Docenas de migrantes duermen en un refugio de madera de seis habitaciones infestado de mosquitos en la Amazonía brasileña, con sus sueños de una vida mejor en Estados Unidos en suspenso debido a las nuevas normas de asilo del presidente Joe Biden.

Johany “Flaca” Rodríguez, de 48 años, estaba dispuesta a dejar atrás las dificultades de la vida en Venezuela. Ha estado esperando en el albergue que cobija a 45 personas en Assis Brasil, una ciudad de 7.000 habitantes en la frontera con Perú, porque otros le han contado lo complicado que se ha vuelto ahora el viaje a Estados Unidos.

Migrantes, policías, funcionarios y analistas sostienen que las acciones de Biden han generado una actitud de espera entre los migrantes que están en la mayor economía de Latinoamérica, al menos por ahora. Como en cualquier lugar a lo largo de las rutas que emprenden hacia sus esperadas nuevas vidas, las comunidades locales se topan con dificultades para satisfacer las necesidades de las nuevas poblaciones.

Tras dormir en colchones sucios y en hamacas medio rotas, y de comer arroz, frijoles y carne picada, Rodríguez decidió este mes que ella y su perro Kiko pasarían unas semanas con unos amigos en el estado sureño de Río Grande do Sul.

Con una cinta en la cabeza, leggings y una pequeña mochila, Rodríguez se levantó temprano para recorrer a pie, en dos días, más de 100 kilómetros (62 millas) hasta una ciudad cercana de 27.000 habitantes. Allí espera poder ganar algo de dinero y tomar un bus al sur del país, para llegar a Estados Unidos algún día.

“Tengo que quedarme aquí hasta que sea más seguro irme”, apuntó Rodríguez. “No estoy muy contenta de quedarme (en Brasil) pero es lo que puedo hacer”.

Brasil ha visto pasar oleadas de migrantes hacia Norteamérica en la primera parte del año. Había indios, bengalíes, senegaleses y nigerianos, entre otras nacionalidades, dijo Rêmullo Diniz, coordinador de Gefron, la unidad policial del estado de Acre para operaciones fronterizas.

Cuando Biden anunció las nuevas medidas, muchos en esos grupos comenzaron a quedarse en sus países en lugar de viajar a Latinoamérica, de acuerdo con funcionarios del gobierno de Brasil y analistas independientes. Para los ciudadanos de la región, es más fácil: Brasil permite a los residentes de 10 países vecinos quedarse hasta dos años sin necesidad de visa.

El gobierno estadounidense dijo la semana pasada que las detenciones por entradas ilegales desde México cayeron más del 40% desde que se susupendió temporalmente la tramitación del asilo en la frontera el 5 de junio. Los arrestos cayeron a menos de 2.400 diarios por primera vez en la presidencia de Biden.

El estado de Acre ofrece una instantánea de la actitud de muchos migrantes, y plantea la posibilidad de que la región y otros puntos de descanso se conviertan en opciones a largo plazo.

Assis Brasil tiene poco que ofrecer a los migrantes salvo el refugio de madera donde se alojaba Rodríguez y un gimnasio escolar donde pueden dormir 15 hombres. Hay dos pequeños hoteles y una parada de autobús que utilizan las camionetas que cruzan a Perú. Cuenta con cinco restaurantes repartidos por su carretera principal, dos tiendas de comestibles y una heladería que ofrece sabores amazónicos como los elaborados con las frutas cupuaçu y taperebá. Los migrantes suelen pedir dinero en la única plaza de la ciudad.

Hay tres vuelos diarios a la capital estatal, Rio Branco, a donde Jay, de 21 años, llegó desde India con la intención de viajar a Estados Unidos para estudiar ingeniería.

Con una gorra blanca que decía “RÍO DE JANEIRO”, Jay, que no quiso revelar su apellido ni su ciudad natal, apuntó que “tardaría demasiado tiempo si me quedara sentado esperando” en India.

“Es un viaje largo, muy arriesgado. Pero es mi sueño estudiar allí y lo conseguiré”, afirmó.

El estado más occidental de Brasil es un enclave remoto en el medio de la selva, utilizado por turistas como parte de una ruta alternativa para visitar Cuzco, la capital del antiguo imperio inca en Perú.

Uno de los principales atractivos de Assis para los lugareños en sentarse en los bancos de su plaza, Senador Guiomard, a ver fútbol en televisión y comer asado. Los fundadores de esta pequeña ciudad llegaron a la Amazonía en 1908 para poner en marcha una plantación de caucho que, 50 años después, se convirtió en ciudad. No ha cambiado mucho desde entonces, a pesar de la carretera BR-317 que pasa por la zona, la única conexión terrestre entre Brasil y Perú. Cuando los residentes se aburren, algo que ocurre a menudo, van a la vecina ciudad peruana de Iñapari para tomar un trago, normalmente un pisco sour.

