América Latina
Biden apunta al oro de Nicaragua con sanciones
El gobierno de Estados Unidos está aumentando la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibirle a los estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, planteando la posibilidad de imponer restricciones comerciales y retirando las visas a unos 500 allegados del gobierno.
Las acciones, incluidas en una orden ejecutiva firmada el lunes por el presidente Joe Biden, son quizá las medidas más agresivas de Washington para castigar al exlíder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano, y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia.
Sanciones previas de Estados Unidos se han enfocado en Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y familiares y otros allegados. Pero ninguna de esas medidas ha afectado el poder del mandatario, cuyo blanco más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él y a otros clérigos.
La nueva orden de Biden amplía significativamente una que fue emitida durante la presidencia de Donald Trump, donde declara las violaciones a las normas democráticas, los atentados contra el estado de derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Junto con sanciones simultáneas anunciadas por el Departamento del Tesoro contra la Dirección General de Minas, la orden ejecutiva prácticamente hace que sea ilegal para los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense.
Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía de Nicaragua, y en el futuro podría ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del gobierno de Ortega.
La orden ejecutiva también allana el camino para que Washington pueda restringir las inversiones y el comercio con Nicaragua, medidas que recuerdan el severo embargo impuesto por Estados Unidos en la década de 1980 durante el primer gobierno sandinista de Ortega, tras la sangrienta guerra civil.
"Los continuos ataques del régimen Ortega-Murillo contra actores democráticos y contra miembros de la sociedad civil, y la detención injusta de prisioneros políticos, demuestran que el régimen siente que no tiene que respetar el estado de derecho", declaró Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera.
"Podemos usar y usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para negarle al régimen Ortega-Murillo los recursos que necesita para socavar las instituciones democráticas".
En sus comentarios diarios con la prensa oficial, Murillo no mencionó directamente las sanciones estadounidenses ampliadas, pero dijo que los nicaragüenses son "defensores de la soberanía nacional".
Leyó también una carta de Ortega en la que felicita al presidente chino Xi Jinping, que el domingo fue nombrado para otro periodo al frente del Partido Comunista, en la que Ortega cuestionó lo que dijo es la "agresiva codicia imperial" de Occidente.
Las acciones del lunes podrían augurar una nueva ofensiva contra la economía nicaragüense, algo que el gobierno de Biden ha sido renuente en tomar para no agravar las penurias económicas del país centroamericano y no provocar más emigración.
Para el año fiscal que concluyó en septiembre, agentes fronterizos de Estados Unidos encontraron nicaragüenses en la frontera casi 164.000 ocasiones, más del triple que en el año previo.
Al mismo tiempo, ha aumentado en Washington la frustración por la manera como las élites económicas de Nicaragua han guardado silencio ante la represión por parte del gobierno de Ortega.
La decisión de Biden de enfocarse en la industria aurífera nicaragüense podría privar al gobierno de Ortega de una de sus principales fuentes de financiamiento. El oro fue la principal exportación de Nicaragua en 2020, y el país, ya el mayor productor del metal precioso en Centroamérica desea duplicar la producción en los próximos cinco años.
De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, el país exportó un récord de 348.532 onzas de oro en 2021, y su asociación minera pronostica que en 2023 las exportaciones alcanzarán un total de 500.000 onzas.
Entre los inversores extranjeros activos en Nicaragua está Condor Gold, cuyo director general Mark Child apareció en una foto con Ortega en una presentación hecha en septiembre para inversionistas preparada por la empresa con sede en Gran Bretaña.
"Básicamente, él apoya totalmente el proyecto", declaró Child en una entrevista en marzo tras un encuentro de 90 minutos con Ortega. "Ese encuentro... básicamente le da luz verde a la construcción del proyecto y su financiamiento, y le elimina los riesgos".
Condor, que cotiza en las bolsas de Londres y Toronto, tiene licencias para explotar tres minas a cielo abierto, de las cuales la más avanzada tendría 602.000 onzas de oro por un valor de 900 millones de dólares a los precios actuales. Condor es en parte propiedad de un ingeniero estadounidense que ha trabajado durante décadas en Nicaragua.
Las acciones de Condor subieron 2 centavos (3,8%) tras el anuncio de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, los títulos de otra empresa que cotiza en Toronto con actividades mineras en Nicaragua, Calibre Mining Corp, perdieron 17 centavos (17%).
