La Seguridad del Estado advirtió al exprisionero político Iván Hernández Carrillo, presidente del Centro Cubano de Derechos Humanos, que se le iniciaría un proceso investigativo por recopilar información sobre los manifestantes del 11 de julio encarcelados.
“Me comunicaron que se me acusaba de un presunto delito de ‘mercenarismo’ por estar confeccionando una lista de prisioneros políticos vinculados a las protestas pacíficas del pasado 11 de julio. Agregaron que a través de esa lista estaba entrelazando a los familiares de estos muchachos con organizaciones del exilio que los están ayudando con alimentos y medicinas, algo totalmente humanitario y me insistió que, de continuar haciendo esa labor, sería procesado por los tribunales”, relató a Radio Televisión Martí, Hernández Carrillo, quien aseguró que fue informado del interrogatorio mediante una citación por escrito que le fue entregada en su vivienda de Colón, Matanzas.
Los oficiales comunicaron al también sindicalista que se mantiene la restricción de movimiento que le tienen impuesta desde hace varios meses y que, además, no podría salir de su localidad sin antes no avisar a los mandos de la policía política que se encargan de su caso.
“Me amenazaron con que no me permitirían más reuniones con sindicalistas de La Habana”, denunció Hernández Carrillo que es el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
“Por mi parte, dije que el tema de los prisioneros políticos no admite otra discusión que no sea su excarcelación”, señaló el activista que se negó a firmar un acta de advertencia donde se describían los cargos por los que está acusado.
“Se trata, por supuesto, de una espiral represiva que cada día sube de tono y que nos mantiene muy preocupados. Por lo pronto, estamos comunicando lo que está sucediendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA [Organización de Estados Americanos], al director general de la OIT¨[Organización Internacional del Trabajo] para que tomen nota, porque se trata de actos concretos de ataque, hostigamiento y persecución con detenciones y agresiones físicas contra sindicalistas independientes entre otras acciones de injerencia antisindical por parte del régimen, que desconoce las recomendaciones que le hizo el Comité de Libertad Sindical”, destacó.
“No estamos hablando de un hecho que acaba de ocurrir sino de más de 20 acciones concretas de represión política. El régimen cubano ha dado, una vez más, prueba suficiente del abuso de lo establecido, violentando sus propios preceptos para emplearlo en situaciones que no se ajustan a lo establecido en las leyes”, concluyó Hernández Carrillo.
