Cuba
Informe Anual de Amnistía Internacional denuncia represión y discriminación muy extendida en Cuba
Amnistía Internacional publicó el martes en la noche su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual advierte que en Cuba continuó el año pasado “la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas”.
“Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso”, precisó el documento al inicio del capítulo acerca de Cuba.
Además, en la isla continuó “la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad”.
Acerca de la discriminación, Amnistía indicó que siguió estando muy extendida y afectó a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.
Al analizar el contexto político de la nación, Amnistía recalcó que Cuba “carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los Principios de París”.
“El país seguía cerrado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales encontraban impedimentos para hacer el seguimiento de los juicios de disidentes de la esfera política”, señaló.
En noviembre, la Unión Europea y Cuba mantuvieron su cuarto diálogo sobre derechos humanos, “en el que la UE expresó preocupación por las detenciones y las largas condenas de prisión relacionadas con las protestas de julio de 2021”.
En 2023 se implementó un nuevo Código Penal “que mantenía la pena de muerte, así como disposiciones que limitaban los derechos humanos y se utilizaban para acallar y encarcelar a activistas”, destacó el informe.
Disidentes y manifestantes en la cárcel
Acerca de la represión a la disidencia, Amnistía denunció que la vigilancia y el hostigamiento de activistas, opositores, periodistas y artistas seguían siendo generalizados. “La detención arbitraria y los procesos penales sin las debidas garantías continuaban siendo prácticas habituales, y quienes se encontraban en situación de privación de libertad soportaban duras condiciones penitenciarias”.
Amnistía citó estudios de la organización Justicia 11J, el cual dijo que al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que se habían celebrado en toda la isla el 11 de julio de 2021.
El 6 de mayo, “el gobierno reaccionó con fuerza excesiva ante la protesta por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos que tuvo lugar en el municipio de Caimanera, Guantánamo. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de al menos cinco manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”.
El 26 de mayo, el órgano legislativo cubano “aprobó una ley sobre comunicación social que mantenía la prohibición de los medios de comunicación de propiedad privada y establecía restricciones excesivas en relación con la información pública y el uso de Internet”.
Esa ley, advirtió Amnistía, otorgaba al gobierno facultades “para ordenar a los operadores de telecomunicaciones que dejaran de prestar sus servicios a quienes publicaran información que se considerara perjudicial para el orden público o la moralidad”.
“José Daniel Ferrer García, activista político y líder opositor que lleva detenido desde julio de 2021 —fecha en la que también había sido sometido a desaparición forzada—, estuvo recluido en régimen de incomunicación mientras su salud se deterioraba. Al concluir el año, continuaba privado de libertad”, agregó el informe.
Otro problema en Cuba el año pasado es que “era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas”.
Por ejemplo, en mayo de 2023, el periodista Yeris Curbelo Aguilera “fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado” tras haber informado sobre las protestas en Caimanera.
Otros presos políticos
El 14 de febrero, agentes de seguridad del Estado “detuvieron en su domicilio de La Habana a Josiel Guía Piloto, que ya había estado recluido de forma arbitraria en 2011 por ejercer la disidencia política”.
El gobierno mantuvo recluidos a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel ‘Osorbo’ Castillo Pérez, “que habían sido condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, en un proceso judicial sin las debidas garantías”.
Asimismo, las autoridades “rechazaron la recomendación del personal médico gubernamental de excarcelar a Loreto Hernández García por motivos de salud. Su esposa Donaida Pérez Paseiro y él —ambos, activistas negros, sacerdotes y líderes de la asociación Yorubas Libres de Cuba— eran presos de conciencia y llevaban detenidos desde 2021 por su participación pacífica en las protestas que se habían celebrado en toda la isla”.
Crisis humanitaria
"La población tenía dificultades para conseguir alimentos suficientes, la escasez de combustible redujo la accesibilidad del transporte y se produjeron apagones constantes durante todo el año", explicó la organización.
“El gobierno declaró en mayo que la crisis económica afectaba a las importaciones esenciales de combustible, alimentos y productos agrícolas, y reiteró la situación crítica en septiembre, cuando se pronosticaron más apagones”, señaló el informe.