La firma con sede en Vancouver tiene varios proyectos mineros en Nicaragua, que se cree contienen 2,9 millones de onzas de oro.
Como parte de las acciones tomadas el lunes, el Departamento del Tesoro también congeló los activos en Estados Unidos de Reinaldo Lenín Cerna, a quien describió como asesor cercano de Ortega. Según el Departamento del Tesoro, Cerna fue el jefe de la seguridad estatal durante la primera presidencia de Ortega y supuestamente ayudó a llevar a cabo el asesinato de quien fue el jefe de seguridad del exdictador Anastasio Somoza.
Además, el Departamento de Estado le retirará las visas a más de 500 individuos nicaragüenses y sus familiares que trabajan para el gobierno de Ortega o ayudan a formular, implementar y beneficiarse de políticas que socavan la democracia en el país, dijeron funcionarios estadounidenses a The Associated Press a condición de guardar el anonimato.
Previamente, congeló los activos en Estados Unidos del ministro de Defensa y de otros miembros de las fuerzas de seguridad vinculados al cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales.
Anteriormente, el gobierno de Biden sancionó a la empresa estatal de minería y modificó la cuota del azúcar nicaragüense, retirándole un subsidio que valía millones de dólares al año.
Los nicaragüenses empezaron a emigrar en 2018, inicialmente a la vecina Costa Rica, cuando Ortega empezó a reprimir protestas violentamente. En 2021, las fuerzas de seguridad empezaron a detener líderes opositores, incluyendo varios que se perfilaban como candidatos contra Ortega en las elecciones de ese año. Al no tener un contrincante serio, ganó fácilmente un cuarto mandato quinquenal consecutivo y más nicaragüenses huyeron del país.
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Jefa del Comando Sur apuesta por “solución diplomática” para Venezuela
La general Laura J Richardson, jefa del Comando Sur de EEUU, aboga por acciones diplomáticas de los países que apoyan la democracia para solucionar la crisis en Venezuela.
Acciones diplomáticas de los países que apoyan la democracia es lo que plantea para Venezuela la general Laura J Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en momentos en que se ha agravado la crisis política en la nación sudamericana por la salida al exilio del excandidato opositor Edmundo González Urrutia.
La encargada del Comando Sur, una unidad militar de Estados Unidos para asuntos de seguridad y defensa en Latinoamérica y el Caribe, aseguró que lo que está pasando en Venezuela “tiene un impacto muy severo en la región” debido al flujo masivo de personas que han abandonado el país para “evitar una crisis humanitaria”.
Ante una pregunta de la Voz de América sobre qué tan preparado está Estados Unidos para la eventualidad de que el presidente Nicolás Maduro siga en el poder por seis años más tras proclamarse ganador de las elecciones sin revelar las actas de votación, la general Richardson aseguró: “Seguiremos trabajando, todos nosotros, como parte del equipo pro-democracia en todo el mundo en favor de una solución política y diplomática para Venezuela”.
La oficial estadounidense habló con la prensa durante un homenaje organizado por la embajada de Colombia en Washington en la que destacó el trabajo conjunto histórico entre Estados Unidos y Colombia en asuntos de seguridad, defensa y liderazgo regional.
La general Richardson dijo que consideraba a Colombia como parte del “equipo democracia” en lo que concierne a Venezuela. La cancillería de Colombia, por su parte, ha insistido en un “diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política” en Venezuela, pero no ha reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, como lo hizo Estados Unidos.
Este jueves la Unión Europea fue más allá y reconoció a González como el presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela”.
El reconocimiento de la Unión Europea fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela que en un documento calificó la postura de la Unión Europea como una "grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela”.
ELN reivindica ataque contra militares que causó suspensión de diálogo con gobierno de Colombia
El ataque fue perpetrado el martes en un poblado rural de Arauca, departamento fronterizo con Venezuela. Según el ejército, los explosivos fueron lanzados a los militares desde un vehículo de carga.
La guerrilla Ejército de Liberación Nacional asumió el viernes la autoría de un ataque con explosivos contra una unidad militar al este de Colombia en el que murieron tres militares y 26 resultaron heridos, lo que derivó en que el gobierno suspendiera indefinidamente las negociaciones de paz.
El ELN indicó que el fuerte militar “fue atacado con artillería propia” y justificó que se trató de un accionar “legítimo” porque, aseguró, algunos militares tenían presuntas alianzas con paramilitares.
