Dos organizaciones opositoras cubanas, Inteligencia Ciudadana (IC) y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), están promoviendo una Ley de amnistía para los más de mil presos políticos cubanos, en especial, los condenados por haber participado en las multitudinarias protestas del 11 de julio.
A través de la amnistía, el poder legislativo de un país, elimina los delitos realizados por una serie de personas, generalmente de naturaleza política.
Para considerar una propuesta de ley, la Constitución cubana exige las firmas de 10.000 electores.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) presentó este miércoles, a través de una conferencia virtual, su "Proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso", que pretende llevar a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La proposición del Consejo trata una línea de acción que prioriza la necesidad de amnistía para todos los presos políticos y de conciencia, pero no se queda ahí, sino que pretende eliminar las leyes que castiguen a la opinión, a la expresión y a la disidencia en Cuba.
“Si continuamos solo enfocados en liberar y no en la idea de suprimir las figuras penales que más tarde vuelven a llevar a prisión a otros disidentes, pues habremos reproducido nosotros mismos ese ciclo de represión por parte del gobierno”, señaló a Radio Televisión Martí, el vicepresidente de la organización, Manuel Cuesta Morúa.
“Vamos un poco más allá de la amnistía misma: en la recogida de firmas, también nos fijamos en que las constantes violaciones de los derechos humanos se están produciendo en un contexto de violencia; por eso recogemos firmas también contra la violencia, enfatizando en la violencia que se ejerce contra las mujeres”.
“Y vamos, además, a un punto de exclusión: el contexto político. Por eso recogemos firmas también impulsando iniciativas para poner en primer lugar la soberanía de los ciudadanos y promover y propiciar reformas constitucionales. Todo esto lo conformamos en una tríada, porque hay un vínculo estrecho, orgánico entre la prisión, la violencia y la pérdida de soberanía de los ciudadanos en Cuba”, subrayó Cuesta Morúa.
Igualmente, incluirá a los ciudadanos que han sido sancionados bajo la Ley de peligrosidad social predelictiva, una herramienta de control social utilizada por el régimen por medio de la cual centenares de cubanos están tras las rejas.
“Gente que está en prisión, sin haber cometido ningún delito, lo cual contradice la noción mínima del derecho y que de alguna manera también son olvidados por los actores de la sociedad civil”, apuntó el activista político.
La propuesta del Consejo asimismo ofrece la amnistía a autoridades, cargos públicos, funcionarios y agentes del orden que han sido parte de la persecución de actividades calificadas como contrarrevolucionarias, siempre que no incurrieran en "crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de los derechos humanos".
Esta es una de las principales diferencias con la propuesta de “Ley de Amnistía para los manifestantes del 11J en Cuba”, elaborada por el jurista independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana, que exceptúa a los represores.
En entrevista realizada por la activista Sahily González Velázquez, en el programa transmitido por Youtube, Sahily de Amarillo, el abogado aseguró que con su proyecto “no hay posibilidad ninguna, absolutamente ninguna, que autoridades que cometieron violaciones de derechos humanos y causaron daños y prejuicios, incluyendo abusos físicos, abusos psicológicos, malas prácticas judiciales o arrestos violentos, sean amnistiados”.
La Ley de amnistía que propone Inteligencia Ciudadana no concede amnistía a los que infligieron daños con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones.
Formula la amnistía para los manifestantes del estallido social, sin excepción; para aquellos que hayan resultado sancionados por actos de ejercicio de las libertades fundamentales, en “oposición al totalitarismo” o “con intencionalidad política posterior al 1º de enero de 1959”.