Amnistía citó en este contexto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual expresó en abril su preocupación sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba y concluyó “que había problemas importantes, entre ellos la inseguridad del empleo, la falta de medidas de higiene y seguridad, despidos injustificados por motivos de opinión política, vulneraciones de la libertad de asociación y la falta de reconocimiento del derecho a la huelga”.
Discriminación, racismo y violencia de género
Al concluir el capítulo sobre la situación en Cuba, afirmó que persistía la discriminación, “que afectaba especialmente a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas”.
“La población afrodescendiente seguía sufriendo las consecuencias del racismo histórico y sistémico. Hubo activistas que denunciaron la persistencia de las desigualdades raciales, lo que provocaba disparidad entre grupos raciales en la representación política, el acceso a una vivienda adecuada y el empleo, entre otros derechos”, informó Amnistía.
A pesar de esta situación, “el gobierno no recopiló ni publicó datos sobre las desigualdades raciales desglosados por raza y etnia”.
Además, “continuaba la discriminación por motivos de género” y la Legislatura “no incluyó el femicidio como delito en el Código Penal”, pese a que las ONG y la prensa independiente denunciaron la muerte de al menos 86 mujeres “en lo que aparentemente fueron agresiones por motivos de género”.
Otras declaraciones sobre Cuba
A inicios de abril, la organización publicó online el libro Imágenes de Rebeldía, el cual aborda la lucha pacífica por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Se trata de "un testimonio vibrante de la resistencia cívica en Cuba junto a una selección emotiva de las más de 21 mil cartas y dibujos de apoyo global recibidas por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, en el marco de una campaña coordinada por Amnistía Internacional por su liberación", indicó Amnistía.
"La obra muestra los momentos inspiradores de movilización desde finales de 2020 hasta las protestas de julio de 2021, así como la severa represión gubernamental y las historias de cinco personas presas de conciencia; José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. Este libro también es un llamado a la acción, que invita a las y los lectores a sumergirse en las poderosas historias detrás de cada imagen y a unirse a la demanda por una #CubaSinRepresión", escribió la organización.
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Migrantes hacen pausa en Brasil tras nuevas normas de asilo de EEUU
Migrantes, policías, funcionarios y analistas sostienen que las nuevas normas de asilo del presidente Joe Biden han generado una actitud de espera entre los migrantes que están en Brasil, al menos por ahora.
Docenas de migrantes duermen en un refugio de madera de seis habitaciones infestado de mosquitos en la Amazonía brasileña, con sus sueños de una vida mejor en Estados Unidos en suspenso debido a las nuevas normas de asilo del presidente Joe Biden.
Johany “Flaca” Rodríguez, de 48 años, estaba dispuesta a dejar atrás las dificultades de la vida en Venezuela. Ha estado esperando en el albergue que cobija a 45 personas en Assis Brasil, una ciudad de 7.000 habitantes en la frontera con Perú, porque otros le han contado lo complicado que se ha vuelto ahora el viaje a Estados Unidos.
Migrantes, policías, funcionarios y analistas sostienen que las acciones de Biden han generado una actitud de espera entre los migrantes que están en la mayor economía de Latinoamérica, al menos por ahora. Como en cualquier lugar a lo largo de las rutas que emprenden hacia sus esperadas nuevas vidas, las comunidades locales se topan con dificultades para satisfacer las necesidades de las nuevas poblaciones.
Tras dormir en colchones sucios y en hamacas medio rotas, y de comer arroz, frijoles y carne picada, Rodríguez decidió este mes que ella y su perro Kiko pasarían unas semanas con unos amigos en el estado sureño de Río Grande do Sul.
Con una cinta en la cabeza, leggings y una pequeña mochila, Rodríguez se levantó temprano para recorrer a pie, en dos días, más de 100 kilómetros (62 millas) hasta una ciudad cercana de 27.000 habitantes. Allí espera poder ganar algo de dinero y tomar un bus al sur del país, para llegar a Estados Unidos algún día.
“Tengo que quedarme aquí hasta que sea más seguro irme”, apuntó Rodríguez. “No estoy muy contenta de quedarme (en Brasil) pero es lo que puedo hacer”.
