Las medidas dispuestas por el gobierno para enfrentar el aumento de casos de COVID-19 en la capital de Cuba pueden generar “crispación”, y la ciudadanía ni siquiera conoce con exactitud cuáles son las regulaciones que deben cumplir, dijeron el viernes a Radio Televisión Martí desde La Habana residentes en la ciudad.
Entrarán en vigor el martes de la semana próxima, 1ro de septiembre, y se aplicarán durante 15 días, anunció el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata. Una de las medidas prohíbe salir del municipio de residencia en busca de provisiones en mercados y establecimientos comerciales de otros municipios.
“Es poco creíble para las personas que su radio de acción comercial se limite al municipio donde viven, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana”, explicó el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente 14ymedio.
Si una persona vive en el límite de un municipio y las tiendas de ese territorio le quedan lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio limítrofe que le queden más cerca, y no hay transporte público ni se permitirá el transporte privado, indica.
“Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos; que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero eso no lo han logrado en mucho tiempo, y es muy difícil que tengan [ahora] el mecanismo para hacerlo”, manifiesta Escobar.
Otra cosa preocupante es la crispación que puede generar el extremo estado de vigilancia al que estarán sometidos los habaneros, subraya el jefe de redacción de 14ymedio.
“Va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido, o que no estén con el nasobuco correctamente amarrado, y eso, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande”, comenta Escobar.
Ni siquiera los niños podrán estar en los bajos de sus edificios, por ejemplo, jugando fútbol o pelota, recuerda.
“No estoy diciendo que las medidas estén mal tomadas: estoy diciendo que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población”, refiere el periodista.
A los habaneros también les preocupa que estas regulaciones no duren el tiempo ahora previsto, y que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia, añade.
“No tiene uno acceso a las regulaciones precisas que hay, y eso hace que quienes ‘precisen’ sean los policías, muchas veces no de la mejor manera cuando sales a la calle”, le dijo a la reportera Ivette Pacheco el activista y periodista independiente Boris González Arenas.
Te enteras de pronto de que no puedes caminar por una acera del Malecón cuando ya vas caminando porque te lo dice un policía, no porque tengas a tu disposición un documento donde puedas leerlo, declara el periodista.
“En un país sin estado de derecho, se agrava el colapso de ese estado de derecho con la forma como están obligando a las personas a mantenerse en las casas y a cumplir medidas que, al final, las personas no conocemos con precisión”, añadió.
Para la activista Arianna Mena, se trata del establecimiento de un mecanismo represivo que, lejos de hacer sentir más seguros a los habaneros, muestra el verdadero rostro de la dictadura.
“La dictadura puede controlarlo todo, y es la represión esa de que si no lo haces vas preso; si no lo haces te pongo multa; si no lo haces te doy palo”, declara Mena en entrevista con Pacheco. “Hay algo que no encaja: te ‘preocupas’ por el pueblo, pero lo mandas a hacer colas”.
En definitiva, “nos tienen a todos nosotros locos, porque somos los que estamos en el medio de todos esos inventos”, agrega la activista.
Tampoco se permitirá el tráfico entre La Habana y otras provincias y aumentará la cantidad de policías en las calles de la capital.
A las restricciones de movimientos entre municipios de los vendedores ambulantes y los horarios limitados para las ventas en mercados, bodegas y tiendas se une que entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana habrá un tácito estado de sitio en La Habana.
Eso es ilegal, advierte la abogada exiliada Laritza Diversent, fundadora y directora de la consultoría jurídica Cubalex.
“Porque en los estados [de excepción] de facto lo que se hace es reprimir y restringir derechos humanos de manera arbitraria e ilegal”, explicó Diversent.
