Activistas cubanos reaccionaron hoy al Informe Anual sobre Derechos Humanos y Democracia 2019 presentado por la Unión Europea (UE).
El reporte constató "importantes restricciones" en la libertad de expresión, asociación y reunión en Cuba, así como "numerosas detenciones arbitrarias" y el "encarcelamiento de varios presos de conciencia".
“Yo creo que se han quedado lejos, aunque no obstante están tocando algunos puntos que hace un tiempo no tocaban”, dijo Antonio González Rodiles, director del proyecto Estado de SATS.
El opositor también destacó que el informe menciona al menos las violaciones que existen con respecto a los derechos civiles y políticos, pero ensalza o califica de positivo, la situación de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual, según Rodiles, es falso.
"En ese sentido habrá que ver cuál es la política que va a seguir en un futuro inmediato la Unión Europea con respecto al régimen, pero lo que estamos viviendo acá adentro, incluso lo relacionado con los derechos psicológicos, sociales y culturales es un detrimento terrible", agrega.
Cuba admitió recientemente que las actitudes racistas, así como la violencia de género, siguen siendo problemas serios, indica el informe.
La Habana continúa manteniendo una moratoria de facto sobre la pena de muerte, aunque hasta la fecha no ha abolido la pena capital, precisa.
Las detenciones arbitrarias, y la aprobación del decreto 370/2018 o “Ley de Azote” sobre la digitalización de la sociedad cubana ha generado la preocupación de que podría usarse para restringir los medios independientes, también preocupa a la Unión Europea.
La periodista independiente María Matienzo, declaró desde La Habana algunos aspectos positivos del reporte.
“A mí me parece que están bastante acertados con respecto a lo que plantea el documento. ¡Qué bueno tener respaldo internacional y qué bueno que se estén dando cuenta de que Cuba es una dictadura pese a los lazos económicos que intente establecer!”, declaró la activista.
Según recoge el informe, la Unión Europea y sus Estados miembros mantuvieron un contacto regular con los defensores de los derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil independiente.
