El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) criticó este martes que las autoridades de la isla pretendan imponer penas de hasta doce años de cárcel para los manifestantes del 11 de julio.
"Hemos documentado al menos once peticiones fiscales de entre doce y cuatro años de prisión por supuestos delitos de 'desórdenes públicos y atentado'. Otras 40 personas enfrentan peticiones de entre ocho meses y un año de prisión", indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
Según el organismo, las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos “prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio”.
El Código Penal de Cuba sanciona con entre siete y quince años de cárcel a los culpables de homicidios. Yoan de la Cruz, el ciudadano que transmitió en vivo las primeras protestas en San Antonio de los Baños, se enfrenta a una posible pena de ocho años de privación de libertad, según el diario 14yMedio.
“El mundo no puede quedarse callado ante la embestida permanente del régimen de Miguel Díaz-Canel”, añadió González Raga.
De acuerdo con la lista parcial del OCDH, al menos 229 ciudadanos permanecen detenidos por participar en las protestas de julio, en prisión provisional o con condenas firmes.
En cuanto al mes de septiembre, el organismo reportó 414 acciones represivas, de las cuales 79 fueron detenciones arbitrarias.
Otros abusos cometidos en el período contra activistas de derechos humanos, periodistas o artistas independientes incluyen sitios de viviendas, hostigamientos, citaciones policiales, amenazas, multas y agresiones por parte de la policía política.