Brasil ha visto pasar oleadas de migrantes hacia Norteamérica en la primera parte del año. Había indios, bengalíes, senegaleses y nigerianos, entre otras nacionalidades, dijo Rêmullo Diniz, coordinador de Gefron, la unidad policial del estado de Acre para operaciones fronterizas.
Cuando Biden anunció las nuevas medidas, muchos en esos grupos comenzaron a quedarse en sus países en lugar de viajar a Latinoamérica, de acuerdo con funcionarios del gobierno de Brasil y analistas independientes. Para los ciudadanos de la región, es más fácil: Brasil permite a los residentes de 10 países vecinos quedarse hasta dos años sin necesidad de visa.
El gobierno estadounidense dijo la semana pasada que las detenciones por entradas ilegales desde México cayeron más del 40% desde que se susupendió temporalmente la tramitación del asilo en la frontera el 5 de junio. Los arrestos cayeron a menos de 2.400 diarios por primera vez en la presidencia de Biden.
El estado de Acre ofrece una instantánea de la actitud de muchos migrantes, y plantea la posibilidad de que la región y otros puntos de descanso se conviertan en opciones a largo plazo.
Assis Brasil tiene poco que ofrecer a los migrantes salvo el refugio de madera donde se alojaba Rodríguez y un gimnasio escolar donde pueden dormir 15 hombres. Hay dos pequeños hoteles y una parada de autobús que utilizan las camionetas que cruzan a Perú. Cuenta con cinco restaurantes repartidos por su carretera principal, dos tiendas de comestibles y una heladería que ofrece sabores amazónicos como los elaborados con las frutas cupuaçu y taperebá. Los migrantes suelen pedir dinero en la única plaza de la ciudad.
Hay tres vuelos diarios a la capital estatal, Rio Branco, a donde Jay, de 21 años, llegó desde India con la intención de viajar a Estados Unidos para estudiar ingeniería.
Con una gorra blanca que decía “RÍO DE JANEIRO”, Jay, que no quiso revelar su apellido ni su ciudad natal, apuntó que “tardaría demasiado tiempo si me quedara sentado esperando” en India.
“Es un viaje largo, muy arriesgado. Pero es mi sueño estudiar allí y lo conseguiré”, afirmó.
El estado más occidental de Brasil es un enclave remoto en el medio de la selva, utilizado por turistas como parte de una ruta alternativa para visitar Cuzco, la capital del antiguo imperio inca en Perú.
Uno de los principales atractivos de Assis para los lugareños en sentarse en los bancos de su plaza, Senador Guiomard, a ver fútbol en televisión y comer asado. Los fundadores de esta pequeña ciudad llegaron a la Amazonía en 1908 para poner en marcha una plantación de caucho que, 50 años después, se convirtió en ciudad. No ha cambiado mucho desde entonces, a pesar de la carretera BR-317 que pasa por la zona, la única conexión terrestre entre Brasil y Perú. Cuando los residentes se aburren, algo que ocurre a menudo, van a la vecina ciudad peruana de Iñapari para tomar un trago, normalmente un pisco sour.
El venezolano Alexander Guedes Martinez, de 27 años, dijo que se quedará todo el tiempo que haga falta para conseguir más dinero y, quizás en un año, ir a Houston, donde tiene familia. Llegó con su pareja de 17 años y su bebé de cinco meses.
En el albergue de Assis Brasil donde se alojaban el mes pasado, apuntó que espera “regresar a Venezuela y conseguir documentos clave para intentar cruzar de mejor forma".
“Quiero ser más prudente por mi hija", contó. “Estar aquí ayuda”.
La patrulla estatal de Acre cuenta con unos 40 agentes para inspeccionar 2.600 kilómetros (1.615 millas) de frontera con Perú y Bolivia. Una carretera principal conecta los tres países, pero la policía local dice que muchos migrantes se mueven también a través de la selva, algunos de ellos portando drogas.
Miguel Hidalgo, un cubano de 52 años, trató de entrar en Estados Unidos hace años. Salió de la isla hacia Surinam y más tarde recaló en Brasil, de donde no piensa irse pronto.
