La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a China a revisar sus políticas antiterroristas para garantizar que cumplen con las normas internacionales de derechos humanos.
La expresidenta de Chile aseguró que en su visita al país comunista pidió "una revisión de todas las políticas de lucha contra el terrorismo y de desradicalización para garantizar que cumplen plenamente las normas internacionales de derechos humanos y, en particular, que no se aplican de forma arbitraria y discriminatoria”.
Bachelet reiteró que su viaje de seis días, que finalizó el sábado e incluyó una visita a la región autónoma de Xinjiang, no era una investigación: “las visitas oficiales de un Alto Comisionado son, por su naturaleza, de alto perfil y simplemente no conducen al tipo de trabajo detallado, metódico y discreto de una investigación”, explicó.
Organizaciones internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos criticaron a la Alta Comisionada por no publicar informes sobre la persecución a la minoría uigur.
"Estamos profundamente preocupados por la próxima visita" de la alta funcionaria de la ONU, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a los periodistas.
Es “clarísimo” que China utilizó su visita para “impulsar su propia narrativa y defender su pobre balance en materia de derechos humanos”, dijo Alkan Akad, de Amnistía Internacional en China.
El objetivo era “mostrar al mundo que China puede doblegar a un alto funcionario de derechos humanos a su voluntad”, estimó por su parte Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch para China.
La visita, la primera de un responsable de este cargo en 17 años, “fue una oportunidad para mantener conversaciones directas -con los más altos dirigentes de China- sobre derechos humanos, para escucharnos mutuamente, plantear preocupaciones”, añadió Bachelet.
La Alta Comisionada reconoció que no pudo “evaluar la magnitud” de los llamados centros vocacionales de educación y entrenamiento (VETC por sus siglas en inglés)”, pero planteó al gobierno chino la falta de supervisión judicial independiente sobre el funcionamiento del programa y las acusaciones de uso de la fuerza, malos tratos y graves restricciones a la práctica religiosa.
También dijo que, en Hong Kong las “detenciones de abogados, activistas, periodistas y otras personas en virtud de la Ley de Seguridad Nacional son muy preocupantes”.
Además, espera que “China se una al creciente impulso internacional hacia la abolición de la pena de muerte”.
