El activista Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, residente en el poblado pesquero Cabañas, en el Mariel, Artemisa, envió una carta dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y otros organismos del Estado en la que recuerda a las autoridades cubanas que el acceso a servicios de agua potable es un derecho humano básico, imprescindible para un medio de vida saludable y salvaguardar la dignidad de las personas.
“El derecho al agua en el caso del poblado de Cabañas está siendo insatisfecho desde los años 90. Hay fallos constantes en el suministro de agua. El pueblo de Cabañas ha estado hasta 3 meses sin el servicio de agua”, explicó Rodríguez Valdés a Martí Noticias.
La misiva, remitida además al Relator Especial para el derecho al agua de Naciones Unidas y la Relatora especial para las medidas coercitivas extraterritoriales, relata que el agua que, desde 1994, se sirve a los cabañenses es de mala calidad, porque la fuente es la presa San Juan, donde se arrojan cadáveres de animales y otros desechos, y es usada por bañistas.
En esas aguas “mueren cientos de peces por razones diversas y ha habido ocasiones en que se ha sentido mal olor y, generalmente, es un agua turbia debido a la cantidad de sólidos que contiene”, apunta la carta entregada también al Consejo de ministros de la República de Cuba, al Ministerio de Salud Pública, a la Fiscalía General de la República y al Gobierno provincial, apunta la carta.
La mala calidad del agua “incide indudablemente sobre la salud de las personas, y ello conlleva a un mayor uso de recursos médicos de todo tipo para tratar las enfermedades que ello provoca, y afecta la calidad de vida de los mismos”.
El texto señala que durante los largos períodos de interrupción del servicio de agua no se implementan “pipas” estatales para suplir la falta de preciado líquido, y los vecinos tienen que pagar elevados precios por la prestación a particulares.
Rodríguez Valdés propone a los responsables que se retome la originaria fuente de abasto de agua a los pobladores de Cabañas que funcionó desde 1952 hasta 1994, fecha en que “inexplicablemente” se trasladó la fuente de suministro de agua desde los pozos de donde se tomaba originalmente hacia la presa.
“Se viene proponiendo por muchos ciudadanos que se haga una inversión para poner de nuevo la toma en el lugar original: Respuesta, ninguna. Entonces ¿por qué dirigir la petición a las autoridades? Porque esta vez la acompañamos de copia a representantes especiales de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas, entre otras instituciones internacionales, hacen donaciones continuamente a Cuba y con esto se está demostrando el mal uso de los recursos”, recalcó el activista.
Asimismo avisa que “los decisores involucrados, pueden estar incurriendo en un delito previsto en la Ley No. 151 del Código Penal que establece que el que cometa “por negligencia o a consecuencia de incumplir las obligaciones que le están impuestas por razón del cargo, empleo, ocupación u oficio en una instalación de abastecimiento de agua potable a la población o para el tratamiento de aguas residuales domésticas, industriales o agropecuarias, de lugar a que se contaminen las aguas o se dañe su calidad poniendo en peligro la salud de la población.”
Finalmente, insta a los funcionarios designados a dejar de suministrar agua no apta para el consumo humano y sustituir este primordial servicio “por agua de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer este derecho humano”.
A mediados de julio pasado, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, dijo al periódico oficial Granma que más de 156.000 personas en Cuba carecen de acceso apropiado al agua potable debido al estado de la infraestructura hidráulica y diversas dificultades. Otros 475.000 habitantes reciben el líquido a través de carros cisternas.
Unos 2.070.000 cubanos reciben agua cada 3 días o más, y al menos, 478 asentamientos poblacionales no tienen, total o parcialmente, redes de acueducto.
Varias personas están encarceladas, bajo prisión preventiva, meses después de que participaran en protestas, en diferentes municipios de La Habana, para exigir agua y electricidad.
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