El gobierno de Cuba se abstuvo este miércoles en una votación histórica de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena las anexiones de territorios de Ucrania por parte de Rusia.
Nicaragua votó en contra, mientras que Cuba, Bolivia y Honduras se abstuvieron de apoyar la resolución que condena el “intento de anexión ilegal” de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia.
La resolución de la ONU también exige que Moscú dé marcha atrás de inmediato a sus acciones.
La votación entre los 193 miembros del organismo mundial fue de 143 a favor por cinco en contra con 35 abstenciones.
Las naciones de Occidente realizaron intensas labores de cabildeo previas a la votación, mientras que Siria, aliado de Rusia, advirtió sobre los riesgos de aislar a Moscú, reporta la agencia Prensa Asociada.
"Este ha sido la muestra de apoyo más fuerte de la Asamblea General a Ucrania desde el inicio de la guerra", afirmó Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, también elogió la resolución y afirmó que la UE apoya con firmeza a Ucrania. "La resolución es un rechazo inequívico a Rusia", dijo el ministro.
"La comunidad internacional se ha unido para defender la Carta de la ONU", recalcó la misión de Alemania ante el organismo mundial. "Ucrania no está sola".
"La Asamblea General de la ONU envió un mensaje contundente a Moscú", declaró Human Rights Watch. "La mayoría abrumadora de la ONU" repudia "los falsos referendos" de Rusia en Ucrania, aseveró la organización pro derechos humanos.
La semana pasada, el régimen comunista cubano votó en contra de que la ONU ordenara monitorear por medio de un Relator Especial la represión de los opositores en Rusia.
A pesar de las 24 abstenciones y los seis votos en contra de Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Kazajistán y Venezuela, la resolución fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
En lo adelante, un relator especial estará encargado de vigilar "la situación de los derechos humanos" por un período de un año, siguiendo la propuesta de una gran parte de los países miembros de la Unión Europea.
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