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Amnistía Internacional se pronuncia sobre prisión de Rodiles en Cuba


Amnistia Internacional.
Amnistia Internacional.

Apunta Amnistía Internacional que Antonio Rodiles ha sido puesto en detención (prisión provisional), pero que no se ha fijado fecha para el juicio.

Amnistía Internacional declara que los cargos contra el crítico del régimen cubano, Antonio Rodiles, pueden ser utilizados para sancionar y prevenir la resistencia pacífica en Cuba.

Asegura la organización internacional que el coordinador de una iniciativa de la sociedad civil pide al gobierno ratificar los tratados internacionales de derechos humanos y que, en respuesta, es acusado de "resistencia a la autoridad".

Apunta Amnistía Internacional que Antonio Rodiles ha sido puesto en detención (prisión provisional), pero que no se ha fijado fecha para el juicio.

Poco después de la detención de la abogada y periodista independiente Yaremis Flores, el 7 de noviembre, Rodiles, su esposa y varios otros críticos del gobierno comunista fueron a la sede del Departamento de Seguridad del Estado, conocido como la Sección 21, en el barrio de Marianao, en La Habana, para preguntar por su paradero y, antes de que pudieran llegar al edificio, fueron abordados por personas, todas vestidas de civil pero bajo órdenes del Ministerio del Interior, que los arrestaron y golpearon.

Todos los activistas fueron liberados el 11 de noviembre, con excepción de Rodiles.

El Ministerio Público (fiscalía) informó a la mujer de Antonio Rodiles el 14 de noviembre que se le acusaba por "resistencia a la autoridad", pero un documento de acusación formal aún no se ha publicado.

Antonio Rodiles es uno de los coordinadores de la Demanda Ciudadana por otra
Cuba, una iniciativa que pide al régimen comunista que ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el país firmó en 2008.

Amnistía Internacional concluye que los cargos en contra de Rodiles pueden ser utilizados para castigar y prevenir actividades pacíficas críticas del Gobierno.
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