La organización Global Liberty Alliance denunció este martes en una carta al secretario de Estado Mike Pompeo la retención por parte del régimen cubano de varios contenedores de ayuda humanitaria enviados desde el exilio y pidió que EEUU responda con sanciones en solidaridad con los afectados.
"Los cubanos se enfrentan a varias crisis, incluida la pandemia, una importante escasez de alimentos, décadas de gobierno del Partido Comunista y corrupción que ha alcanzado los niveles más altos del Partido, agencias del régimen y partes del ejército", subraya la misiva que firma el abogado Jason Poblete, principal asesor de la GLA.
La carta señala que, aunque el gobierno de Estados Unidos "no puede obligar a la dictadura a cambiar sus formas, puede demostrar su solidaridad con el pueblo cubano" al garantizar que quienes participan en la persecución y demonización de la asistencia humanitaria sean dados a conocer al mundo, sancionados, sus bienes bloqueados, y prohibida su entrada a EEUU.
En entrevista con el periodista Tomás Cardoso, de Radio Martí, Poblete se cuestionó por qué si “hay hambre en Cuba” y “se les mandó ayuda”, el Partido Comunista y otras autoridades del gobierno “se están prestando para continuar este chantaje”.
Poblete advirtió a los responsables de detener la distribución de la asistencia humanitaria: “Si quieren venir a Estados Unidos, que se pongan las pilas y no hagan esas cosas porque (..) va a haber consecuencias si continúan bloqueando esta ayuda”.
La ayuda, colectada en el exilio bajo la coordinación de la plataforma Cuba Decide y la iniciativa "Solidaridad entre hermanos", y destinada a 15,000 familias cubanas afectadas por la crisis del COVID-19, permanece retenida en el puerto de El Mariel desde el 10 de agosto.
Las autoridades cubanas alegan que la ayuda no ha sido distribuida porque no va dirigida al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba. Otros envíos hechos por iglesias, entidades y convenciones religiosas desde el exterior también han sido retenidos.
La carta de GLA recuerda que el Informe anual de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional correspondiente a 2020 recomendó que EEUU "imponga sanciones selectivas contra agencias gubernamentales y funcionarios responsables de graves violaciones a la libertad y los derechos religiosos, incluida Caridad Diego, directora de la ORA [Oficina de Asuntos Religiosos], y congelar los activos de esas personas o prohibir su entrada a Estados Unidos".
Según la misiva, información proporcionada a GLA y verificada por su equipo de trabajo muestra que la persecución religiosa se ha intensificado a pesar de la pandemia de COVID-19. "El régimen ha tratado de explotar esta crisis imponiendo restricciones adicionales a iglesias independientes y otros lugares de culto", indicó.
