Los rostros de los fiscales que piden sentencias de hasta 30 años de privación de libertad para manifestantes pacíficos del 11 de julio en Cuba han comenzado a salir a la luz pública tras denuncias en redes sociales y medios de prensa.
El director ejecutivo y cofundador del proyecto Yucabyte, Norges Rodríguez, publicó esta semana en su cuenta de Twitter "algunos nombres (y rostros) de funcionarios (del sistema judicial de la dictadura cubana) que han pedido severas condenas" contra detenidos en las protestas del 11J.
Entre los implicados, menciona a los fiscales Francisco Sera Planas, Mabel Palacios Aties, Dagmaris Jaca Seco, Yerandy Calzadilla Dávalos y Liliam Fernández Berro.
Sera Planas es el fiscal que "pide condenas de entre 15 y 30 años de prisión para manifestantes del #11JCuba en Holguín. Entre los acusados hay 4 menores de 18 años y un joven con trastorno psiquiátrico", denuncia Rodríguez en un tuit acompañado de la foto del funcionario.
El portal de noticias CiberCuba traza un perfil detallado del fiscal holguinero, según el cual su nombre completo es Fernando Valentín Sera Planas, jefe en funciones del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Provincial de Holguín.
CiberCuba cita a fuentes allegadas a Sera Planas que aseguran que tras las protestas del 11J, este pidió "un escarmiento contra los manifestantes", y exigió contra ellos “palos y cárcel”.
Las fuentes describen a un funcionario que se ha valido de su cargo para obtener beneficios personales, como el arreglo de su vivienda, y que ahora aspira a mudarse a la capital del país, donde viven sus hijos.
Palacios Aties, por su parte, es la fiscal que pidió condenas de entre 15 y 27 años para 22 manifestantes del 11J acusados de “sedición” en La Habana.
En esa lista, destaca Diario de Cuba, siete de los causados tienen entre 17 y los 19 años de edad: Nelson Néstor Rivero Garzón (17), Emiyoslán Román Rodríguez (18), Yensy Jorge Machado González (18), Frank Daniel Roy Sotolongo (19), Yassell Guerra Campos (19), y Marcos Antonio Alfonso Breto (19).
"Para todos ellos la petición fiscal fue de 15 años de cárcel. En el caso de Yeinier Ibañez Boudet, de 18 años de edad, la condena solicitada fue 18 años de prisión. A todos, además, se les impuso la medida cautelar de prisión provisional, pese a que no tenían antecedentes penales", subraya el reporte.
Jaca Seco, otra de las funcionarias visibilizadas en Twitter por Rodríguez, es fiscal en San Antonio de los Baños, la primera localidad del país que salió a protestar el 11 de julio.
"Esta fiscal firmó solicitudes de entre 6 y 15 años de privación de libertad para 17 manifestantes de ese municipio de la provincia Artemisa", precisa el tuit.
Calzadilla Dávalos, fiscal provincial del Departamento de Procesos Penales de Mayabeque, pidió hasta 25 años de privación de libertad contra manifestantes del 11 de julio en esa provincia.
En noviembre pasado, la consultoría jurídica independiente Cubalex denunció que este funcionario había eliminado sus cuentas de redes sociales con la esperanza de no quedar expuesto.
"Reside en San José de las Lajas, Mayabeque. Calzadilla ha eliminado sus redes sociales para evitar ser identificado. Cubalex lo expone como parte de nuestro compromiso de visibilizar a los represores. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a denunciar", dijo la consultoría jurídica en un tuit.
Fernández Berro, fiscal provincial de La Habana, llevó el caso del menor de edad Brandon David Becerra, a quien pidió en noviembre pasado 18 años de cárcel.
Becerra, detenido cuando aún no había cumplido los 18, está acusado de "sedición" y permanece encarcelado en la prisión de El Guatao. A finales de diciembre, su madre Yanaisi Curbelo denunció a Radio Martí que el menor estaba enfermo sin recibir la adecuada atención médica en prisión.
Fernández Berro pidió una sentencia de 23 años de privación de la libertad, por el mismo delito, contra Rowland Castillo, quien también cumplió los 18 años en prisión.
La Seguridad del Estado ha amenazado a su madre, Yudinela Castro, por exigir la libertad de su hijo. “No estoy de acuerdo con la sanción que le aplican a mi hijo, que es un menor de edad (...), que estudia, y es campeón provincial en lucha libre por el 10 de Octubre”, dijo la mujer en diciembre pasado a Radio Martí.
Castro reiteró que su hijo salió a manifestarse porque le nació y que nadie le dio dinero para protestar en las calles.