El venezolano Alexander Guedes Martinez, de 27 años, dijo que se quedará todo el tiempo que haga falta para conseguir más dinero y, quizás en un año, ir a Houston, donde tiene familia. Llegó con su pareja de 17 años y su bebé de cinco meses.

En el albergue de Assis Brasil donde se alojaban el mes pasado, apuntó que espera “regresar a Venezuela y conseguir documentos clave para intentar cruzar de mejor forma".

“Quiero ser más prudente por mi hija", contó. “Estar aquí ayuda”.

La patrulla estatal de Acre cuenta con unos 40 agentes para inspeccionar 2.600 kilómetros (1.615 millas) de frontera con Perú y Bolivia. Una carretera principal conecta los tres países, pero la policía local dice que muchos migrantes se mueven también a través de la selva, algunos de ellos portando drogas.

Miguel Hidalgo, un cubano de 52 años, trató de entrar en Estados Unidos hace años. Salió de la isla hacia Surinam y más tarde recaló en Brasil, de donde no piensa irse pronto.

“Me gusta Brasil. Llevo poco tiempo aquí, pero la gente no tiene prejuicios contra mi, la gente es encantadora", dijo. “Quiero vivir como un ser humano. No estoy pidiendo riquezas. Quiero vivir con tranquilidad, ayudar a mi familia en Cuba".

El gobernador de Acre, Gladson Camelli, dijo en un comunicado a The Associated Press que está preocupado por la posible llegada de más migrantes sudamericanos en breve.

“Nuestro gobierno ha intentado hacer su parte en el apoyo humanitario", apuntó.

El alcalde de Assis Brasil, Jerry Correia, también se alista para una mayor demanda. Su gobierno alimenta a unos 60 migrantes cada día y los votantes están descontentos en un año de elecciones municipales.

“Todo esto recae sobre nuestras espaldas. Esta es una política que tiene que ser gestionada por el gobierno federal", indicó Correia. “La gente no sabe lo que ocurre en nuestra frontera. Necesitamos que se nos vea".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Julián Manuel Mazola Beltrán tras contemplar que ha sufrido actos de violencia y agresión física, y que se encuentra desprotegido por parte de las autoridades penitenciarias.

La entidad continental considera que Mazola Beltrán está en una situación de gravedad y “sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Cuba”.

“Es muy importante que [la CIDH] haya tomado el caso, que le hayan prestado atención. Estas medidas cautelares de la CIDH dan visibilidad a mi hermano y lo ayudan a soportar el dolor de estar encarcelado injustamente, ya que él no cometió ningún crimen, solo manifestarse y pedir cambios, que, en ese momento, le hacían tanta falta al pueblo”, indicó a Martí Noticias, Yismely Morales Beltrán, la hermana del prisionero político.

El joven de 24 años fue apresado en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y sentenciado a cinco años de privación de libertad por atentado, desacato y desórdenes públicos.

“Yo pienso que debería hacerse con todos los presos encarcelados por esta misma causa, que la gran parte de los que están presos políticos hoy en día por el 11 son manifestantes que salieron a la calle para pedir cambios, medicinas y comida, ya que Cuba estaba en una situación bastante crítica y hoy seguimos igual y lo único que han hecho es tomar represalias con ellos”, dijo Morales Beltrán.

La Comisión, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos aceptó como verdaderas las alegaciones de que durante su detención fue sometido a una golpiza "brutal" y sujeto a la tortura conocida como "la bicicleta".

El 22 de marzo de 2024, se reportó el intento de violación de un recluso común contra el prisionero político que está recluido “con personas de alta peligrosidad”, lo que califica como una "forma de castigo" o "negligencia", de acuerdo a la organización.

Las autoridades cubanas sometieron a un nuevo proceso penal al agresor de Mazola, “pero no han comunicado cuando se va a hacer el juicio”, relató Morales Beltrán.

“Intentó violar a mi hermano, lo agredió con un hacha y lo mordió en varias partes del cuerpo y está preso por violación”, agregó.

Yismely Morales Beltrán fue advertida por agentes de la Seguridad del Estado que cese sus denuncias en redes sociales sobre la situación de su hermano, bajo la amenaza de que tales acciones podrían agravar sus condiciones en prisión.

En consecuencia, con las informaciones recibidas, la CIDH solicitó al gobierno cubano que investigue los presuntos hechos relatados en la resolución, que “implemente las medidas necesarias para que las condiciones de detención” de Mazola Beltrán se ajusten a los estándares internacionales y que se asegure que el preso político “no sea objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o actos de violencia”.