“Me gusta Brasil. Llevo poco tiempo aquí, pero la gente no tiene prejuicios contra mi, la gente es encantadora", dijo. “Quiero vivir como un ser humano. No estoy pidiendo riquezas. Quiero vivir con tranquilidad, ayudar a mi familia en Cuba".
El gobernador de Acre, Gladson Camelli, dijo en un comunicado a The Associated Press que está preocupado por la posible llegada de más migrantes sudamericanos en breve.
“Nuestro gobierno ha intentado hacer su parte en el apoyo humanitario", apuntó.
El alcalde de Assis Brasil, Jerry Correia, también se alista para una mayor demanda. Su gobierno alimenta a unos 60 migrantes cada día y los votantes están descontentos en un año de elecciones municipales.
“Todo esto recae sobre nuestras espaldas. Esta es una política que tiene que ser gestionada por el gobierno federal", indicó Correia. “La gente no sabe lo que ocurre en nuestra frontera. Necesitamos que se nos vea".
Trasladan de cárcel a preso político que se declaró en huelga de hambre
El preso político Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, quien estaba recluido en el penal de Guanajay, de Artemisa, fue trasladado a la cárcel Kilo 5 y ½ de Pinar del Río a unos 115 kilómetros de su familia.
Los mandos penitenciarios trasladaron de prisión, este martes, al preso político Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, luego de que anunciara su propósito de llevar a cabo una huelga de hambre en demanda de su libertad.
“La huelga de hambre la está haciendo por su libertad. No le dieron los beneficios de campamento sin justificación ninguna. Él no quiere beneficios, él quiere su libertad, porque él está preso injustamente”, dijo a Martí Noticias su esposa Leydi Laura Cabrera Sánchez a Martí Noticias.
Painceira Rodríguez, quien estaba recluido en el penal de Guanajay, de Artemisa, fue trasladado a la cárcel Kilo 5 y ½ de Pinar del Río a unos 115 kilómetros de su familia.
“Cuando llegó al 5 y ½, le dieron su derecho a avisar a los familiares. Durante la llamada me dijo que las condiciones de ahí son más malas que las de Guanajay. Le dieron la mitad de un colchón para dormir. Pero lo más difícil, para nosotros su familia, es la lejanía. Con las condiciones que estamos viviendo ahora, el lío del petróleo, que no hay transporte. Él sabe que no podremos estar viajando todos los meses con un paquete de cosas que a él se le llevan porque un carro mínimo te cobra 15,000 o 10,000 pesos por llevarte y esperarte en la prisión. De dónde se va a sacar ese dinero todos los meses, más las cosas que hay que comprarle a él”, lamentó la mujer.
El joven, un trabajador por cuenta propia que actualmente tiene 32 años, fue condenado, el 27 de diciembre de 2021, a siete años de privación de libertad luego de que el tribunal lo declarara culpable de los delitos de Desórdenes Públicos, Desacato y Atentado, por sentarse en la calle delante de un camión del Ministerio del Interior para impedir que avanzara sobre la multitud de manifestantes del 11 de julio en la capital artemiseña.
Fue acusado por las autoridades de generar desconcierto, caos y desasosiego social.
Painceira era parte de un grupo de condenados por el 11 de julio que han hecho numerosas acciones y huelgas de hambre, en la prisión de Guanajay, en reclamo de la libertad y que se les otorguen los beneficios carcelarios, entre ellos destaca Denis Hernández, quien en comunicación telefónica con nuestra redacción informó que también entraría este martes en huelga de hambre.
Martí Noticias desconoce si Hernández mantuvo su decisión de ayuno o si hay otros prisioneros políticos envueltos en la protesta, como en ocasiones anteriores en que se han involucrado hasta 13 ayunantes.
Decenas de manifestantes del 11J encarcelados han denunciado la negación de los beneficios de excarcelación establecidos por las leyes cubanas.
EEUU detalla cómo será la repatriación de inmigrantes desde Panamá
Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, explicó que las deportaciones se aplicarán “sin tener en cuenta la nacionalidad” de los migrantes.