El ataque fue perpetrado el martes en un poblado rural de Arauca, departamento fronterizo con Venezuela. Según el ejército, los explosivos fueron lanzados a los militares desde un vehículo de carga.
El comunicado fue difundido por la delegación de paz del ELN y firmado por el frente que opera en Arauca, donde fue perpetrado el ataque. En el documento el frente asegura que cumplió “orientaciones” de la máxima instancia de la guerrilla sobre una mesa de paz congelada y en crisis desde marzo.
El ELN, fundado en 1964 e inspirado en la revolución cubana, tiene presencia en más de 200 municipios del país, con especial influencia en la frontera con Venezuela, según las autoridades. Tiene una estructura de bloques y responde a un comando central.
El ataque en Arauca sumió en su más honda crisis a la mesa de diálogo que se instaló con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro en noviembre de 2022, luego de que las negociaciones permanecieran suspendidas por más de tres años con el anterior gobierno colombiano a causa de otro ataque con explosivos en Bogotá que causó la muerte de 22 personas e hirió a decenas.
Para Petro, el ataque es prácticamente una “acción que cierra un proceso de paz con sangre”, según dijo el martes dando un ultimátum a la guerrilla.
Sin embargo, un día después la delegación de paz del gobierno informó la suspensión indefinida de los diálogos y no su cierre, advirtiendo que la viabilidad del proceso quedó “severamente lesionada” por el ataque y “su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”.
Edmundo González dice que fue forzado a reconocer victoria de Maduro, oficialismo amenaza con "pruebas"
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, aseguró que firmó bajo “coacción” un documento que reconocía la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela. El oficialismo instó al líder exiliado a desmentir la versión o mostraría pruebas.
El excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, dijo este miércoles que firmó bajo “coacción” un documento que reconoce la victoria del presidente Nicolás Maduro, para garantizar su salida de Venezuela, una versión que el oficialismo le instó a desmentir bajo advertencia de que divulgará audios de sus conversaciones.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podría ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano”, precisó González Urrutia en un video divulgado en redes sociales.
En la publicación de poco más de dos minutos, el excandidato - cuya victoria en las elecciones presidenciales es defendida por la oposición con la publicación de actas de votación - aseguró que la vicepresidenta del gobierno Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, acudieron a la embajada de España en Caracas donde estuvo resguardado para presentarle un documento que tendría que refrendar para salir del país.
“Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento”, manifestó González Urrutia quien se identificó como presidente electo de Venezuela e insistió en que jamás traicionará a sus electores.
El video de González Urrutia fue divulgado mientras Jorge Rodríguez, ofrecía una conferencia de prensa en la que mostró la carta firmada por el excandidato presidencial.
“Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera, yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario, no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo, tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente (…) si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho, voy a mostrar las pruebas”, dijo Rodríguez.
“Si usted firmó bajo coacción, ¿cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela?”, continuó el presidente del Parlamento de mayoría oficialista.
En la carta, González Urrutia presuntamente expresa su decisión de pedir asilo político en España y afirma que “acata” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó los resultados electorales que dieron a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rodríguez mostró fotografías en las que se le ve junto a la vicepresidenta, un representante de la embajada española y a González Urrutia leyendo un documento.
Posteriormente mostró el video en el que se ve al excandidato presidencial opositor abordando un avión de la Fuerza Aérea Española que lo trasladó a Madrid.
Tras aterrizar, González Urrutia, quien junto a su esposa llegó a España a inicios de este mes tras solicitar asilo político luego de que el gobierno venezolano le concedió el salvoconducto necesario para irse del país, afirmó que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”.
El embajador retirado de 75 años, que de acuerdo a las copias de las actas que conservaron los testigos de la oposición ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, salió de Venezuela días después de que la justicia de su país emitió una orden de arresto en su contra, tras no comparecer a tres citaciones del Ministerio Público que lo investiga, entre otros delitos, por presunta “usurpación de funciones”, por la publicación de las copias de las actas en una página web.
Maduro afirmó en días recientes que condujo personalmente el proceso que culminó en el exilio de González Urrutia, pero dijo que no revelaría detalles argumentando que se reservaba el “derecho constitucional al secreto de Estado”.
Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido a Maduro, proclamado ganador de los comicios, como presidente electo.
Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
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