La Fiscalía Provincial de Matanzas emitió el Auto de Apertura para Juicio Oral a 5 manifestantes de las Protestas del 11 de julio en el municipio de Colón, entre ellos una mujer.
A través de la resolución, las autoridades judiciales estiman que hay motivos suficientes para entrar en el juicio, aunque todavía no han anunciado la fecha.
El órgano acusatorio pide a los opositores Francisco Rangel Manzano 7 años por los delitos de “desacato” y “desórdenes públicos”, a Leylandis Puentes Vargas, 8 años por “desórdenes públicos” y “desacato” y a la dama de blanco, Tania Echevarría Menéndez, 7 años por “desórdenes públicos” y “desacato”.
“Que cometí desacato es mentira porque a mí no me detuvieron en ningún momento y el delito de desorden público que me achacan es por manifestarme. Creo que sea en represalia por ser opositores Lelandy Puentes, Francisco Rangel Manzano y yo”, dijo a Radio Televisión Martí, la dama de blanco.
Igualmente solicita para César Adrián Delgado Correa, 7 años de prisión por “desacato”, “atentado” y “desórdenes públicos” y para Raúl Santana López, 10 años por “desacato”, “atentado” y “desórdenes públicos”. Ninguno de los dos son miembros del movimiento contestatario cubano.
En el caso de los tres activistas, la Fiscalía argumenta que no realizan “ninguna labor socialmente útil” y que se relacionan con individuos “de mala conducta”.
“Estoy denunciando, una vez más, la violación de los derechos humanos, de expresarnos libremente que comete el régimen cubano”, expresó Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano.
“Por incorporarse a la manifestación pacífica del 11 de julio, sin hacer resistencia a su inmediato arresto a sólo 30 metros del lugar donde se encontraba antes de incorporarse, está siendo acusado y está preso hace 3 meses”, lamentó Burunate.
En Jovellanos, también en la provincia de Matanzas, la Fiscalía está pidiendo las condenas más altas dadas a conocer hasta el momento: 18 años para José Manuel Cabrera Pérez y Omar Martínez Ardi y 16 para José Ángel Cuba, según la plataforma Justicia 11-J.
Activistas de la sociedad civil advierten que a pocas semanas de una nueva manifestación ciudadana convocada para el 15 de noviembre, las peticiones fiscales para los participantes en el estallido social buscan infundir terror en la población, a la vez que, un fuerte escarmiento contra aquellos que se atrevieron a “atentar contra el orden establecido”.