Asimismo, pidió que comunique las acciones que tomen en el sentido de proteger la integridad física de Mazola Beltrán. Sin embargo, el Estado cubano no ha respondido a las preguntas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los mandos penitenciarios trasladaron de prisión, este martes, al preso político Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, luego de que anunciara su propósito de llevar a cabo una huelga de hambre en demanda de su libertad.

“La huelga de hambre la está haciendo por su libertad. No le dieron los beneficios de campamento sin justificación ninguna. Él no quiere beneficios, él quiere su libertad, porque él está preso injustamente”, dijo a Martí Noticias su esposa Leydi Laura Cabrera Sánchez a Martí Noticias.

Painceira Rodríguez, quien estaba recluido en el penal de Guanajay, de Artemisa, fue trasladado a la cárcel Kilo 5 y ½ de Pinar del Río a unos 115 kilómetros de su familia.

“Cuando llegó al 5 y ½, le dieron su derecho a avisar a los familiares. Durante la llamada me dijo que las condiciones de ahí son más malas que las de Guanajay. Le dieron la mitad de un colchón para dormir. Pero lo más difícil, para nosotros su familia, es la lejanía. Con las condiciones que estamos viviendo ahora, el lío del petróleo, que no hay transporte. Él sabe que no podremos estar viajando todos los meses con un paquete de cosas que a él se le llevan porque un carro mínimo te cobra 15,000 o 10,000 pesos por llevarte y esperarte en la prisión. De dónde se va a sacar ese dinero todos los meses, más las cosas que hay que comprarle a él”, lamentó la mujer.

El joven, un trabajador por cuenta propia que actualmente tiene 32 años, fue condenado, el 27 de diciembre de 2021, a siete años de privación de libertad luego de que el tribunal lo declarara culpable de los delitos de Desórdenes Públicos, Desacato y Atentado, por sentarse en la calle delante de un camión del Ministerio del Interior para impedir que avanzara sobre la multitud de manifestantes del 11 de julio en la capital artemiseña.

Fue acusado por las autoridades de generar desconcierto, caos y desasosiego social.

Painceira era parte de un grupo de condenados por el 11 de julio que han hecho numerosas acciones y huelgas de hambre, en la prisión de Guanajay, en reclamo de la libertad y que se les otorguen los beneficios carcelarios, entre ellos destaca Denis Hernández, quien en comunicación telefónica con nuestra redacción informó que también entraría este martes en huelga de hambre.

Martí Noticias desconoce si Hernández mantuvo su decisión de ayuno o si hay otros prisioneros políticos envueltos en la protesta, como en ocasiones anteriores en que se han involucrado hasta 13 ayunantes.

Decenas de manifestantes del 11J encarcelados han denunciado la negación de los beneficios de excarcelación establecidos por las leyes cubanas.

Según un acuerdo firmado el lunes por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante su visita a Panamá para acudir a la investidura del nuevo mandatario, José Raúl Mulino, Estados Unidos se hará cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá, un proceso que se iniciará "lo antes posible".

Eric Jacobstein, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, explicó que las deportaciones se aplicarán “sin tener en cuenta la nacionalidad” de los migrantes, y que se revisará “rigurosamente a las personas en riesgo de persecución o de tortura” y que no puedan regresar a su país.

“Estados Unidos ha asignado 6 millones de dólares en apoyo a las iniciativas de Panamá en este programa piloto. Esta inversión destaca nuestro compromiso de asegurar una gestión segura, ordenada y humana, con una fuerte aplicación de la ley”, dijo Jacobstein en una conferencia de prensa virtual.

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Por su parte, el Subsecretario Adjunto Principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo que los fondos también se usarán en el entrenamiento y desarrollo de capacidades “para fortalecer e institucionalizar procesos seguros y humanos en Panamá”, incluyendo la evaluación de reclamos de asilo.

Miranda señaló que el plan piloto no comprende una nueva Ley Migratoria, sino el apoyo de las regulaciones migratorias ya existentes en Panamá.

“Panamá ya tiene en proceso sus procesos de deportación y esto es una ampliación y capacitación de poderles dar más capacidad de hacer lo que ya están haciendo”, explicó.

“Reconocemos que la situación en el Darién es insostenible y en muchos casos trágica, y esperamos que esta acción disuada a los migrantes de ponerse a sí mismos y a sus familias en el gran riesgo que implica cruzar el Darién”, dijo Marcela Escobari, asistente especial del presidente Joe Biden, en la misma conferencia.

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Los funcionarios aseguraron que se espera comenzar las repatriaciones “lo antes posible”, aunque no dieron fecha. Aún se desconoce cuántos migrantes serán deportados semanalmente.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado este martes que la asistencia busca reducir la migración irregular sin precedentes a través de la región del Darién, por la que transitaron más de 520.000 migrantes en 2023.

“La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”, dijo Mayorkas mientras el presidente de la nación centroamericana prometió cerrar el Tapón del Darién por donde transitan la mayoría de los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos.