casas de los opositores”, dijo Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano.
Rangel Manzano y Puentes Vargas son miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cuyo presidente Félix Navarro permanece arrestado desde el 12 de julio cuando fue a la estación policial de Colón a interesarse por los detenidos en las marchas del día anterior.
La Fiscalía argumenta contra los tres opositores que no realizan "ninguna labor socialmente útil" y se relacionan con individuos "de mala conducta".
“A Pancho [Rangel Manzano], que solo había caminado 30 metros cuando lo cogieron, lo culparon de liderar la manifestación. La abogada de oficio lo defendió bien. Alegó que no podía encabezar la marcha si se incorporó lejos de donde empezó”, señaló Burunate.
Actores de la sociedad civil han advertido que las severas sanciones pedidas para los participantes en el estallido social buscan infundir terror en la población, a la vez que, un fuerte escarmiento contra aquellos que se atrevieron a “atentar contra el orden establecido”.
“Esto es una tiranía grande, pero tiene que tener su fin en algún momento”, concluyó Tania Echavarría.