Según un acuerdo firmado el lunes por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante su visita a Panamá para acudir a la investidura del nuevo mandatario, José Raúl Mulino, Estados Unidos se hará cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá, un proceso que se iniciará "lo antes posible".
Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, explicó que las deportaciones se aplicarán “sin tener en cuenta la nacionalidad” de los migrantes, y que se revisará “rigurosamente a las personas en riesgo de persecución o de tortura” y que no puedan regresar a su país.
“Estados Unidos ha asignado 6 millones de dólares en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto. Esta inversión destaca nuestro compromiso de asegurar una gestión segura, ordenada y humana, con una fuerte aplicación de la ley”, dijo Jacobstein en una conferencia de prensa virtual.
Por su parte, el Subsecretario Adjunto Principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que los fondos también se usarán en el entrenamiento y desarrollo de capacidades “para fortalecer e institucionalizar procesos seguros y humanos en Panamá”, incluyendo la evaluación de reclamos de asilo.
Miranda señaló que el plan piloto no comprende una nueva Ley Migratoria, sino el apoyo de las regulaciones migratorias ya existentes en Panamá.
“Panamá ya tiene en proceso sus procesos de deportación y esto es una ampliación y capacitación de poderles dar más capacidad de hacer lo que ya están haciendo”, explicó.
“Reconocemos que la situación en el Darién es insostenible y en muchos casos trágica, y esperamos que esta acción disuada a los migrantes de ponerse a sí mismos y a sus familias en el gran riesgo que implica cruzar el Darién”, dijo Marcela Escobari, asistente especial del presidente Joe Biden, en la misma conferencia.
Los funcionarios aseguraron que se espera comenzar las repatriaciones “lo antes posible”, aunque no dieron fecha. Aún se desconoce cuántos migrantes serán deportados semanalmente.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado este martes que la asistencia busca reducir la migración irregular sin precedentes a través de la región del Darién, por la que transitaron más de 520.000 migrantes en 2023.
“La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”, dijo Mayorkas mientras el presidente de la nación centroamericana prometió cerrar el Tapón del Darién por donde transitan la mayoría de los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos.
La Habana intenta desacreditar al ICLEP y a Artículo 19 ante el Consejo de Derechos Humanos
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denunció que se trata de un ataque difamatorio contra dos organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció en un editorial ataques difamatorios de un diplomático cubano ante el Consejo de Derechos Humanos, el pasado 27 de junio.
Las acusaciones del representante de Cuba en Ginebra, contra el ICLEP, al que llamó "mal llamado" y la organización internacional Artículo 19 "además de intentar desacreditar a dos organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, son infundadas y representan una vieja táctica de un régimen oprobioso que solo intenta silenciar la verdad", denuncia el editorial.
La representación del régimen comunista criticó a Artículo 19 por usar al ICLEP como fuente de sus reportes sobre Cuba, y afirmó que este instituto responde a "instrucciones y salarios de potencias extranjeras" y manipula la realidad cubana, algo que el ICLEP considera "una estrategia típica de aquellos que temen la verdad y buscan silenciar a quienes se atreven a denunciar la opresión y la censura".
"Las acciones y el trabajo de ICLEP son un testimonio de la valentía y determinación de aquellos que, a pesar de las adversidades, siguen luchando por una Cuba libre, democrática y con una prensa verdaderamente independiente", agregan.
Por otra parte, señala el texto, "las acusaciones de la Misión Permanente de Cuba, que tildan de "falsas" las alegaciones realizadas por Artículo 19, carecen de fundamento y son un intento descarado de desviar la atención de las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba. Lejos de desconocer la realidad cubana, Artículo 19 se basa en un riguroso proceso de investigación y documentación que incluye testimonios de víctimas y observaciones de campo".
El ICLEP sugiere a los diplomáticos cubanos que "en lugar de atacar a las organizaciones que buscan mejorar la situación de los derechos humanos en el país, sería más constructivo que el gobierno cubano reconociera sus deficiencias y trabajara en soluciones reales para garantizar los derechos y libertades de su pueblo".
En la 56 sesión del Consejo de DDHH, el representante de La Habana rechazó además el informe del gobierno de los EEUU sobre trata de personas y exigió la salida de Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo.
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