Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio.
La directora de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que más de mil personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y otras muchas se encuentran bajo arresto domiciliario.
También quiso alertar sobre los esfuerzos del gobierno para limitar la libertad de expresión, señalando que, después de las protestas del 11 de julio, se puso en vigor el Decreto Ley número 35 que legaliza los cortes masivos de acceso a Internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet.
“Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de una manifestación o la convocatoria online de protesta fue calificada como difusión dañina ciberterrorismo, ciberguerra y subvención social”, señaló Diversent.
Michel Matos, del Movimiento San Isidro, habló de la represión y censura contra los artistas señalando que la detención es un recurso utilizado para callar el disenso de los artistas.
Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, declaró que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las calles el pasado 11 de julio, entre ellas, “la crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la económica y la de derechos civiles y politicos”.
Marthadela Tamayo, también del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas, “hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud popular de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre”.
También pidieron a la Comisión seguir de cerca el desarrollo de esa situación y exhortar al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes.
Por su parte, el relator de la CIDH para Cuba, Stuardo Ralón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.
“Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que, lejos de ello, se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades”, opinó Ralón.
Ralón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que “las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla”.
