Cincuenta países firmaron este lunes una declaración en la que piden al Gobierno chino respuestas sobre las graves acusaciones vertidas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 31 de agosto con respecto a las repetidas violaciones de los derechos de la minoría uigur.
Cuba fue el país que se ocupó de rechazar esta acción y de elogiar al gobierno chino en materia de derechos humanos.
En una iniciativa partida de Canadá en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU y que sumó apoyos tan dispares como Turquía e Israel -pero muy pocos países islámicos, pese a ser los uigures una minoría musulmana, y casi ningún latinoamericano-, los 50 firmantes dicen estar "preocupados porque China, hasta ahora, se niega a discutir las conclusiones (del informe presentado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet poco antes de dejar el cargo)".
"Instamos al Gobierno de China a respetar sus obligaciones en derechos humanos y a aplicar las recomendaciones de la Alta Comisionada, lo que incluye pasos rápidos para liberar a los individuos privados arbitrariamente de su libertad en Xinjiang", señalan.
"Como siempre, un estrecho aliado de China, en esta ocasión Cuba, leyó una declaración para contrarrestar el texto, elogiando el historial de China en materia de derechos humanos", lamentó la organización Human Rights Watch, HRW, en un comunicado de prensa.
La declaración pro-China fue suscrita por 66 países que son "serios abusadores, como Rusia, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Siria y Eritrea", afirmó HRW.
HRW también comentó que el nuevo Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, debería abordar el informe de Xinjiang con los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. "Además, debería asegurar que su oficina seguirá documentando los abusos a los derechos humanos en Xinjiang y otras regiones de China".
Igualmente, en la iniciativa de los 50 que ha sido pedida insistentemente por organizaciones de derechos humanos, se exhorta a China "a clarificar urgentemente el destino y paradero de los desaparecidos, así como facilitar (los derechos) de reunión y de contacto seguro".
Para los firmantes, el informe de la Alta Comisionada se hizo "de manera objetiva" y "corrobora las preocupaciones" sobre "la escala de las detenciones arbitrarias y discriminatorias de uigures y otras minorías musulmanas en China, que según aquel informe pueden constituir crímenes contra la humanidad.
Recogen así algunos de los argumentos escritos en aquel informe:
- vigilancia invasiva por criterios de religión y etnia,
- restricciones graves a las prácticas culturales y religiosas,
- destrucción de mezquitas, mausoleos y cementerios,
- tortura y malos tratos,
- violencia sexual y de género, incluyendo aborto y esterilización,
- desapariciones y trabajos forzosos
Los 50 firmantes de la declaración son:
Albania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Belice, Bulgaria, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estonia, Eswatini, Finlandia, Francia, Alemania, Guatemala, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Nauru, Holanda, Nueva Zelandia, Macedonia del Norte, Noruega, Palau, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Eslovakia, Eslovenia, Somalia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá.
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