La organización Artículo 19, que resguarda y promueve alrededor del mundo el derecho a la libertad de expresión, llamó al régimen de Cuba y a su titular Miguel Díaz-Canel a cesar la ofensiva contra los manifestantes del 11 de julio y los que cubrieron los acontecimientos.
“Es indispensable que el Estado cubano garantice el ejercicio del periodismo libre e independiente y proteja de toda amenaza a las y los periodistas en el cumplimiento de su labor”, dijo a Radio Televisión Martí, Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
La entidad, con una de sus sedes en México, documentó y denunció las agresiones sufridas por 15 comunicadores cubanos a raíz de las protestas del 11 de julio: 8 hombres y 7 mujeres.
“De estos 15 periodistas, seis hombres y tres mujeres fueron detenidos y después liberados, pero les siguió una imposición de un esquema de arresto domiciliario para evitar que volvieran a salir a las calles a cubrir las protestas”, destacó la defensora de los derechos humanos.
“Este es el caso, por ejemplo, de Camila Acosta Rodríguez, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño, Orelvis Cabrera y Neife Rigau. Todos se encuentran sujetos a proceso investigativo acusados de ‘desorden público’ y en el caso de Camila Acosta, también está acusada por ‘instigación a delinquir’. Todos, ellos y ellas, se encuentran bajo arresto domiciliario, con excepción de Orelvis Cabrera, periodista de CUBANET, quien se encuentra aún detenido”, puntualizó Ordóñez.
La organización apunta que el año 2021 ha sido complejo para Cuba y su ciudadanía debido a la pandemia y su impacto en el turismo hacia la Isla, la escasez de alimentos y el previo endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Asimismo, resalta que la respuesta de las autoridades a los reclamos de la población “constituye una clara violación a la libertad de expresión y a la libertad de reunirse y manifestarse pacíficamente”.
En ese sentido señala que el llamado del gobernante Díaz-Canel el mismo 11 de julio “para que sus partidarios ocuparan las calles” y confrontaran a los manifestantes indujo “escenarios peligrosos de violencia que en nada aportaron a dar una solución pacífica al descontento” popular.
“La opacidad y discrecionalidad con que las autoridades han manejado la información de las personas detenidas contraviene los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, aseguró Artículo 19.
